Celulares y riesgos escolares en Baja California
Una regulación inteligente, territorial y acorde al PPIE y la Nueva Escuela Mexicana
COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de escuchar a especialistas, madres y padres de familia, docentes y jóvenes para valorar una posible regulación del uso de celulares en los planteles de educación básica ha provocado un amplio debate. La titular del Poder Ejecutivo ha aclarado que no se pretende imponer una prohibición absoluta, sino generar conciencia sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y plataformas digitales en el desarrollo de las infancias y adolescencias. Informó que cerca del 70% de las madres y los padres consultados respalda alguna forma de regulación y que, hacia finales de agosto, se presentará una propuesta nacional. La discusión es necesaria, pero exige precisión jurídica y técnica para evitar confusiones sobre el alcance de la consulta y las responsabilidades del Estado.
En Baja California, el debate adquiere una dimensión particular. El Programa de Protección Integral Escolar (PPIE) 2026–2027 es el instrumento estatal para identificar, clasificar y atender los riesgos que afectan el bienestar, la seguridad y el aprendizaje. Sin embargo, el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos todavía requiere un tratamiento expreso como posible factor de riesgo digital, cognitivo, emocional y de convivencia. El dispositivo no es perjudicial por sí mismo; el riesgo depende de las condiciones de uso y de sus consecuencias: distracción durante las clases, afectaciones al aprendizaje y al descanso, uso compulsivo de plataformas, ciberacoso, grabaciones no autorizadas, exposición a contenidos nocivos o deterioro de las habilidades sociales. Incorporar estos supuestos al PPIE permitiría activar acciones de prevención, detección, registro, intervención y acompañamiento sin reducir la respuesta a una prohibición general.
La Nueva Escuela Mexicana exige una política contextualizada y sensible a la diversidad territorial. Baja California es un estado con realidades profundamente distintas: Mexicali enfrenta riesgos digitales intensivos; San Quintín vive dinámicas agrícolas y migrantes; San Felipe presenta condiciones costeras; Tijuana y Ensenada lidian con retos urbanos complejos. Incluso dentro de una misma ciudad existen colonias con niveles distintos de conectividad, violencia digital y exposición a redes sociales. Así como la revisión de mochilas no se aplica igual en todas las zonas, el celular tampoco. Una regulación nacional puede establecer principios y estándares mínimos, pero su implementación debe considerar las características de cada estado, municipio, plantel y comunidad escolar.
En Baja California, el celular también cumple una función de seguridad. Los hechos de violencia, las desapariciones, la movilidad fronteriza, los trayectos prolongados y las jornadas laborales que dificultan el acompañamiento permanente hacen que muchas familias lo consideren indispensable para mantener contacto con sus hijas e hijos. Esta realidad demuestra que no existe contradicción entre permitir que el alumnado porte un celular por razones de seguridad y limitar o regular su utilización durante las clases. El dispositivo puede permanecer apagado, en modo silencioso o bajo mecanismos adecuados de resguardo, salvo que exista una finalidad pedagógica, una necesidad médica o de accesibilidad, o una situación de emergencia.
Por ello, es fundamental distinguir entre regular y gestionar. La regulación establece límites, responsabilidades, excepciones y consecuencias. La gestión de riesgos permite identificar las circunstancias concretas de cada comunidad e intervenir de manera proporcional. No todo debe resolverse mediante prohibiciones generales ni mediante un decreto que pretenda normar individualmente teléfonos, tabletas, relojes inteligentes, audífonos, inteligencia artificial, y cada nuevo dispositivo que aparezca.
La falta de lineamientos explica, en parte, por qué el uso del celular proliferó desordenadamente en las aulas. Durante años, cada escuela y cada docente establecieron reglas propias, frecuentemente sin capacitación ni respaldo técnico. Aunque la respuesta institucional llega con retraso, no se trata de culpar a docentes, familias o estudiantes, sino de reconocer que el sistema educativo no les proporcionó oportunamente herramientas para gestionar una tecnología que transformó la convivencia escolar. Los Consejos de Participación Social deben ser el mecanismo formal para canalizar la consulta y construir acuerdos de implementación.
La responsabilidad tampoco corresponde exclusivamente a las escuelas. Estas deben gestionar lo que ocurre durante la jornada y dentro de las actividades bajo su supervisión; las familias deben establecer hábitos y límites fuera del plantel, y el Estado debe diseñar la política pública, emitir lineamientos, capacitar, dar presupuesto, supervisar y coordinar a las autoridades educativas, de salud, seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes.
