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Protección Integral Escolar 2026: del papel a la acción pendiente en B.C.

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COLUMNA INVITADA/Por Guillermo E. Rivera Millán

En Baja California, la evolución normativa en materia de seguridad y protección escolar ha sido constante, pero también marcada por vacíos y retos. Hoy, con la recién socialización del Programa de Protección Integral Escolar 2026, se busca consolidar un marco robusto que atienda riesgos físicos, psicosociales y digitales, con fundamento en 44 normas y la identificación de 10 categorías de riesgo.

El Protocolo de Protección Integral Escolar de 2022 integró 24 normas y contempló diversos riesgos, pero quedó desfasado frente a reformas legales y nuevas necesidades operativas. Posteriormente, la tragedia del niño Damián —ocurrida en octubre de 2023— y el proceso judicial contra el profesor Esteban Canchola detonaron un debate amplio sobre la insuficiencia de los protocolos vigentes. De ese debate surgió el Proyecto técnico de actualización de 2025, que amplió el sustento a 38 normas e incorporó lineamientos omitidos, aunque nunca se implementó formalmente por el cuestionamiento de docentes y sindicatos respecto a la carga adicional que les generaba. Como respuesta inmediata, se elaboró la Guía Rápida de Actuación en Situaciones de Riesgo, también en 2025, que estructuró 4 riesgos generales y 15 modalidades. Hoy, ese camino desemboca en la construcción del Programa Integral 2026, que busca consolidar un marco más completo al arranque del ciclo escolar 2026‑2027.

El nuevo Programa contempla 10 riesgos principales: accidentes escolares bajo metodología SIPIR‑HT, situaciones de riesgo sexual, acoso escolar en varias modalidades, violencia entre niñas, niños y adolescentes, violencia digital con más de diez subtipos, maltrato en ámbitos escolar, familiar y comunitario, conducta suicida, uso y venta de drogas, omisión de cuidados atribuible a padres, docentes o directivos, y amenaza o atentado en la escuela, incluyendo bomba, armas y tirador activo. Además, se incorpora un segmento de orientación para estudiantes con discapacidad y trastornos del neurodesarrollo, y un protocolo de protección docente que garantiza principios de dignidad, presunción de inocencia, debido proceso, confidencialidad e imparcialidad, así como medidas contra denuncias falsas.

La construcción del Programa agradece la participación de los miembros del Colegio de Profesionistas de la Educación, así como de las organizaciones sindicales SNTE Sección 2, SNTE Sección 37, SETEBC, SIETEBC y STEBC, y de las dependencias de gobierno que acompañaron el proceso. Este respaldo colectivo aparentemente representa legitimidad y refuerza la corresponsabilidad en su aplicación.

Sin embargo, la realidad plantea cuestionamientos que no pueden ignorarse. Han pasado más de dos años y medio desde el accidente del niño Damián y, aunque se avanzó en protocolos, la respuesta institucional fue lenta y reactiva. Los ajustes más visibles parecen dirigidos a tranquilizar al gremio docente y sindical, pero falta involucrar de manera real a los consejos de participación social, a madres y padres de familia, a especialistas externos, las escuelas particulares y legisladores locales.

El Programa es ambicioso, pero no se ha definido con claridad qué recursos se destinarán para su implementación. Sin presupuesto adicional, sin plazas nuevas que atiendan riesgos y sin capacitaciones listas, la encomienda corre el riesgo de quedarse en papel. La Dirección de Participación y Convivencia Social, donde está el área de riesgos escolares, requiere personal y financiamiento para cubrir su operación en los siete municipios.

La metodología de actualización tampoco está clara: ¿cómo se adaptará a nuevas realidades, a cambios tecnológicos o a contextos sociales distintos? El Programa parece asumir que todas las escuelas están al 100% en infraestructura y recursos, lo cual no refleja la diversidad de condiciones en zonas rurales y marginadas. La falta de un enfoque territorial puede ser una debilidad crítica. También se observa que el Programa redacta lineamientos en áreas de seguridad, educación y laborales que no siempre son de su competencia directa, lo que puede generar conflictos de atribuciones. Por su parte, los diputados del Congreso aparecen desvinculados de la agenda de la Secretaría de Educación; legislan de manera desarticulada en temas educativos. El reto exige que todos se unan, definan con claridad cuánto presupuesto van a invertir y legislen lo que hoy se presenta como novedad en el Programa, para darle sustento legal y operativo.

El PIE cita a múltiples dependencias y actores, pero en la práctica no basta con mencionarlos: cada uno requiere presupuesto, personal capacitado y mecanismos de evaluación para que su participación sea efectiva. El Programa tampoco menciona la instalación de una mesa permanente de seguimiento y coordinación, que evalúe avances, ajuste protocolos y garantice que los recursos lleguen a las escuelas.

