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Algo cada día: Silencio comprado

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COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

De nueva cuenta, el nombre de Marina del Pilar Ávila aparece en un audio. Y de nueva cuenta, la respuesta en Baja California parece ser la misma: silencio.

Ahora resulta que Amílcar Olán, el empresario señalado como cercano a Andy y Bobby López Beltrán y vinculado periodísticamente a la llamada red de “El Clan”, asegura en una grabación difundida por Carlos Loret de Mola en Latinus que entregó dinero para la campaña de Marina del Pilar a la gubernatura de Baja California en 2021.

No es poca cosa.

Tampoco significa, por sí solo, que la gobernadora haya cometido un delito. Eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes después de investigar. Pero precisamente ahí está el problema: ¿Quién va a investigar?

Porque en Baja California la noticia cayó como piedra en un estanque de aceite.

Salvo algunos medios independientes y las redes sociales, el asunto no provocó precisamente una estampida de periodistas, conductores, columnistas y opinadores preguntando de dónde salió el dinero, cuánto fue, cómo se entregó, quién lo recibió y, sobre todo, si ese dinero fue reportado ante las autoridades electorales.

Nada.

Silencio casi sepulcral. Y uno empieza a entender por qué.

Desde hace años, la Comunicación Social del Gobierno del Estado se ha convertido en mucho más que una oficina para informar a los ciudadanos. Diversos reportes periodísticos han documentado el crecimiento de la publicidad oficial, la concentración de contratos y el papel de Ariel Lizárraga en la estrategia de comunicación del gobierno marinista.

En 2022, por ejemplo, se documentaron contratos publicitarios por más de 97 millones de pesos, frente a una autorización presupuestal de poco más de 39 millones.

Pero seguramente todo es una desafortunada coincidencia.

También debe ser coincidencia que ahora Lizárraga vuelva a tener una presencia cada vez más visible en la operación política y mediática del gobierno.

Y seguramente será otra coincidencia que algunos medios descubran una extraordinaria sordera cuando la información incomoda al poder.

Porque hay una fórmula muy sencilla para controlar la prensa sin necesidad de censurarla: “no hay que cerrar periódicos; basta con abrir la chequera”. Así, el gobierno no necesita decirle a un medio qué publicar.Sólo necesita recordarle quién paga.

Y cuando llega un escándalo como éste, la maquinaria funciona maravillosamente: unos callan, otros minimizan, algunos esperan instrucciones y los más disciplinados seguramente preguntan si ya pueden publicar.

Eso sí: todos pueden presumir de libertad de expresión. Y cada 7 de junio, se toman la foto con el gobernador o la gobernadora en turno, para confirmarlo.

Qué maravilla.

El audio de Olán, además, llega cuando Morena intenta vendernos la idea de que sus campañas son ejemplo de pureza democrática. Pero si lo dicho en la grabación es verdadero, estaríamos ante algo mucho más serio que un simple chisme político.

El propio INE establece reglas sobre el origen de los recursos privados y obliga a transparentar ingresos y gastos de campaña. Además, prohíbe aportaciones de determinadas personas y entidades, entre ellas las personas morales, y exige que el dinero utilizado en campaña pueda ser identificado y fiscalizado.

Por eso la pregunta no debería ser si el audio le gusta o no a Marina del Pilar.
La pregunta es otra:

¿Es cierto que Amílcar Olán entregó dinero para financiar su campaña?

Y si lo fue, ¿cuánto?, ¿por qué vía?, ¿a quién?, ¿quién lo recibió?, ¿cómo se registró?, ¿apareció en la contabilidad electoral?

Y si no fue cierto, entonces la gobernadora tiene una oportunidad magnífica para demostrarlo. Que explique. Que presente documentos. Que pida una investigación. Que abra las cuentas.

Porque si todo es falso, debería ser la primera interesada en demostrarlo.

Pero si la estrategia vuelve a ser la de siempre —negar, minimizar, desacreditar al periodista y esperar a que llegue la siguiente noticia— entonces habrá que preguntarse si el problema no es el audio.

Tal vez el problema sea que ya nos acostumbramos al silencio. Y mientras tanto, en Baja California, el dinero sigue haciendo milagros.
Compra publicidad. Compra silencios. Compra lealtades. Y hasta parece comprar memoria.

Lo único que todavía no puede comprar es que un audio deje de existir. Está publicado. Está circulando.

Y tarde o temprano alguien tendrá que explicar qué hay detrás de él. Porque una cosa es gobernar. Y otra, muy distinta, gobernar creyendo que también se puede administrar la verdad.