El precedente de la Suprema Corte sobre “Mochila Segura” también ofrece una advertencia: las medidas escolares que inciden en la privacidad o en las pertenencias del alumnado necesitan fundamento jurídico, una finalidad legítima y procedimientos proporcionales. Esto no impide regular el uso de celulares dentro del plantel, pero sí exige evitar inspecciones, retenciones o sanciones arbitrarias.
El celular puede ser un recurso educativo, una herramienta de seguridad y un factor de riesgo al mismo tiempo. Una política pública inteligente debe reconocer esas tres dimensiones y establecer medidas diferenciadas por edad, nivel educativo y contexto, así como excepciones pedagógicas, médicas, de accesibilidad y emergencia. Baja California tiene la oportunidad de fortalecer el PPIE incorporando expresamente los riesgos vinculados con los dispositivos móviles y construyendo una respuesta preventiva, territorial y acorde con la Nueva Escuela Mexicana.
*El autor es director general de De la Peña y Rivera, S.C. y fundador de Justicia que Transforma México, A.C.
Columna
Matices: La carta
Margarita de Sánchez publicó una carta de apoyo de parte de militantes del PAN, entre los que están finísimos miembros de ese instituto político como Francisco «Kiko» Vega, Loreto Quintero, Rubén Alanís y otros.
La carta va dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Romero Herrera y a la líder estatal del partido, Lizbeth Mata Lozano,
En el documento, los firmantes señalan que Margarita Flores de Sánchez se encuentra registrada desde el 19 de junio de 2026 para la Coordinación Estatal de Patria, Familia y Libertad, por lo que al momento de la entrega del escrito han transcurrido 131 días desde su registro.
Esto parece ser, mas que una carta de apoyo, una petición de inclusión, como si le hubieran dicho que ya «la bajaron», pero a la vez es una sutil pedrada a Verónica Ruffo, al mencionar que el respaldo surge de manera libre, responsable y anticipada, y no de una “circunstancia momentánea” (¿Cómo la de la Ruffo?).
El documento subraya que este respaldo no busca sustituir los mecanismos institucionales del PAN, sino hacer del conocimiento de la dirigencia nacional que existe una expresión organizada de militantes y ciudadanos que ha decidido acompañar el proyecto de Margarita Flores de Sánchez.
Lo curioso es que en algunos chats de Whatsapp de los panistas hubo caras de sorpresa al ver sus nombres en esa lista, sin que les hubieran pedido su autorización.






Y la presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón, no se anduvo por las ramas y le pidió a Manuel Guerrero, el compadre de la gober, que vaya a ese puerto a atender las previsiones necesarias antes de otras lluvias para no repetir las tragedias de hace unas semanas por el paso de Rachel.
Manuel Guerrero puede seguir haciéndose pato, pero el colectivo Diamantina Rosa acaba de interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República ante quien resulte responsable incluyendo a personas servidoras públicas de Conagua, que en el ámbito de sus atribuciones pudieran haber incurrido en acciones y omisiones relacionadas con la prevención, vigilancia, mantenimiento, desazolve, limpieza, inspección o atención de los cauces de arroyos y zonas federales que pudieran representar un riesgo para la población de Ensenada.
El funcionario y recién casado, no se da por enterado de los oficios entregados por el Ayuntamiento, no contesta escritos, no contesta llamadas ni atiende las mesas de trabajo, y recordemos que Ensenada tiene 16 arroyos y 1 presa con invasiones, pero como la relación no es tan buena entre estado y ayuntamiento, pues parece que la instrucción es no atenderlo.
Y a propósito de inconscientes, al doctor Miguel Bernardo Romero Flores, no le importaron las advertencias sobre Rachel; él señor se fue a festejar su cumpleaños al otro extremo del país mientras el Hospital General de Ensenada se inundaba.
No tomó las precauciones necesarias, mínimo poner sacos de arena para bloquear las entrada de agua. Le valió un reverendo cacahuate. Y después del desastre tampoco vino corriendo a solucionar, solo se acercó a Ensenada cuando la gobernadora decidió hacer ahí la conferencia mañanera hace unas semanas.
Entre la agenda propuesta para este día estaba visitar el hospital dañado, pero el vicegobernador Ariel seguro lo sacó del programa y prefirió llevar a Marina del Pilar a las colonias fraccionadas y vendidas irresponsablemente por el INDIVI, cuestión que le reclamaron los colonos.

Y finalmente, sobre el asunto de la maestría de Julieta Ramírez, pues resulta que su abogado, José Estrella Castro, es esposo de Reyna Terán Félix. ¿Y quién es esta Reyna? pues fue la directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC y su tutora de proyecto de estudio de caso de su maestría, el cual no parece por cierto, en el sistema del catálogo Cimarrón, del sistema de Bibliotecas de la UABC, como sí aparecen los de sus compañeros.
