Algo cada día: Los enemigos están en Palacio
COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castilllo
Hay gobernantes derrotados por la oposición y otros derrotados por sus propios colaboradores. Todo indica que Marina del Pilar Ávila está entrando peligrosamente en la segunda categoría.
Porque cuesta trabajo creer que quien llegó a figurar entre las gobernadoras mejor evaluadas del país haya perdido tanto terreno en tan poco tiempo únicamente por culpa de sus adversarios políticos. La oposición en Baja California sigue siendo débil, dispersa y sin un liderazgo capaz de capitalizar el desgaste del gobierno. Entonces la pregunta obligada es otra: ¿quién está construyendo el desgaste?
La respuesta parece encontrarse dentro del propio Palacio de Gobierno.
Durante sus primeros dos años, Marina del Pilar construyó un activo político invaluable: una imagen cercana, fresca y comunicativamente eficaz. Esa fortaleza hoy prácticamente desapareció. No porque hayan surgido problemas —todos los gobiernos los enfrentan— sino por la manera en que se administraron.
La reciente crisis derivada de la difusión de un audio relacionado con presuntos contactos con autoridades estadounidenses y la contratación de un despacho jurídico norteamericano constituye quizá el mejor ejemplo de cómo una mala estrategia de comunicación puede convertir un problema en una crisis permanente.
La explicación oficial terminó generando más preguntas que respuestas. Decir que solamente hubo una conversación y que ningún abogado cobró honorarios difícilmente resulta convincente para una opinión pública que sabe perfectamente cómo funcionan los grandes despachos especializados en asuntos internacionales. No hacía falta alimentar teorías; bastaba con ofrecer una explicación sólida, transparente y verificable.
Pero nadie pareció advertirlo.
Y allí aparece el verdadero problema.
La gobernadora parece rodeada por un equipo incapaz de decirle cuando está equivocada. Peor aún: un grupo que confunde la lealtad con la obediencia y la estrategia con el control de daños improvisado.
Mientras las crisis se acumulan, la solución parece consistir únicamente en reducir las apariciones públicas, seleccionar cuidadosamente a los asistentes a los eventos oficiales y blindar cada acto para evitar expresiones de rechazo.
Eso no protege a un gobernante.
Lo aísla.
Las encuestas muestran una trayectoria irregular. Algunas registran recuperación parcial; otras reflejan una caída considerable respecto de los niveles alcanzados en 2024. Pero más allá del porcentaje específico, existe un dato imposible de ocultar: la conversación pública dejó de girar alrededor de los programas sociales o las obras para concentrarse en controversias, explicaciones insuficientes y problemas de credibilidad.
En política, cuando la agenda deja de ser tuya, ya estás jugando el partido del adversario.
Y Marina lleva varios meses haciéndolo.
Lo preocupante es que todavía parece no darse cuenta de que quienes más daño le han hecho quizá no sean quienes marchan frente a Palacio con pancartas, sino quienes diariamente se sientan a la mesa del gabinete convencidos de que todo marcha bien.
Porque el peor enemigo de un gobernante nunca es la crítica.
Es el adulador.
Si la gobernadora pretende recuperar parte del capital político que la llevó al poder, tendrá que hacer algo mucho más profundo que cambiar el discurso. Necesita renovar a quienes diseñan su comunicación, abrir espacios para la crítica interna, transparentar las decisiones controvertidas y volver a caminar entre ciudadanos sin escenarios controlados.
Todavía está a tiempo.
Porque existe una vieja máxima en la política mexicana que rara vez falla: el sexto año suele ser complicado para cualquier gobernador.
Pero el séptimo, cuando ya es exgobernador y desaparece el poder, suele cobrar todas las facturas que quedaron pendientes.
Cuando el silencio comunica más que los discursos
En política existe un indicador mucho más confiable que cualquier encuesta.
El ambiente.
Ese ambiente que se percibe cuando un gobernante entra a un evento público y los aplausos dejan de ser espontáneos; cuando los asistentes observan más de lo que celebran; cuando el entusiasmo se sustituye por la cortesía.
Eso comienza a ocurrir con Marina del Pilar Ávila.
No porque Baja California haya dejado de reconocer los programas sociales de su administración ni porque todas las críticas sean necesariamente justas. Ocurre porque la confianza pública es un activo extraordinariamente frágil.
Insisto: durante mucho tiempo la gobernadora fue uno de los rostros más competitivos de Morena a nivel nacional. Su popularidad la colocó en los primeros lugares de distintos estudios de opinión. Mientras otros mandatarios sobrevivían políticamente, ella parecía crecer.
Pero algo cambió.
Las controversias relacionadas con la revocación de su visa estadounidense, los cuestionamientos sobre seguridad, los audios difundidos recientemente y la percepción de opacidad terminaron desplazando completamente la narrativa gubernamental.
Hoy casi nadie habla de programas.
Todos hablan de crisis. Y esa transformación rara vez ocurre por casualidad.
La comunicación política tiene una regla elemental: cuando un gobierno permite que sus adversarios definan el tema de conversación durante semanas, ya perdió la primera batalla.
Eso ocurrió.
Cada explicación llegó tarde, incompleta o poco creíble.
Cada intento por cerrar una polémica terminó alimentando otra.
Mientras tanto, los ciudadanos comenzaron a llenar los vacíos de información con sospechas, especulaciones y versiones de terceros.
En política, los vacíos nunca permanecen vacíos.
Siempre alguien los ocupa.
Lo paradójico es que la gobernadora todavía conserva ventajas importantes. Sigue encabezando un gobierno respaldado por la estructura política más poderosa del país. Conserva una base electoral sólida y mantiene programas sociales con aceptación entre amplios sectores.
Lo que está perdiendo no es necesariamente votos.
Está perdiendo credibilidad.
Y cuando un gobernante comienza a perder credibilidad, recuperar la confianza cuesta mucho más que ganar una elección.
La pregunta ya no es si Marina del Pilar enfrentará nuevas crisis. Eso es inevitable.
La verdadera pregunta es si seguirá enfrentándolas con el mismo equipo que la condujo hasta este punto.
Porque si algo muestran estos últimos meses es que la gobernadora necesita menos operadores políticos dedicados a proteger su imagen y más asesores capaces de proteger su prestigio.
Son cosas completamente distintas.
Aún existe margen para corregir el rumbo, pero exige decisiones difíciles: una renovación profunda del equipo de comunicación, mayor transparencia frente a los temas incómodos, conferencias abiertas con preguntas sin restricciones, acercamiento directo con la ciudadanía y una agenda centrada nuevamente en resultados de gobierno, no en la administración permanente de escándalos.
En política, los errores cuestan.
La soberbia cuesta más.
Y rodearse únicamente de quienes siempre dicen que todo está bien puede terminar siendo el error más caro de todos.
Estatal
Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios
Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.
La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.
También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.
La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.
Estatal
El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto
El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.
Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.
“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.
Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.
“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.
Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.
El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.
Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.
Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.
Mexicali
Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes
Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.
De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.
Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.
Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.
El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.
Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.
Por su parte, la Secretaría de Educación, a través de ficha informativa, dijo que ya se está atendiendo el tema, y se enviaron las claves vacantes que había para asignación de DISICAMM.
«Así también, se validó para cubrir de manera interina, al docente que se encuentra en protocolo en la secundaria (el profesor que está a disposición)», precisaron.
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