Sin un espacio interinstitucional fuerte, el PIE corre el riesgo de fragmentarse en esfuerzos aislados. Además, no se desarrolla el tema del seguro escolar y sus alcances, lo que deja sin respuesta cómo se cubrirán gastos médicos o indemnizaciones en casos de accidentes. Igualmente, la Nueva Escuela Mexicana exige atender realidades diversas: no puede aplicarse un documento único a contextos tan distintos como los de una escuela urbana y una rural o indígena. El Programa debe adaptarse a esas diferencias para ser realmente inclusivo y efectivo.

Aunque el Programa menciona los Acuerdos de Convivencia Escolar, deja en las escuelas la responsabilidad de desarrollarlos sin ofrecer lineamientos actualizados ni apoyo técnico. Tampoco define cómo se conectará con los Consejos Municipales de Paz y Tejido Social, ni con las medidas alternas de solución pacífica que fortalecen la cultura de paz.

El PIE 2026 representa un avance: amplía cobertura, fortalece el marco jurídico, incorpora inclusión y protege a los trabajadores de la educación. Pero la ruta debe ser clara: Más acción, diagnóstico e inclusión real, inversión significativa, capacitación y actualización constante, voluntad y legislación que respalde lo que hoy se presenta como novedad.

  • *Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y fundador de Justicia que Transforma México A.C.
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Estatal

Citan a inconformes del SNTSS pero les niegan expedientes

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Francisco Javier Aguilar Valdez fue el primer trabajador del estado citado por la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), acusado de dividir a la organización.

El empleado, originario de Tijuana, es señalado junto con otros cuatro sindicalizados por haber recabado firmas que piden una asamblea extraordinaria de rendición de cuentas, así como la dimisión del líder nacional Rafael Olivos Hernández.

También una trabajadora de Mexicali estaba citada hoy para responder a las acusaciones del sindicato.

El líder estatal del SNTSS, César Eduardo González Rocha, está acosando a los trabajores que manifiestan su inconformidad y causándoles actos de molestia, acusan los señalados.

Rubén Hernández González, enfermero especialista de la Clínica 18 de Tijuana, acudió hoy a recoger el expediente de su acusación, para poder mañana -día de du cita- defenderse de las acusaciones.

«Yo tengo cita el día de mañana a las 10 de la mañana… no sé específicamente qué es lo que tienen contra mí, qué pruebas tienen contra mí, ya que cuando me dieron el documento no viene donde especifica qué día, qué hora o qué acto hice indebido», indicó.

Hernández Gonzalez dijo que una compañería de Mexicali acudió al sindicato ayer a recoger du expediente, pero no se lo entregaron porque supuestamente no estaba el documento.

«Entonces mis compañeros vienen ahorita sin forma de defenderse porque el documento no estuvo con anterioridad… ahorita vienen a ciegas, no saben qué pruebas tienen en contra de ellos», subrayó.

Mañana se realizarán marchas en todo el país donde entregarán las firmas recabadas para pedir la destitución del líder nacional, solicitar rendición de cuentas ante las sospechas de irregularidades y protestar por la «ley mordaza», que impide a los trabajadores hacer pública cualquier inconformidad o situación dentro de las instaciones que dañe la reputación de la institución.

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Columna

Matices: La carta

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Margarita de Sánchez publicó una carta de apoyo de parte de militantes del PAN, entre los que están finísimos miembros de ese instituto político como Francisco «Kiko» Vega, Loreto Quintero, Rubén Alanís y otros.

La carta va dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Romero Herrera y a la líder estatal del partido, Lizbeth Mata Lozano,

En el documento, los firmantes señalan que Margarita Flores de Sánchez se encuentra registrada desde el 19 de junio de 2026 para la Coordinación Estatal de Patria, Familia y Libertad, por lo que al momento de la entrega del escrito han transcurrido 131 días desde su registro.

Esto parece ser, mas que una carta de apoyo, una petición de inclusión, como si le hubieran dicho que ya «la bajaron», pero a la vez es una sutil pedrada a Verónica Ruffo, al mencionar que el respaldo surge de manera libre, responsable y anticipada, y no de una “circunstancia momentánea” (¿Cómo la de la Ruffo?).

El documento subraya que este respaldo no busca sustituir los mecanismos institucionales del PAN, sino hacer del conocimiento de la dirigencia nacional que existe una expresión organizada de militantes y ciudadanos que ha decidido acompañar el proyecto de Margarita Flores de Sánchez.

Lo curioso es que en algunos chats de Whatsapp de los panistas hubo caras de sorpresa al ver sus nombres en esa lista, sin que les hubieran pedido su autorización.

Y la presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón, no se anduvo por las ramas y le pidió a Manuel Guerrero, el compadre de la gober, que vaya a ese puerto a atender las previsiones necesarias antes de otras lluvias para no repetir las tragedias de hace unas semanas por el paso de Rachel.

