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Violaron derechos procesales en caso Ruffo: Gustavo de Hoyos

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El abogado y diputado federal por Movimiento Ciudadano, Gustavo de Hoyos, calificó como “preso político” al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, mientras enfrenta un proceso por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

En un artículo de opinión publicado este 18 de agosto en Sin Embargo, De Hoyos cuestionó las condiciones en las que se desarrolla el proceso contra Ruffo, detenido el pasado 16 de julio en Ensenada y vinculado a proceso ocho días después.

El también expresidente de Coparmex nacional sostuvo que la exigencia de libertad para el exmandatario no implica solicitar impunidad, sino garantizar derechos procesales como la presunción de inocencia, un juicio transparente y la posibilidad de que enfrente el proceso bajo arraigo domiciliario en lugar de permanecer en un penal de máxima seguridad.

De Hoyos destacó que Ruffo tiene 74 años y señaló como un elemento que, a su juicio, genera preocupación, que se encuentre recluido en El Altiplano, instalación penitenciaria de máxima seguridad.

El legislador también cuestionó que, de acuerdo con su versión, jueces de carrera previamente habían negado a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión contra Ruffo, por lo que el Estado habría recurrido posteriormente a una jueza de reciente elección para obtenerla.

La Fiscalía ha presentado el caso como una de las mayores redes de contrabando de combustible operadas por vía ferroviaria detectadas en México. Según lo señalado por De Hoyos en su artículo, la imputación supera los 166 millones de pesos y el supuesto daño patrimonial rebasa los cuatro mil millones de pesos.

El autor también criticó que las autoridades no hayan permitido que el proceso fuera público y afirmó que hasta ahora no se han presentado públicamente elementos que, desde su perspectiva, demuestren la responsabilidad penal de Ruffo. No obstante, subrayó que la gravedad de las acusaciones no debe ser motivo para omitir las garantías que corresponden a cualquier persona sometida a un proceso penal.

Comité Plural por la Libertad

Uno de los puntos centrales del artículo es la conformación, el pasado 5 de agosto, del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, iniciado en Ensenada y extendido a Tijuana y Mexicali, integrado por activistas, empresarios, académicos, funcionarios y exfuncionarios, así como militantes de diferentes partidos políticos, explicó.

El diputado sostuvo que el movimiento no busca evitar que Ruffo responda ante la justicia, sino que solicita que pueda hacerlo bajo condiciones que respeten sus derechos fundamentales.

De Hoyos consideró que la organización representa una expresión ciudadana que trasciende las diferencias partidistas y anticipó que el movimiento podría extenderse a otras entidades del país.

En su análisis, afirmó que este tipo de organizaciones pueden funcionar como mecanismos de vigilancia ciudadana frente al poder punitivo del Estado, particularmente ante la discusión nacional sobre la prisión preventiva y la duración de los procesos penales.

Finalmente, De Hoyos endureció su crítica al sostener que, en el contexto político actual, la situación jurídica de Ruffo debe ser entendida como una persecución política y concluyó su artículo calificándolo de manera categórica como “Preso Político”.

La postura expresada por De Hoyos corresponde a su análisis y opinión sobre el proceso. Ruffo enfrenta acusaciones de carácter penal y la determinación de su responsabilidad corresponde a las autoridades judiciales mediante el debido proceso.

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Estatal

Reprime SNTSS a quienes piden rendición de cuentas

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Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) sección VII, denuncian acoso laboral por parte del líder sindical César Eduardo González Rocha ante el ejercicio de sus derechos al promover un congreso extraordinario para pedir rendición de cuentas.

Empleados de Mexicali y Tijuana han recibido citatorios donde se les cita ante la Comisión de Honor y Justicia del sindicato ante acusaciones de “incitar a los trabajadores a formar grupos dentro del sindicato que tienden a su división o desmembramiento; solicitando documentos personales y firma de listado para solicitar congreso extraordinario que se encuentra fuera de lineamientos de nuestro marco estatutario”.

