Las audiencias y el debate sobre veracidad de noticias y opiniones

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2 meses ago

septiembre 2, 2026

COLUMNA INVITADA/ Por Guillermo Rivera Millán

Detrás del ruido sobre censura que generó la publicación de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias hay una pregunta más precisa que el debate apenas rozó: ¿qué significa exigir veracidad a una noticia sin exigir lo mismo a una opinión? El artículo 12 obliga a preservar pluralidad y veracidad; el artículo 18 pide “elementos mínimos” para sostener que una noticia era veraz al difundirse. Ninguno define qué cuenta como elemento mínimo, ni distingue con claridad dónde termina el hecho verificable y dónde empieza el juicio de valor protegido sin ese estándar.

Esa imprecisión no es un detalle menor. La Corte Interamericana y la Primera Sala coinciden en que no puede exigirse a un periodista demostrar la verdad absoluta de lo publicado, sino diligencia razonable para verificarlo antes de hacerlo público. Las opiniones, por su naturaleza, no se someten a ese escrutinio salvo que aparenten fundarse en hechos que el propio emisor introduce sin sustento. Los Lineamientos no incorporan expresamente esa distinción tripartita —opinión pura, información de hecho, opinión con base fáctica— que ya es un estándar consolidado. Dejarla fuera del texto no la elimina; traslada su definición a la práctica administrativa de la Comisión, con el riesgo de que cada caso se resuelva sin criterios previsibles.

A esto se suma un elemento que vuelve más compleja la discusión: en materia de libertad de expresión, la afectación no surge solo cuando la autoridad sanciona. La sola existencia de un estándar ambiguo produce un efecto inhibidor: redacciones que ajustan contenidos, moderan afirmaciones o evitan opiniones con base fáctica por temor a que la Comisión considere insuficientes los “elementos mínimos”. Esa autocensura inmediata abre la puerta a convertir al artículo 18 en una norma autoaplicativa desde su entrada en vigor, lo que abre la puerta a su impugnación en abstracto sin esperar la primera multa.

Hay además un reverso que el debate ha ignorado: la veracidad también es condición del derecho de réplica reconocido en el artículo 6º constitucional. Sin un estándar claro, el ciudadano no puede defenderse frente a información falsa que le cause un agravio. El problema de los Lineamientos no es exigir veracidad, sino hacerlo sin definirla: la incertidumbre desnaturaliza simultáneamente la libertad de prensa y la efectividad del derecho de réplica, dejando a periodistas y audiencias sin parámetros previsibles.

¿Procede impugnar este vacío? La respuesta depende menos de un tecnicismo procesal y más de qué tan concreta sea la afectación acreditable. Un concesionario con interés jurídico directo puede cuestionar desde ahora obligaciones ya exigibles, como contar con código de ética y criterios editoriales definidos. La aplicación del estándar de veracidad, en cambio, suele ser más difícil de combatir en abstracto, aunque el efecto inhibidor fortalece la argumentación de autoaplicatividad. Hay, además, un segundo frente: exigir a la propia Comisión que incorpore el estándar de diligencia razonable en su práctica de supervisión antes de que un caso concreto obligue a un tribunal a hacerlo por ella.

Conviene ser explícito sobre las imprecisiones detectadas. El texto no aclara si “elementos mínimos” equivale al estándar interamericano de diligencia razonable o a algo más cercano a la certeza. Tampoco distingue con nitidez los tres escenarios que la Primera Sala ha desarrollado para expresiones de interés público. Y la facultad de supervisión del artículo 52, redactada en términos abiertos, no acota quién verificará la diligencia ni bajo qué procedimiento, dejando un margen de apreciación mayor al deseable cuando el objeto supervisado es discurso público.

Hay una tensión de fondo: proteger a las audiencias exige que alguien defina, en el margen, qué es suficientemente veraz. Ese alguien puede ser el propio medio, un defensor independiente, un tribunal o una comisión administrativa. Organizaciones como ARTICLE 19 han insistido en que esa definición no debería recaer en una autoridad dependiente del Ejecutivo; la CIRT ha planteado, desde otra posición, la misma preocupación.

Una salida regulatoria viable consiste en trasladar la definición de los “elementos mínimos de veracidad” a los propios Códigos de Ética de los concesionarios. Estos instrumentos sí son obligatorios, generan obligaciones inmediatas y pueden impugnarse. Incorporar ahí el estándar de diligencia razonable y la distinción tripartita permitiría que la predictibilidad dependa de pautas profesionales y no del arbitrio político del regulador. Esa cláusula de conciencia editorial cerraría el vacío normativo sin esperar una reforma legislativa o una impugnación de quien se considere afectado.

