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Un convenio de 1,600 millones amenaza finanzas de Tijuana

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El mes pasado el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana autorizó negociar y formalizar un convenio de pago en parcialidades con las empresas del Sistema Integral de Transporte Troncal (SITT) de Tijuana, S.A. de C.V.  y SOPROES.

El esquema indemnizatorio diferido a hasta 10 años -en 120 mensualidades-, busca liquidar reclamaciones que suman alrededor de 1,600 millones de pesos y destrabar la transferencia de infraestructura al Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) del Estado; sin embargo, la operación choca de frente con un oficio de la Fiscalía General del Estado (FGE) emitido en marzo de este año.

La denuncia que lo originó es por fraude procesal con el propósito de causar un perjuicio económico a la ciudad. El oficio ordena detener los juicios hasta que se determine si realmente existió ese delito, pero a pesar de esa instrucción, el Ayuntamiento de Tijuana ha impulsado el acuerdo de convenio pasando por encima de la orden de la FGE.

Con la aprobación del Cabildo se pretende dar forma legal a un probable fraude. Y por el posible daño patrimonial, los regidores, la síndica y el propio presidente municipal podrían quedar expuestos a un juicio político.

La historia de las demandas se remonta a administraciones anteriores. En el gobierno de Juan Manuel Gastélum, Fernando Beltrán – empresario y promotor de boxeo de Tijuana, fundador y dueño de Zanfer, una de las principales empresas promocionales de boxeo en México y Latinoamérica-, adquirió la operadora del SITT, SITTSA.

Al no resultar negocio, la vendió al panista Fernando Flores, presidente de CIFO Technologies, una empresa de tecnología del centro del país, enfocada en sistemas de recaudación, automatización de procesos y soluciones para hacer más eficientes los sistemas de transporte tipo BRT (Bus Rapid Transit)-, quien continúa como propietario.

Durante la gestión de Arturo González en la alcaldía de Tijuana, a sugerencia del entonces gobernador Jaime Bonilla, se nombró director del SITT a Alonso López Sepúlveda.

Este funcionario fue el primer director del Organismo Municipal para la Operación del SITT, nombrado alrededor de 2015 durante la administración priista. En esa época se le señaló por tener vínculos familiares con la familia López Ferreiro -Jaime López Ferreiro y su hijo Chris López Alvarado, entonces dirigente del PRI en Baja California.

En enero de 2017, bajo el gobierno de Juan Manuel Gastélum “El Patas”, se le solicitó la renuncia por opacidad y resistencia a entregar información sobre el manejo de los recursos del SITT -alrededor de 1, 200 millones de pesos invertidos-, y optó por renunciar “voluntariamente”.

Según el directorio oficial del Ayuntamiento de Tijuana y nombramientos de la administración de Ismael Burgueño Ruiz, actualmente es Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobierno Municipal.

Según las versiones que circulan, recibió instrucciones de Amador Rodríguez para desmantelar el sistema de recaudo de SOPROES, empresa entonces propiedad de Jaime López Ferreiro. Ese desmantelamiento agravó el ya deficiente servicio y López Ferreiro terminó vendiendo SOPROES al transportista Víctor Sevilla.

En la administración de Monserrat Caballero, SOPROES demandó ante la Sindicatura Procuradora al SITT por aproximadamente 300 millones de pesos por los daños atribuidos a Alonso López Sepúlveda.

La denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Al final de ese sexenio, el síndico Rafael Leyva emitió una resolución favorable a SOPROES. El SITT impugnó y el asunto sigue en trámite ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

En paralelo, SITTSA demandó al organismo por 1,300 millones de pesos. El SITT contestó, contrademandó y presentó una denuncia penal por fraude procesal. La Fiscal General del Estado ordenó entonces la suspensión de los juicios en el TEJA (expedientes 237/202 J.C. principal y 382/2023 J.Q. acumulado del juzgado 4to de Tijuana). El litigio con SOPROES también continúa, en el expediente 189/2024 J.C. Todos se encuentran aún en etapa de ofrecimiento de pruebas; no hay sentencias definitivas.

Hace un mes, el presidente municipal en funciones, Abdiel Gutiérrez, promovió la reforma del reglamento para sacar al SITT del ámbito de la Secretaría de Movilidad y pasarlo a la Secretaría de Gobierno. Ahora empuja la firma de los convenios de pago con ambas empresas sin que los juicios hayan avanzado más allá de la fase probatoria y sin que la Fiscalía haya resuelto si existe o no el delito de fraude procesal.

Ismael Burgueño ha declarado públicamente que su administración será la que “resuelva de manera histórica” el problema del SITT, y que es una prioridad desde el inicio de su gestión. Es decir, el impulso político para destrabar los litigios y avanzar hacia la transferencia al IMOS se da dentro de su gobierno.

La justificación oficial es que los procesos se van a perder y que la deuda es herencia de la administración anterior. En la práctica, el Ayuntamiento contraería una obligación de alrededor de 1,600 millones de pesos.