El sindicato promovió como falsa la invitación a firmar para pedir cuentas claras y la destitución del líder nacional, Rafael Olivos Hernández, además bloqueó los enlaces donde se podía pedir el documento de agremiado, necesario para firmar la solicitud del congreso extraordinario.

Hoy el SNTSS publica un desplegado en un diario local donde pide respeto a la institucionalidad y rechaza las campañas de desprestigio y respaldan al líder nacional, doctor Rafael Olivos Hernández.

Los trabajadores disidentes a nivel nacional están inconformes por el manejo de sus afores, todas de la empresa Siglo XXI Banorte, donde participa el líder nacional como parte del consejo de administración, además de la “Ley Mordaza” que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre, que prohíbe gravemente la libertad de expresión.

Entre otras consecuencias, se les sancionará por denunciar desabasto, difundir material de las condiciones internas como fotos y videos “si dañan la reputación de la institución o la cúpula sindical”, y lo que ya inició: la emisión de citatorios disciplinarios y amenazas de rescisión de contratos.

Para considerar propuestas de nuevo personal, se les pide como requisito su afiliación a Morena, lo cual pueden hacer en las propias oficinas sindicales.

Además, son obligados a pagar un seguro legal, cuya empresa es de la esposa del doctor Arturo Olivares Cerda, anterior secretario general del SNTSS, y actual diputado federal por Morena, presidente de la Comisión de Seguridad Social.

Los trabajadores demandan a González Rocha que respete lo dicho por el líder nacional tras las protestas por el aumento de sueldo; que no iba a haber represalias ni persecución a quienes se manifiesten.

Este jueves 29 y viernes 30 de octubre se llevarán a cabo las audiencias de los citados por la Comisión de Honor y Justicia. Son dos trabajadores de Tijuana y tres de Mexicali. Los disidentes están invitando a la prensa a acudir a las oficinas sindicales de la colonia Maestros Federales a las 10 de la mañana este jueves para ser testigos de la represión del SNTSS.

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Estatal

Cuenta Unidad de Búsqueda con geo radar; Chan acude a jornada al valle

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Un geo radar de última generación fue asignado a la Unidad de Búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, a través de la Comisión Local de Búsqueda, siendo el único del noroeste y el cuarto en el país que se utiliza para la localización de restos de personas desaparecidas.

El funcionamiento de este equipo fue mostrado hoy al director de la DSPM, Luis Felipe Chan, quien acudió a la jornada de búsqueda en el lado norte del poblado Miguel Alemán, donde el grupo interdisciplinario conformado por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Local de Búsqueda y la propia unidad que es parte de la Policía Municipal, localizaron numerosos casquillos.

Acudieron a esa jornada mujeres del colectivo Madres Unidas y Fuertes, y estudiantes de criminología de la Universidad Vizcaya, quienes platicaron con el director de policía y respaldaron el trabajo de la Unidad de Búsqueda.

Alfredo Hernández, coordinador de la Unidad de Búsqueda, explica el trabajo de su equipo al director de policía, Luis Felipe Chan.

También acudió Daniel Allende Reynoso, titular de Prevención y Proximidad Social de la DSPM, para conocer de primera mano el equipo y la dinámica de las búsquedas. Cerca de esa zona fue donde en 2023 se localizaron 23 cuerpos en igual número de fosas clandestinas.

El director anunció que pronto llegará a la Policía Municipal una unidad pick up doble tracción, la cual será asignada a la Unidad de Búsqueda para apoyar las jornadas en terrenos de difícil acceso.

Irma Leyva, vocera del colectivo Madres Unidas y Fuertes, pidió seguir respaldando el trabajo del equipo interdisciplinario con herramientas, capacitaciones, poder de decisión y sobre todo con la no rotación del personal, ya que quienes conforman dicho grupo de trabajo han acumulado experiencia importante en búsquedas y sobre todo, cuentan con la empatía y la motivación para desempeñar esa labor en condiciones climatológicas adversas y largas jornadas.

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Estatal

Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios

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Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.

La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.

También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.

La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.

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