COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Eugenio Rivera Millán

Arranca el 31 de agosto de 2026, ciclo escolar 2026‑2027

El Programa de Protección Integral Escolar (PIE) 2026, que incorpora como uno de sus anexos el Protocolo para la Protección e Integridad de los Derechos de las y los Trabajadores de la Educación, representa un avance que debe reconocerse. Por primera vez, Baja California admite que el ecosistema escolar enfrenta riesgos crecientes y que el magisterio ha operado durante años sin una protección clara frente a denuncias, presiones sociales y linchamientos digitales. Ese reconocimiento no resuelve el problema, pero abre la puerta para construir la ruta de protección y cuidado al magisterio que la reforma de 2019 prometió y que aún está pendiente.

La reivindicación y revalorización docente constituyen el eje político‑pedagógico central de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Desde la reforma constitucional de mayo de 2019, el gobierno federal anterior en su narrativa buscó reconocer al docente como agente de transformación social. Sin embargo, entre 2019 y 2026 el contexto cambió profundamente: la expansión de redes sociales, la viralidad de conflictos escolares, el uso de inteligencia artificial, el ciberacoso y el aumento de denuncias sin fundamento colocaron al magisterio en una posición de vulnerabilidad que la legislación aún no ha previsto ni resuelto.

El Protocolo para los Trabajadores de la Educación fija principios de dignidad, presunción de inocencia, debido proceso, confidencialidad e imparcialidad, y establece medidas frente a denuncias maliciosas. No es una legislación nueva: gran parte de su contenido ya existe en diversas normas. Su valor radica en compactar y visibilizar esos principios, y en incorporar la voz del magisterio para colocar un tema estructural que había sido ignorado.

Aun así, el diseño del PIE y del Protocolo deja claro que no son la solución completa. Lo nuevo no es el principio jurídico, sino el reconocimiento político y administrativo de que el sistema no estaba cumpliendo lo que prometió. Esa aceptación obliga a actuar para evitar que estos instrumentos queden en el papel o en el discurso.

El reto más complejo está en las denuncias. Regularlas no es sencillo. Cuando se trata de menores, el Estado tiene la obligación de escuchar, proteger y actuar con sensibilidad. Pero también debe evitar que denuncias falsas, maliciosas o manipuladas destruyan la vida de un docente, personal administrativo, auxiliares o intendentes, o generen conflictos comunitarios irreversibles. La protección de los trabajadores de la educación no compite con la protección de menores y mujeres; ambas deben coexistir en un sistema equilibrado. La línea entre una denuncia legítima y una falsa no siempre es evidente. En ocasiones, detrás de una acusación hay un conflicto escolar, una disputa familiar, un malentendido o un hecho grave que requiere investigación especializada. Por eso, el sistema no puede depender de un solo marco legal.

Actualmente, las denuncias se procesan bajo rutas distintas: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia protege a mujeres y niñas; el Código Penal atiende delitos; el Protocolo Docente protege a trabajadores de SE e ISEP; y el PIE clasifica riesgos, pero no define cómo se verifican. El resultado es un sistema fragmentado que genera incertidumbre para docentes, directivos, estudiantes y familias, y abre espacios para el uso indebido de denuncias falsas.

Para corregir esto, el PIE debería fortalecer áreas que hoy están subdesarrolladas: psicología escolar especializada, metodologías de prevención del conflicto, protocolos de entrevista a menores sin inducción, equipos interdisciplinarios de investigación y la vinculación con Consejos de Paz y Cultura de Paz que reconstruyan el tejido social escolar. La evidencia internacional demuestra que la mediación, los círculos restaurativos y la cultura de paz reducen la violencia, previenen denuncias precipitadas y ayudan a distinguir entre conflictos escolares y posibles delitos.

El ciclo escolar 2026‑2027, calendarizado del 31 de agosto de 2026 al 6 de julio de 2027, obliga a que estos avances se conviertan en práctica. Las escuelas abrirán sus puertas y el magisterio seguirá enfrentando denuncias legítimas y denuncias falsas, conflictos de convivencia, presiones en redes y expectativas sociales altas. El PIE y el Protocolo deben ser usados como punto de partida, no como punto de llegada.

La ruta que sigue requiere corresponsabilidad. Docentes, sindicatos y familias deben apropiarse de estos instrumentos y exigir continuidad: acuerdos de convivencia con reglas claras sobre denuncias y redes sociales; Consejos de Participación Social que funcionen; acompañamiento jurídico y orientación profesional con presupuesto asignado; y formación para madres, padres y alumnos que entienda que la denuncia es un mecanismo de protección, no de linchamiento.

Al mismo tiempo, el estado debe avanzar hacia una Ley Integral para Trabajadores de la Educación, una ley que articule lo que hoy está disperso: tipos de denuncias, rutas de atención, protección docente, convivencia escolar, participación social y uso responsable de redes. Es una oportunidad para actualizar la Ley del Servicio Civil y las leyes educativas locales, y promover, junto con diputadas y diputados federales, ajustes a la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación y el Código Penal. No se trata de confrontar a las autoridades, sino de completar lo que ya se reconoció como insuficiente y garantizar que estos instrumentos no queden en el papel.

El mensaje para los trabajadores de la educación y las familias debe ser claro: este es el momento de dar seguimiento, no de soltar el tema. Integrar el Protocolo en los Acuerdos de Convivencia Escolar, capacitar y orientar en el manejo de conflictos y denuncias verdaderas y falsas, asegurar investigaciones que protejan a las víctimas y respeten los derechos de los imputados, y reconstruir el tejido social mediante cultura de paz será clave para que el sistema escolar de Baja California avance hacia una protección real y sostenible.

* Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.