El interés en cerrar esos convenios se explica, según fuentes internas, por la estrecha relación de amistad del presidente municipal con Víctor Sevilla y con el panista Fernando Flores, vínculo que pasa por Fernando Beltrán.

Al mismo tiempo, la trama corporativa del consorcio SITTSA revela la presencia de actores que hoy ocupan cargos públicos. Por ejemplo, el regidor Arturo Aguirre González “El Napo”, figura en múltiples actas notariales como secretario del Consejo de Administración y apoderado con amplias facultades de administración, dominio, pleitos y cobranzas, así como para negociar créditos y adquirir flotas.

Su socio en la estructura transportista, Rigoberto Barreto Luna, intervino en la Junta de Gobierno del SITT para exigir que el convenio sea firmado por el 100 por ciento de los accionistas, condición que quedó integrada al acuerdo.

Aguirre se excusó de votar en el Cabildo invocando conflicto de interés, pero el cabildeo previo y la participación de operadores históricos del proyecto han alimentado las sospechas de que las negociaciones siguen en manos de los mismos actores que diseñaron y dirigieron el sistema desde su origen.

En resumen, un oficio de marzo de la FGE que ordena detener los juicios por sospecha de fraude procesal está siendo rebasado por un acuerdo de Cabildo que pretende convertir esas reclamaciones en deuda pública diferida, con la correspondiente afectación financiera del Ayuntamiento de Tijuana.

Mientras tanto, los expedientes siguen abiertos en el TEJA y la denuncia penal no se resuelve, por lo que la firma de los convenios no solo legalizaría de facto el probable perjuicio, sino que colocaría a los integrantes del Ayuntamiento ante la posibilidad de un juicio político por daño patrimonial.

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Columna

Matices: La carta

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Margarita de Sánchez publicó una carta de apoyo de parte de militantes del PAN, entre los que están finísimos miembros de ese instituto político como Francisco «Kiko» Vega, Loreto Quintero, Rubén Alanís y otros.

La carta va dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Romero Herrera y a la líder estatal del partido, Lizbeth Mata Lozano,

En el documento, los firmantes señalan que Margarita Flores de Sánchez se encuentra registrada desde el 19 de junio de 2026 para la Coordinación Estatal de Patria, Familia y Libertad, por lo que al momento de la entrega del escrito han transcurrido 131 días desde su registro.

Esto parece ser, mas que una carta de apoyo, una petición de inclusión, como si le hubieran dicho que ya «la bajaron», pero a la vez es una sutil pedrada a Verónica Ruffo, al mencionar que el respaldo surge de manera libre, responsable y anticipada, y no de una “circunstancia momentánea” (¿Cómo la de la Ruffo?).

El documento subraya que este respaldo no busca sustituir los mecanismos institucionales del PAN, sino hacer del conocimiento de la dirigencia nacional que existe una expresión organizada de militantes y ciudadanos que ha decidido acompañar el proyecto de Margarita Flores de Sánchez.

Lo curioso es que en algunos chats de Whatsapp de los panistas hubo caras de sorpresa al ver sus nombres en esa lista, sin que les hubieran pedido su autorización.

Y la presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón, no se anduvo por las ramas y le pidió a Manuel Guerrero, el compadre de la gober, que vaya a ese puerto a atender las previsiones necesarias antes de otras lluvias para no repetir las tragedias de hace unas semanas por el paso de Rachel.

Manuel Guerrero puede seguir haciéndose pato, pero el colectivo Diamantina Rosa acaba de interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República ante quien resulte responsable incluyendo a personas servidoras públicas de Conagua, que en el ámbito de sus atribuciones pudieran haber incurrido en acciones y omisiones relacionadas con la prevención, vigilancia, mantenimiento, desazolve, limpieza, inspección o atención de los cauces de arroyos y zonas federales que pudieran representar un riesgo para la población de Ensenada.

El funcionario y recién casado, no se da por enterado de los oficios entregados por el Ayuntamiento, no contesta escritos, no contesta llamadas ni atiende las mesas de trabajo, y recordemos que Ensenada tiene 16 arroyos y 1 presa con invasiones, pero como la relación no es tan buena entre estado y ayuntamiento, pues parece que la instrucción es no atenderlo.

Y a propósito de inconscientes, al doctor Miguel Bernardo Romero Flores, no le importaron las advertencias sobre Rachel; él señor se fue a festejar su cumpleaños al otro extremo del país mientras el Hospital General de Ensenada se inundaba.

No tomó las precauciones necesarias, mínimo poner sacos de arena para bloquear las entrada de agua. Le valió un reverendo cacahuate. Y después del desastre tampoco vino corriendo a solucionar, solo se acercó a Ensenada cuando la gobernadora decidió hacer ahí la conferencia mañanera hace unas semanas.

Entre la agenda propuesta para este día estaba visitar el hospital dañado, pero el vicegobernador Ariel seguro lo sacó del programa y prefirió llevar a Marina del Pilar a las colonias fraccionadas y vendidas irresponsablemente por el INDIVI, cuestión que le reclamaron los colonos.

Quirófanos inundados tras el paso de Rachel en Ensenada.