Hay problemas, Houston

Haber pospuesto la revelación de quien será —o pretende ser— el coordinador de la Defensa de la Transformación en Baja California, ese largo y rimbombante título que en español sencillo significa precandidato de Morena a la gubernatura, sólo refleja una cosa: Hay problemas, Houston.

Porque cuando una decisión está planchada, amarrada, negociada y palomeada desde arriba, no se pospone. Se anuncia. Se presume. Se festeja. Y hasta se manda imprimir el papel picado. Pero en Baja California algo no termina de cuadrar.

La presidenta Claudia Sheinbaum tenía previsto conocer el resultado de la famosa encuesta para definir al coordinador estatal. Y, de pronto, pausa. Espera. Prudencia. Revisión.

¿Revisión de qué? Ahí está el pequeño detalle.
Puede tratarse, desde luego, de las inconformidades de quienes no resulten favorecidos y que ya estén haciendo cuentas para ver qué posición les toca como premio de consolación.

Porque en Morena nadie pierde realmente: pierde la candidatura, pero gana una senaduría, una alcaldía, una diputación o, cuando menos, algún hueso suficientemente jugoso para mantener viva la revolución.Pero también puede haber algo más delicado.

La honorabilidad, los antecedentes y las relaciones de algunos de los aspirantes podrían estar generando más de un dolor de cabeza en Palacio Nacional. Y si existen dudas sobre la trayectoria o vínculos de alguno de ellos, la presidenta no parece dispuesta a jugarse la elección de 2027 por quedar bien con los grupos locales.

Y ahí es donde la novela se pone interesante. Porque desde Palenque pueden tener favorita. Marina del Pilar puede tener favorito. Los grupos de poder pueden tener su propio favorito. Y cada uno puede hacer sus apuestas.

El problema es que la presidenta es quien tendrá que cargar con el resultado. Por eso, mientras desde el entorno de López Obrador se insiste en que Julieta Ramírez es la carta fuerte, Marina del Pilar sigue empujando a Ismael Burgueño.

Y aquí aparece otra pequeña complicación: la relación política entre Marina y Julieta ya no parece precisamente aquella amistad de fotografía, abrazos y sonrisas que durante tanto tiempo nos vendieron.

La senadora ya demostró que tiene agenda propia.
Y eso, en política, puede ser interpretado de muchas maneras.

Particularmente por quien está a punto de dejar el poder y necesita asegurarse de que quien llegue no tenga demasiadas ganas de revisar cajones, expedientes o cuentas.

Porque ése es el verdadero fondo del asunto.

El candidato a gobernador no sólo será candidato.
Tendrá mano en la designación de alcaldes, diputados locales y federales.

Es decir, quien gane la candidatura tendrá en sus manos buena parte del futuro político de Morena en Baja California. Y por eso todos quieren meter mano. Marina quiere influir. Los grupos de Palacio quieren influir. Los aspirantes quieren asegurar posiciones. Los perdedores quieren cobrar la factura. Y la presidenta quiere evitar que le entreguen una bomba con moño y tarjeta de felicitación.

Así que mientras Morena habla de unidad, transformación y democracia interna, la realidad parece bastante menos poética: están repartiendo el pastel antes de hornearlo y todavía no se ponen de acuerdo sobre quién se queda con el cuchillo. Si todo estuviera resuelto, ya conoceríamos al coordinador.

Y detrás de él, ya estarían formándose las filas para alcaldías, diputaciones federales y locales.
Pero no. La decisión se aplazó. Y cuando Morena aplaza una decisión que presume tener perfectamente controlada, generalmente no es porque estén rezando para que salga el sol.

Es porque todavía están tratando de apagar algún incendio. Y en Baja California, por lo visto, todavía no encuentran al bombero adecuado.

Pero aseguran, eso sí, que ya falta menos para la decisión y que todo es unidad para recibir, con bombo y platillo la próxima visita presidencial. Cueste lo que cueste.

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Estatal

Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios

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Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.

La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.

También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.

La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.

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Estatal

El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto

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El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

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Mexicali

Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes

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Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.

De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.

Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.

Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.

El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.

Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.

Por su parte, la Secretaría de Educación, a través de ficha informativa, dijo que ya se está atendiendo el tema, y se enviaron las claves vacantes que había para asignación de DISICAMM.

«Así también, se validó para cubrir de manera interina, al docente que se encuentra en protocolo en la secundaria (el profesor que está a disposición)», precisaron.

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