Manuel Guerrero puede seguir haciéndose pato, pero el colectivo Diamantina Rosa acaba de interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República ante quien resulte responsable incluyendo a personas servidoras públicas de Conagua, que en el ámbito de sus atribuciones pudieran haber incurrido en acciones y omisiones relacionadas con la prevención, vigilancia, mantenimiento, desazolve, limpieza, inspección o atención de los cauces de arroyos y zonas federales que pudieran representar un riesgo para la población de Ensenada.

El funcionario y recién casado, no se da por enterado de los oficios entregados por el Ayuntamiento, no contesta escritos, no contesta llamadas ni atiende las mesas de trabajo, y recordemos que Ensenada tiene 16 arroyos y 1 presa con invasiones, pero como la relación no es tan buena entre estado y ayuntamiento, pues parece que la instrucción es no atenderlo.

Y a propósito de inconscientes, al doctor Miguel Bernardo Romero Flores, no le importaron las advertencias sobre Rachel; él señor se fue a festejar su cumpleaños al otro extremo del país mientras el Hospital General de Ensenada se inundaba.

No tomó las precauciones necesarias, mínimo poner sacos de arena para bloquear las entrada de agua. Le valió un reverendo cacahuate. Y después del desastre tampoco vino corriendo a solucionar, solo se acercó a Ensenada cuando la gobernadora decidió hacer ahí la conferencia mañanera hace unas semanas.

Entre la agenda propuesta para este día estaba visitar el hospital dañado, pero el vicegobernador Ariel seguro lo sacó del programa y prefirió llevar a Marina del Pilar a las colonias fraccionadas y vendidas irresponsablemente por el INDIVI, cuestión que le reclamaron los colonos.

Quirófanos inundados tras el paso de Rachel en Ensenada.

Y finalmente, sobre el asunto de la maestría de Julieta Ramírez, pues resulta que su abogado, José Estrella Castro, es esposo de Reyna Terán Félix. ¿Y quién es esta Reyna? pues fue la directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC y su tutora de proyecto de estudio de caso de su maestría, el cual no parece por cierto, en el sistema del catálogo Cimarrón, del sistema de Bibliotecas de la UABC, como sí aparecen los de sus compañeros.

Tanta chanza le dieron, que le permitieron recursar con clases a distancia la materia que reprobó por inasistencias: Seminario de estudio de caso, donde Reyna se autoasigna de tutora a su amiga Julieta, a quien ya conocía desde que trabajaban juntas en los comedores comunitarios.

Reyna, a la izquierda de Julieta, en agosto pasado, cuando boletinaron (para ciertos medios) una reunión con el cuerpo consular de Baja California.
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Estatal

Fallece Cuauhtémoc Cárdenas, referente de la izquierda mexicana

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El tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas falleció hoy a los 92 años. Fue ingeniero civil y político de izquierda mexicano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano.

Nació el mismo año en que su padre asumió la Presidencia, por lo que pasó sus primeros seis años en la residencia oficial de Los Pinos. Estudió el bachillerato en el Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana y se tituló como ingeniero civil en la UNAM (1955). Trabajó durante años en proyectos de planeación regional y recursos hidráulicos, entre ellos en la Comisión del Río Balsas.

Militó 25 años en el PRI. Fue senador por Michoacán (1976-1980) y gobernador del mismo estado (1980-1986). En 1986 impulsó, junto con otros priistas, la Corriente Democrática, crítica de las prácticas de sucesión y del rumbo económico del partido. En 1987-1988 rompió con el PRI y encabezó el Frente Democrático Nacional. En las elecciones presidenciales de 1988 fue el principal candidato de oposición frente a Carlos Salinas de Gortari; la contienda quedó marcada por la “caída del sistema” y por denuncias generalizadas de fraude electoral.

En mayo de 1989 fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto con figuras como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Heberto Castillo, y fue su primer presidente nacional hasta 1993. Volvió a contender por la Presidencia en 1994 y en 2000.

En 1997 ganó la primera elección popular para la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, convirtiéndose en el primer jefe de Gobierno electo de la capital (1997-1999). Dejó el cargo para buscar de nuevo la Presidencia. Durante su administración impulsó obras de infraestructura y la rehabilitación de espacios públicos y deportivos, entre ellos la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Cárdenas es considerado una de las figuras centrales de la transición democrática mexicana. Su ruptura con el PRI, la candidatura de 1988 y la fundación del PRD abrieron espacio a una oposición de izquierda competitiva y contribuyeron a erosionar el sistema de partido hegemónico. En años posteriores mantuvo una presencia pública como referente moral y político de la izquierda, recibió la Medalla Belisario Domínguez (2011) y, en 2026, ocupó un cargo honorario en la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex.

Estuvo casado con Celeste Batel (fallecida en 2021); tuvieron tres hijos: Lázaro Cárdenas Batel, Cuauhtémoc y Camila. Su muerte cierra una etapa de la izquierda mexicana del siglo XX y principios del XXI.

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