En septiembre de 2026, Morena designó a Julieta Ramírez como coordinadora estatal “de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California” tras un proceso interno con aspirantes entre los que estaban Ismael Burgueño, Armando Ayala, Fernando Castro Trenti, Evangelina Moreno y otros.

El nombramiento se anunció en el World Trade Center de la Ciudad de México, con participación de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, y en el acompañamiento y posterior celebración estuvieron entre muchos otros, Rafael Buenrostro y Francisco Molina Pérez, personajes polémicos. El primero por haber sido mencionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como implicado en la red de huachicol y lavado de dinero; el segundo por haberse visto implicado en la comisión de al menos tres delitos, y aun así haber conseguido una carta de no antecedentes penales.
Por cierto, sería interesante saber quién fue quien lo metió a la planilla de los regidores.

Volviendo al tema y hablando de Estados Unidos, Ramírez fue mencionada a inicios de septiembre en un reportaje de N+ Focus, donde se le señalaba por haber firmado un supuesto proffer agreement con fiscales del vecino país para colaborar como testigo. Ramírez lo negó categóricamente, y Montiel la respaldó de inmediato.

Ramírez, nacida en 1995 en Mexicali, tiene una meteórica trayectoria política. Primero en el gobierno municipal de Mexicali como asistente de la hoy gobernadora y luego diputada federal en 2021, y finalmente senadora, donde fue tanto vocera del grupo parlamentario de Morena como de la campaña de Claudia Sheinbaum en 2024, sabiendo despegarse a tiempo de su padrino político, Adán Augusto López.

Montiel ofreció una conferencia de prensa hoy en Tijuana acompañada de Ramírez. Los puntos clave fueron: un respaldo firme a la designación de la cachanilla, pues los rumores de que no llegará a obtener la candidatura han estado fuertes desde el señalamiento de Buenrostro. “La coordinación de Julieta está claramente anunciada, determinada… ya Julieta es nuestra coordinadora y eso no va a cambiar”, dijo.

Montiel destacó la trayectoria de Ramírez, quien según ella tiene una “opinión positiva del pueblo de Baja California”. La presentó como relevo generacional que fortalece al movimiento e hizo hincapié en lanzar un mensaje de unidad.

Ramírez, por su parte, coincidió en la necesidad de buenos representantes, cercanía con el pueblo (lejanía con la prensa libre) y unidad para continuar la transformación. Señaló que no intervendrá en la selección de candidaturas a alcaldías y diputaciones, lo cual es difícil de creer.

Esta visita ocurre en un contexto de tensiones internas, ya que la también aspirante, Evangelina Moreno, no quedó satisfecha con el proceso de elección, además de los señalamientos contra Ramírez y su entorno por parte de estados Unidos.

Montiel usó esta visita para cerrar filas, proyectar unidad y neutralizar inconformidades, y este respaldo prioriza el resultado del proceso interno y la lealtad al proyecto sobre cuestionamientos internos o mediáticos. Manejó las acusaciones del país vecino como “guerra sucia” (su argumento favorito por lo visto) y vio su juventud como una ventaja, a pesar de que la gobernadora más joven en la historia está viviendo negros momentos debido a su inexperiencia y falta de preparación para el cargo. 

Francisco Javier Molina Pérez, regidor, aparece registrado en el sistema penitenciario federal en el expediente 2008/3056. De acuerdo con los datos del sistema de consulta, el 7 de julio de 2008, a las 15:10 horas, se registró su ingreso con la clasificación jurídica de “indicado” y tipo de seguridad mediana. La causa penal corresponde al número 2008/146, derivada de la averiguación previa folio 1683 de 2008 de la Agencia Federal de Investigación.

El asunto se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, bajo el fuero federal. El delito imputado fue posesión conforme al artículo 195 del Código Penal Federal, en la modalidad de posesión con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del mismo ordenamiento. En el sistema se conservan las fotografías de identificación del indicado, correspondientes a las vistas de frente, lado derecho y lado izquierdo.

El regidor Francisco Javier Molina Pérez obtuvo recientemente dos constancias actualizadas, ambas fechadas el 15 de octubre de 2026. La primera, emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California mediante el oficio SSC/DAI/CAP/137675-2026, indica que, tras la revisión en el Sistema de Verificación de Antecedentes Penales, no se encuentra antecedente penal por delito de carácter doloso del fuero común relativo a su persona.