Tanta chanza le dieron, que le permitieron recursar con clases a distancia la materia que reprobó por inasistencias: Seminario de estudio de caso, donde Reyna se autoasigna de tutora a su amiga Julieta, a quien ya conocía desde que trabajaban juntas en los comedores comunitarios.

Estatal
Fallece Cuauhtémoc Cárdenas, referente de la izquierda mexicana
El tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas falleció hoy a los 92 años. Fue ingeniero civil y político de izquierda mexicano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano.
Nació el mismo año en que su padre asumió la Presidencia, por lo que pasó sus primeros seis años en la residencia oficial de Los Pinos. Estudió el bachillerato en el Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana y se tituló como ingeniero civil en la UNAM (1955). Trabajó durante años en proyectos de planeación regional y recursos hidráulicos, entre ellos en la Comisión del Río Balsas.
Militó 25 años en el PRI. Fue senador por Michoacán (1976-1980) y gobernador del mismo estado (1980-1986). En 1986 impulsó, junto con otros priistas, la Corriente Democrática, crítica de las prácticas de sucesión y del rumbo económico del partido. En 1987-1988 rompió con el PRI y encabezó el Frente Democrático Nacional. En las elecciones presidenciales de 1988 fue el principal candidato de oposición frente a Carlos Salinas de Gortari; la contienda quedó marcada por la “caída del sistema” y por denuncias generalizadas de fraude electoral.
En mayo de 1989 fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto con figuras como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Heberto Castillo, y fue su primer presidente nacional hasta 1993. Volvió a contender por la Presidencia en 1994 y en 2000.
En 1997 ganó la primera elección popular para la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, convirtiéndose en el primer jefe de Gobierno electo de la capital (1997-1999). Dejó el cargo para buscar de nuevo la Presidencia. Durante su administración impulsó obras de infraestructura y la rehabilitación de espacios públicos y deportivos, entre ellos la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.
Cárdenas es considerado una de las figuras centrales de la transición democrática mexicana. Su ruptura con el PRI, la candidatura de 1988 y la fundación del PRD abrieron espacio a una oposición de izquierda competitiva y contribuyeron a erosionar el sistema de partido hegemónico. En años posteriores mantuvo una presencia pública como referente moral y político de la izquierda, recibió la Medalla Belisario Domínguez (2011) y, en 2026, ocupó un cargo honorario en la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex.
Estuvo casado con Celeste Batel (fallecida en 2021); tuvieron tres hijos: Lázaro Cárdenas Batel, Cuauhtémoc y Camila. Su muerte cierra una etapa de la izquierda mexicana del siglo XX y principios del XXI.
Estatal
Tecate enfrenta disputa entre células delictivas: Carrillo
La disputa territorial entre células delictivas que operan en Tecate se ha intensificado por el reforzamiento de sus filas con integrantes provenientes de otros estados del país e incluso de naciones como Colombia y Guatemala, informó este miércoles el secretario de Seguridad Ciudadana.
Laureano Carrillo explicó que en el municipio se mantiene una confrontación entre grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Mayos, situación que ha contribuido a la incidencia de homicidios.
Indicó que, aunque las autoridades han realizado detenciones de presuntos integrantes y líderes criminales, las organizaciones continúan incorporando personas de otras entidades para mantener su capacidad operativa.
Detalló que entre los detenidos se encuentran personas procedentes de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Sonora, además de ciudadanos de Colombia y Guatemala, identificados durante operativos efectuados en Tecate, Mexicali y Tijuana.
El titular de Seguridad Ciudadana informó que sostuvo reuniones con el alcalde de Tecate y autoridades de las Fuerzas Armadas para fortalecer la coordinación y ampliar el despliegue de elementos.
Como parte de estas acciones, se prevé una mayor presencia de la Guardia Nacional, en apoyo a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
La estrategia contempla reforzar siete zonas identificadas como prioritarias en el municipio, cuyos detalles no fueron revelados para no comprometer los operativos.
Los cuestionamientos surgieron luego del asesinato de la agente Dafny Astrid Manzano Córdova, de 46 años, ocurrido el pasado 26 de octubre durante un operativo en la colonia Nido de las Águilas en Tecate.
Carrillo atribuyó el ataque a una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, en el contexto de la disputa con integrantes de la facción de Los Mayos.
Precisó que, por este hecho, se logró la detención de dos presuntos responsables, mientras que el individuo señalado como el que accionó el arma contra la agente ya está identificado y continúa pendiente su captura.
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