Y finalmente, sobre el asunto de la maestría de Julieta Ramírez, pues resulta que su abogado, José Estrella Castro, es esposo de Reyna Terán Félix. ¿Y quién es esta Reyna? pues fue la directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC y su tutora de proyecto de estudio de caso de su maestría, el cual no parece por cierto, en el sistema del catálogo Cimarrón, del sistema de Bibliotecas de la UABC, como sí aparecen los de sus compañeros.

Tanta chanza le dieron, que le permitieron recursar con clases a distancia la materia que reprobó por inasistencias: Seminario de estudio de caso, donde Reyna se autoasigna de tutora a su amiga Julieta, a quien ya conocía desde que trabajaban juntas en los comedores comunitarios.

Reyna, a la izquierda de Julieta, en agosto pasado, cuando boletinaron (para ciertos medios) una reunión con el cuerpo consular de Baja California.
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Estatal

Fallece Cuauhtémoc Cárdenas, referente de la izquierda mexicana

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El tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas falleció hoy a los 92 años. Fue ingeniero civil y político de izquierda mexicano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano.

Nació el mismo año en que su padre asumió la Presidencia, por lo que pasó sus primeros seis años en la residencia oficial de Los Pinos. Estudió el bachillerato en el Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana y se tituló como ingeniero civil en la UNAM (1955). Trabajó durante años en proyectos de planeación regional y recursos hidráulicos, entre ellos en la Comisión del Río Balsas.

Militó 25 años en el PRI. Fue senador por Michoacán (1976-1980) y gobernador del mismo estado (1980-1986). En 1986 impulsó, junto con otros priistas, la Corriente Democrática, crítica de las prácticas de sucesión y del rumbo económico del partido. En 1987-1988 rompió con el PRI y encabezó el Frente Democrático Nacional. En las elecciones presidenciales de 1988 fue el principal candidato de oposición frente a Carlos Salinas de Gortari; la contienda quedó marcada por la “caída del sistema” y por denuncias generalizadas de fraude electoral.

En mayo de 1989 fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto con figuras como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Heberto Castillo, y fue su primer presidente nacional hasta 1993. Volvió a contender por la Presidencia en 1994 y en 2000.

En 1997 ganó la primera elección popular para la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, convirtiéndose en el primer jefe de Gobierno electo de la capital (1997-1999). Dejó el cargo para buscar de nuevo la Presidencia. Durante su administración impulsó obras de infraestructura y la rehabilitación de espacios públicos y deportivos, entre ellos la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Cárdenas es considerado una de las figuras centrales de la transición democrática mexicana. Su ruptura con el PRI, la candidatura de 1988 y la fundación del PRD abrieron espacio a una oposición de izquierda competitiva y contribuyeron a erosionar el sistema de partido hegemónico. En años posteriores mantuvo una presencia pública como referente moral y político de la izquierda, recibió la Medalla Belisario Domínguez (2011) y, en 2026, ocupó un cargo honorario en la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex.

Estuvo casado con Celeste Batel (fallecida en 2021); tuvieron tres hijos: Lázaro Cárdenas Batel, Cuauhtémoc y Camila. Su muerte cierra una etapa de la izquierda mexicana del siglo XX y principios del XXI.

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Estatal

Tecate enfrenta disputa entre células delictivas: Carrillo

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La disputa territorial entre células delictivas que operan en Tecate se ha intensificado por el reforzamiento de sus filas con integrantes provenientes de otros estados del país e incluso de naciones como Colombia y Guatemala, informó este miércoles el secretario de Seguridad Ciudadana.

Laureano Carrillo explicó que en el municipio se mantiene una confrontación entre grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Mayos, situación que ha contribuido a la incidencia de homicidios.

Indicó que, aunque las autoridades han realizado detenciones de presuntos integrantes y líderes criminales, las organizaciones continúan incorporando personas de otras entidades para mantener su capacidad operativa.

Detalló que entre los detenidos se encuentran personas procedentes de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Sonora, además de ciudadanos de Colombia y Guatemala, identificados durante operativos efectuados en Tecate, Mexicali y Tijuana.

El titular de Seguridad Ciudadana informó que sostuvo reuniones con el alcalde de Tecate y autoridades de las Fuerzas Armadas para fortalecer la coordinación y ampliar el despliegue de elementos.

Como parte de estas acciones, se prevé una mayor presencia de la Guardia Nacional, en apoyo a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

La estrategia contempla reforzar siete zonas identificadas como prioritarias en el municipio, cuyos detalles no fueron revelados para no comprometer los operativos.

Los cuestionamientos surgieron luego del asesinato de la agente Dafny Astrid Manzano Córdova, de 46 años, ocurrido el pasado 26 de octubre durante un operativo en la colonia Nido de las Águilas en Tecate.

Carrillo atribuyó el ataque a una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, en el contexto de la disputa con integrantes de la facción de Los Mayos.

Precisó que, por este hecho, se logró la detención de dos presuntos responsables, mientras que el individuo señalado como el que accionó el arma contra la agente ya está identificado y continúa pendiente su captura.

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