Pide Acción Nacional renuncia de gobernadora y fiscal
El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California exigió este martes la renuncia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y de la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, al sostener que la entidad enfrenta una «crisis integral» marcada por el incremento de las desapariciones, la inseguridad y presuntos actos de corrupción.
Durante una conferencia de prensa en Mexicali, la dirigente estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, afirmó que Baja California «está en el epicentro de los actos de corrupción de Morena y del narcogobierno», al asegurar que la entidad se encuentra bajo el foco nacional por los acontecimientos registrados durante el último año. Señaló que el manejo del caso relacionado con el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel «N», evidenció deficiencias en la actuación de la Fiscalía General del Estado y criticó que la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, no haya emitido, dijo, un pronunciamiento contundente sobre el tema.
Mata Lozano sostuvo que el caso de las desapariciones representa la situación más grave en materia de seguridad y calificó como una «vergüenza» la actuación de la Fiscalía y de las autoridades de seguridad, al considerar que la integración de investigaciones ha sido deficiente y ha afectado a las familias de las víctimas.

Por su parte, el vocero estatal del PAN, Cristopher Domínguez, presentó cifras que atribuyó al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno Federal. Afirmó que el 61 por ciento de las desapariciones registradas en Baja California han ocurrido durante la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda y aseguró que 2025 fue el año con la mayor cantidad de casos, al superar las cifras acumuladas durante los seis años del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
Según el panista, el número de personas desaparecidas pasó de 191 en 2021 a más de mil en 2025, lo que colocó a Baja California como la segunda entidad con más desapariciones del país, solo por debajo del Estado de México. Añadió que Tijuana concentra actualmente la mayor cantidad de casos a nivel nacional, con cerca de dos desapariciones diarias y más de 700 personas no localizadas durante 2025.
Domínguez también relacionó el aumento de las desapariciones con un presunto fracaso de la estrategia de seguridad, al señalar que, aunque los homicidios dolosos muestran una disminución, las desapariciones han incrementado y no forman parte de las estadísticas de incidencia delictiva.
En la misma conferencia, el regidor del Ayuntamiento de Mexicali, Manuel Rudecindo García, presentó una propuesta de tres acciones para fortalecer la corporación policial: que los directores y mandos se sometan anualmente y de manera voluntaria a exámenes de control de confianza con resultados públicos; realizar una depuración institucional basada en evaluaciones reales; y establecer la obligación de rendir cuentas sobre las operaciones de seguridad, especialmente en el Valle de Mexicali, donde señaló que persiste una crisis sin personas detenidas.
La diputada local Alejandrina Corral afirmó que el principal problema del estado es la «ingobernabilidad» y la «ineptitud» del gobierno estatal para atender sus responsabilidades. Anunció que el próximo 13 de agosto presentarán una solicitud de juicio político contra la gobernadora y reiteró la exigencia de renuncia de la fiscal general, al considerar que la integración del expediente contra Pedro Ariel «N» fue deficiente. Asimismo, pidió la salida del síndico procurador de Mexicali, Óscar Vega Marín; de la oficial mayor del Ayuntamiento, Claudia Beltrán; y de la alcaldesa Norma Bustamante.
En tanto, la diputada federal Eva María Vázquez Hernández informó que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar la información financiera, bancaria y patrimonial de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La legisladora explicó que la solicitud se basa en señalamientos difundidos públicamente sobre presuntas contrataciones de asesorías en el extranjero con un costo superior a los 300 mil dólares, de acuerdo con información periodística citada en el exhorto. Indicó que el objetivo es esclarecer el origen de los recursos con los que habrían sido cubiertos esos servicios y descartar posibles irregularidades o el uso indebido de recursos públicos.
Vázquez Hernández adelantó que, además del exhorto presentado en la Comisión Permanente, impulsará acciones jurídicas relacionadas con el caso y sostuvo que los recursos públicos deben transparentarse y utilizarse conforme a la ley.
Estatal
Reprime Olivos a trabajadores del SNTSS que piden rendición de cuentas
Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) sección VII, denuncian acoso laboral por parte del líder sindical César Eduardo González Rocha ante el ejercicio de sus derechos al promover un congreso extraordinario para pedir rendición de cuentas.
Empleados de Mexicali y Tijuana han recibido citatorios donde se les cita ante la Comisión de Honor y Justicia del sindicato ante acusaciones de “incitar a los trabajadores a formar grupos dentro del sindicato que tienden a su división o desmembramiento; solicitando documentos personales y firma de listado para solicitar congreso extraordinario que se encuentra fuera de lineamientos de nuestro marco estatutario”.
El sindicato promovió como falsa la invitación a firmar para pedir cuentas claras y la destitución del líder nacional, Rafael Olivos Hernández, además bloqueó los enlaces donde se podía pedir el documento de agremiado, necesario para firmar la solicitud del congreso extraordinario.