Esa secretaría, encargada de emitir las cartas de no antecedentes, solo dijo que «hasta donde se tuvo conocimiento y revisión de los antecedentes penales de la persona señalada, no se encontró nada en el ámbito que le compete a las autoridades estatales, motivo por el que se expidió el acta de no antecedentes penales sin registro alguno».

¿Se le declaró inocente al final? ¿Le limpiaron los antecedentes como favor partidista? No lo sabemos y nadie sale a aclararlo, pero es grave que tenga antecedentes del fuero federal.

La segunda carta, expedida por la Dirección de Prevención y Reinserción Social con el folio CDAPF-2026-976132, señala que, después de una búsqueda exhaustiva en la Base de Datos del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria, no existe registro de sentencia condenatoria irrevocable de carácter penal del fuero federal pronunciada en su contra.

La información obtenida por fuentes oficiales que piden su anonimato y capturas de pantalla de registros de seguridad, indican que el regidor estuvo preso en en 2008 por posesión y en 2015 por lesiones calificadas, más otro registro del 2012 por robo de vehículo.

A pesar de la existencia de estos documentos y del registro histórico del expediente 2008/3056, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni la Fiscalía General del Estado de Baja California han querido emitir una postura oficial sobre el tema. Ese silencio resulta sospechoso, pues deja sin una aclaración pública la relación entre esos tres antecedentes.

Aun sin sentencia, haberse visto involucrado en tres delitos como que nos dice que el regidor no es precisamente un angelito. El regidor no ha salido a decir nada, a pesar de que se lo pedimos a través de Edgar Covarrubias. También solicitamos una postura a Sindicatura Municipal, y no hemos recibido respuesta. El que nada debe, nada teme.

Un análisis serio de este caso tiene dos escenarios posibles: que el partido haya sabido del expediente 2008/3056 y haya decidido silenciarlo, o que simplemente no haya realizado una revisión adecuada de antecedentes al momento de postular o incorporar a Francisco Javier Molina Pérez.

Si Morena conocía el registro de 2008 (una consignación federal por posesión de narcóticos en el Juzgado Primero de Distrito de Mexicali) y optó por no transparentarlo, el costo político es alto. En un partido que se ha presentado como regeneración ética frente a la “vieja política”, tolerar o proteger a un militante o regidor con un antecedente de esa naturaleza debilita su discurso moral.

Genera la percepción de que la exigencia de honestidad se aplica de forma selectiva -cuestión que parece es el sello de la casa de Morena en Baja California-: se critica con dureza a adversarios, pero se relativiza cuando el involucrado es propio.

Eso alimenta la narrativa de hipocresía, erosiona la confianza de sectores de su base que valoran la coherencia y entrega a la oposición un argumento fácil y contundente para acusar de doble moral.

Además, el silencio institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado —autoridades que dependen del gobierno estatal— refuerza la sospecha de protección política, aunque no demuestre por sí solo una orden directa del partido.

El segundo escenario, quizá más frecuente en la práctica política mexicana, es el de una revisión deficiente o inexistente de antecedentes. Admitir o postular a alguien sin checar exhaustivamente su historial refleja debilidad institucional interna. En un sistema donde los partidos son responsables de la calidad de sus candidaturas, y una falla de este tipo proyecta improvisación, falta de filtros y priorización de lealtades o cuotas sobre la idoneidad.

Para un movimiento que ha crecido con el discurso de “primero los pobres” y de limpieza pública, incorporar perfiles sin el debido escrutinio debilita su legitimidad cuando esos perfiles llegan a cargos de representación, porque el daño no es solo reputacional: también genera riesgos legales y de gobernabilidad. Un regidor con un pasado judicial, aunque no tenga sentencia condenatoria irrevocable según las constancias recientes, queda expuesto a cuestionamientos permanentes sobre su idoneidad ética, lo que puede entorpecer su trabajo y arrastrar al partido en cada controversia local.

En ambos casos, el resultado práctico es similar: pérdida de capital moral. Y como están las cosas de Baja California, con los señalamientos de contubernio entre el crimen organizado y la clase política, este escenario de tapar o no checar antecedentes, es más grave de lo que parece y puede ser un hilo de donde empezar a tirar.