Director General De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

Estatal

Estigmatiza Julieta Ramírez a la prensa en su podcast

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17 horas ago

octubre 26, 2026

Dianeth Pérez Arreola

La estigmatización de la prensa y los cuestionamientos al trabajo periodístico forman parte de la confrontación pública que rodea a la política bajacaliforniana, en un contexto en el que la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, ha denunciado presuntas campañas de desprestigio en su contra y ha cuestionado -y evadido- la cobertura de distintos medios de comunicación.

En la edición de este lunes, de su podcast “Enlace informativo”, la legisladora sostuvo que algunas publicaciones responden a una estrategia para dañar su imagen y la de su movimiento político. En agosto pasado, aseguró haber identificado cerca de un millón de pesos en publicidad negativa en redes sociales, mientras que en septiembre rechazó información periodística relacionada con un supuesto acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses, que calificó como falsa.

La controversia plantea una discusión sobre los límites entre la crítica legítima a los medios, el derecho de réplica de los actores políticos y la descalificación del ejercicio periodístico, sobre a la luz de las no-invitaciones a diversos medios críticos a sus ruedas de prensa en Mexicali.

Centrada en el tema publicado por el medio digital nativo “Los Angeles Press” sobre las facilidades que habría obtenido la morenista para lograr concretar su grado de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Ramírez comentó en la sección “Modus operandi” dedicada a demostrar estrategias “falsas y mentirosas” de los medios, que era una “página web; no un medio impreso ni un noticiero”, demeritando a los medios digitales e infiriendo que estos son menos confiables que los medios tradicionales.

Ramírez puso en pantalla a los medios que han retomado la nota tras las declaraciones de la UABC sobre la integración de una investigación al respecto de los estudios de maestría. También hizo menos la información de Los Angeles Press por tratarse de Guadalupe Lizárraga, una periodista que fue candidata del PRD en la pasada elección de 2024 en busca de la alcaldía de Mexicali.

Estatal

Eva María Vásquez pide investigar a fondo presuntas irregularidades en el INE

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18 horas ago

octubre 26, 2026

Fernanda Meza

La diputada federal del PAN por Baja California, Eva María Vásquez, consideró necesario esclarecer las presuntas irregularidades que involucran a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tras los señalamientos de corrupción y su renuncia al cargo.

La legisladora advirtió que este tipo de situaciones pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones públicas y subrayó la importancia de investigar a fondo cualquier denuncia relacionada con el manejo de responsabilidades dentro de los organismos del Estado.

Vásquez sostuvo que las autoridades competentes deben actuar conforme a derecho y determinar si existen elementos para imponer sanciones administrativas o proceder por la vía judicial contra quienes resulten responsables.

Señaló que el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para impulsar medidas que fortalezcan la vigilancia institucional y eviten que hechos similares se repitan; sin embargo, afirmó que estos mecanismos requieren voluntad política para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Para concluir, Eva María cuestionó la disposición del bloque oficialista para promover controles efectivos contra la corrupción y reiteró que el esclarecer los señalamientos de la presidente del INE debe ser una prioridad, a fin de preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

Educación

Brindarán educación financiera a niños de sexto grado

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20 horas ago

octubre 26, 2026

Dianeth Pérez Arreola

Para fortalecer la educación financiera de estudiantes de sexto año de primaria, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) participará en la ampliación del programa El Dinero en México, impulsado por el Banco de México y la Secretaría de Educación de Baja California.

Durante el arranque de la capacitación, realizado este lunes 26 de octubre, el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, destacó la importancia de brindar a la niñez conocimientos que le permitan comprender el valor del dinero y tomar decisiones económicas informadas y responsables.

Señaló que la formación financiera contribuye al desarrollo de hábitos como el ahorro, la planeación y el consumo responsable, habilidades que pueden influir en el bienestar de las personas y sus familias.

Palafox Maestre recordó que la colaboración entre las instituciones comenzó en 2023, cuando las facultades de Ciencias Sociales y Políticas y de Ciencias Administrativas participaron en un programa piloto en Mexicali, mediante el cual se capacitó a más de 720 docentes y se benefició a más de 11 mil estudiantes de sexto de primaria.

En esta nueva etapa, el programa se extenderá a Mexicali, Tijuana y Ensenada, con la participación de cinco unidades académicas de la UABC y 84 integrantes del personal docente universitario, quienes brindarán acompañamiento académico y asesoría a profesores de educación básica.

Las facultades involucradas son Ciencias Sociales y Políticas, Ciencias Administrativas del Campus Mexicali, Economía y Relaciones Internacionales, Contaduría y Administración del Campus Tijuana, así como Ciencias Administrativas y Sociales del Campus Ensenada.

Por su parte, la representante del Banco de México, Martha Eugenia Mancera Tovar, explicó que El Dinero en México forma parte de los recursos educativos desarrollados por la institución para acercar los conocimientos financieros a diferentes sectores de la población.

Indicó que el propósito es que los menores desarrollen habilidades para administrar sus recursos y tomar decisiones informadas a lo largo de su vida. También reconoció el papel del personal docente para facilitar aprendizajes significativos y duraderos.