Hoy el SNTSS publica un desplegado en un diario local donde pide respeto a la institucionalidad y rechaza las campañas de desprestigio y respaldan al líder nacional, doctor Rafael Olivos Hernández.
Los trabajadores disidentes a nivel nacional están inconformes por el manejo de sus afores, todas de la empresa Siglo XXI Banorte, donde participa el líder nacional como parte del consejo de administración, además de la “Ley Mordaza” que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre, que prohíbe gravemente la libertad de expresión.
Entre otras consecuencias, se les sancionará por denunciar desabasto, difundir material de las condiciones internas como fotos y videos “si dañan la reputación de la institución o la cúpula sindical”, y lo que ya inició: la emisión de citatorios disciplinarios y amenazas de rescisión de contratos.
Para considerar propuestas de nuevo personal, se les pide como requisito su afiliación a Morena, lo cual pueden hacer en las propias oficinas sindicales.
Además, son obligados a pagar un seguro legal, cuya empresa es de la esposa del doctor Arturo Olivares Cerda, anterior secretario general del SNTSS, y actual diputado federal por Morena, presidente de la Comisión de Seguridad Social.
Los trabajadores demandan a González Rocha que respete lo dicho por el líder nacional tras las protestas por el aumento de sueldo; que no iba a haber represalias ni persecución a quienes se manifiesten.
Este jueves 29 y viernes 30 de octubre se llevarán a cabo las audiencias de los citados por la Comisión de Honor y Justicia. Son dos trabajadores de Tijuana y tres de Mexicali. Los disidentes están invitando a las prensa a acudir a las oficinas sindicales de la colonia Maestros Federales a las 10 de la mañana este jueves para ser testigos de la represión del SNTSS.
Estatal
Cuenta Unidad de Búsqueda con geo radar; Chan acude a jornada al valle
Un geo radar de última generación fue asignado a la Unidad de Búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, a través de la Comisión Local de Búsqueda, siendo el único del noroeste y el cuarto en el país que se utiliza para la localización de restos de personas desaparecidas.
El funcionamiento de este equipo fue mostrado hoy al director de la DSPM, Luis Felipe Chan, quien acudió a la jornada de búsqueda en el lado norte del poblado Miguel Alemán, donde el grupo interdisciplinario conformado por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Local de Búsqueda y la propia unidad que es parte de la Policía Municipal, localizaron numerosos casquillos.
Acudieron a esa jornada mujeres del colectivo Madres Unidas y Fuertes, y estudiantes de criminología de la Universidad Vizcaya, quienes platicaron con el director de policía y respaldaron el trabajo de la Unidad de Búsqueda.

También acudió Daniel Allende Reynoso, titular de Prevención y Proximidad Social de la DSPM, para conocer de primera mano el equipo y la dinámica de las búsquedas. Cerca de esa zona fue donde en 2023 se localizaron 23 cuerpos en igual número de fosas clandestinas.
El director anunció que pronto llegará a la Policía Municipal una unidad pick up doble tracción, la cual será asignada a la Unidad de Búsqueda para apoyar las jornadas en terrenos de difícil acceso.
Irma Leyva, vocera del colectivo Madres Unidas y Fuertes, pidió seguir respaldando el trabajo del equipo interdisciplinario con herramientas, capacitaciones, poder de decisión y sobre todo con la no rotación del personal, ya que quienes conforman dicho grupo de trabajo han acumulado experiencia importante en búsquedas y sobre todo, cuentan con la empatía y la motivación para desempeñar esa labor en condiciones climatológicas adversas y largas jornadas.
Estatal
Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios
Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.
La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.
También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.
La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.
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