El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

La estigmatización de la prensa y los cuestionamientos al trabajo periodístico forman parte de la confrontación pública que rodea a la política bajacaliforniana, en un contexto en el que la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, ha denunciado presuntas campañas de desprestigio en su contra y ha cuestionado -y evadido- la cobertura de distintos medios de comunicación.

En la edición de este lunes, de su podcast “Enlace informativo”, la legisladora sostuvo que algunas publicaciones responden a una estrategia para dañar su imagen y la de su movimiento político. En agosto pasado, aseguró haber identificado cerca de un millón de pesos en publicidad negativa en redes sociales, mientras que en septiembre rechazó información periodística relacionada con un supuesto acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses, que calificó como falsa.

La controversia plantea una discusión sobre los límites entre la crítica legítima a los medios, el derecho de réplica de los actores políticos y la descalificación del ejercicio periodístico, sobre a la luz de las no-invitaciones a diversos medios críticos a sus ruedas de prensa en Mexicali.

Centrada en el tema publicado por el medio digital nativo “Los Angeles Press” sobre las facilidades que habría obtenido la morenista para lograr concretar su grado de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Ramírez comentó en la sección “Modus operandi” dedicada a demostrar estrategias “falsas y mentirosas” de los medios, que era una “página web; no un medio impreso ni un noticiero”, demeritando a los medios digitales e infiriendo que estos son menos confiables que los medios tradicionales.

Ramírez puso en pantalla a los medios que han retomado la nota tras las declaraciones de la UABC sobre la integración de una investigación al respecto de los estudios de maestría. También hizo menos la información de Los Angeles Press por tratarse de Guadalupe Lizárraga, una periodista que fue candidata del PRD en la pasada elección de 2024 en busca de la alcaldía de Mexicali.

Guadalupe Taddei Zavala anunció que presentará su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) este lunes 26 de octubre, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo.

A través de un comunicado difundido este domingo, la consejera presidenta informó que tomó la decisión después de una “profunda reflexión” y que acudirá ante la Cámara de Diputados para formalizar su salida del cargo, que asumió en abril de 2023.

Taddei argumentó que la estabilidad, credibilidad e independencia del INE deben estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural, particularmente ante la responsabilidad constitucional del organismo de organizar los procesos electorales.

“El Instituto Nacional Electoral, y la responsabilidad que tiene frente a México, su estabilidad, credibilidad e independencia son bienes públicos que debemos proteger con serenidad y sentido de Estado”, expresó en su mensaje.

La decisión se produce después de que la gestión de Taddei quedara bajo escrutinio público por señalamientos sobre contratos otorgados a empresas proveedoras y posibles vínculos entre personas cercanas a su entorno y empresarios relacionados con esas adjudicaciones.

En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó sobre una investigación relacionada con posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y presunta triangulación de recursos. Corresponderá a las autoridades competentes esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades.

Pide investigar los señalamientos

En su posicionamiento, Taddei reconoció que durante los últimos días se difundieron en medios de comunicación y redes sociales versiones, filtraciones y señalamientos sobre su gestión. Sostuvo que la información debe verificarse y que no se deben anticipar conclusiones sin evidencia.

Afirmó que cualquier denuncia debe investigarse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho, y subrayó que su decisión de renunciar no elimina la obligación de esclarecer los hechos que deban ser investigados.

“La decisión no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”, señaló.

La consejera presidenta también defendió el trabajo institucional del INE y aseguró que, pese a la controversia, las actividades operativas, técnicas y logísticas del organismo continúan conforme a lo previsto.

Salida en vísperas de las elecciones de 2027

La renuncia anunciada ocurre en un momento relevante para la autoridad electoral, debido a que el Proceso Electoral Federal 2026-2027 comenzó el pasado 10 de septiembre.

El INE tiene a su cargo la organización de los comicios federales y debe mantener la preparación de las distintas etapas del proceso, por lo que la salida de su presidenta plantea interrogantes sobre el procedimiento para definir quién asumirá la conducción del organismo.

Taddei recordó que dedicó 33 años de su vida al servicio electoral de México y manifestó su confianza en que la institución continuará cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales.

“Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante”, concluyó.

La presentación formal de la renuncia está prevista para este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados. Hasta el momento, el anuncio no precisa quién quedará al frente del INE ni los pasos que se seguirán para cubrir la presidencia.