¿A quién más le han limpiado el expediente?, ¿Es por esto que cierto grupo criminal a pesar de mil señalamientos carecía hasta hace poco de una carpeta de investigación en la FGE? No olvidemos que hay otros casos, como el del magistrado acosador, donde es a la víctima a quien quieren reubicar en vez que separarlo a él del cargo mientras investigan; o donde solo se entiende la mano negra de un panista cercanísimo al Gobierno Estatal detrás de la protección al regidor de Tijuana acusado dos veces por violación para que fiscalía no avance en esos casos a pesar de tener evidencia; o que no le haya pasado nada al acosador sexual amigo y protegido del hoy secretario de salud.

Cubrir un antecedente conocido es una decisión deliberada que implica complicidad; no haberlo revisado es negligencia. En el contexto actual de Baja California y del país, donde la percepción de inseguridad y de captura de instituciones por intereses opacos es alta, cualquier sombra de tolerancia hacia perfiles vinculados a delitos federales de narcóticos tiene un peso simbólico importante.

A principios del mes pasado, la dirigente estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, anunció que se habían registrado cinco personas para aspirar a la candidatura a gobernador dentro de ese instituto político: Eva María Vázquez, Margarita de Sánchez, Ignacio Anaya, Héctor Osuna Jaime y Mario García Franco.

Este último declinó más tarde a seguir en el proceso de selección, pero eso no reduce la lista a cuatro, pues la líder blanquiazul no descartó que se puedan agregar otros ciudadanos o militantes del partido a la contienda interna.

En esa conferencia dijo que se haría un foro ciudadano y luego una medición para elegir quién será el candidato, intentando darle transparencia a esa elección del PAN.

Mata Lozano no cerró la puerta porque ya había rumores sobre una posible invitación a Verónica Ruffo a participar, pero no desde el PAN bajacaliforniano, sino a 3 mil kilómetros de distancia, muy al estilo de Morena.

Muchos panistas están enojados por esta situación, pues la invitación viene de la dirigencia nacional, pasándose por el arco del triunfo la opinión del panismo bajacaliforniano.

Incluso, habiendo dos hombres inscritos, circuló una encuesta telefónica donde solo se medía a Eva María, Margarita y Verónica. Algunos se han quejado de que han ido a la Ciudad de México y no son recibidos por la dirigencia, y sienten ya los dados muy cargados.

Recordemos que Ernesto Ruffo ya no estaba en el PAN, sino en Somos, y supimos que existía Verónica porque encabezó y muy bien, la defensa de su padre. Ella no era conocida porque nunca estuvo involucrada con el partido ni tuvo cargos de elección popular.

Le ofrecieron la candidatura desde México por el efecto mediático del asunto de su padre sin tomar en cuenta que la realidad de Baja California solo la conocen quienes están acá. El PAN pretende dedazo, basado solo en la repentina atención de los reflectores hacia ella, y ya sabemos qué pasó la última vez que creyeron que ser conocida o famosa eran suficientes méritos para ganar una elección.

Ernesto Ruffo, conocedor como es de la política, fue el primero que debió decirle que “no le alcanza”, pero es muy tentadora la oportunidad de regresar a la esfera de influencia de la política a través de su hija. Si de por sí, parece que no le alcanza a la gente que lleva toda la vida en el PAN, con experiencia, cargos y trabajo partidista, menos a alguien que está en sus 15 minutos de fama.

Esa candidatura la hace muy chantajeable. “Supongamos” que los políticos emanados de Morena son vengativos y ruines. Entonces podrían alargar, entorpecer, engrosar y complicar el expediente de su padre para lograr objetivos que los beneficien a ellos mientras ella sea candidata.

El jueves pasado invitaron a una rueda de prensa donde Verónica daría a conocer su plataforma, aquí en Mexicali. Al llegar, había como 30 personas que también estaban convocadas y que no eran periodistas, por lo que la “rueda de prensa” se convirtió en un mitin político.

Antes de empezar el evento, los medios entrevistamos a la protagonista de la reunión, y ahí dijo que Armando Arjona -quien se registró para participar en la interna del PAN para la alcaldía de Mexicali-, era el artífice de ese evento. También dijo que no se veía militando en el PAN, y que ella hablaba como ciudadana apartidista.

Ya en la mesa, por un lado tenía a Elías Flores, un abogado en pleito constante con el diputado Juan Manuel Molina (además de haberle aplaudido al Titi en su gestión como fiscal), y por el otro a Arjona, quien vio la oportunidad de subirse a la ola de la Ruffomanía remasterizada y aumentar sus posibilidades de participar en la política, pues hay otros aspirantes a la alcaldía de la capital que se lo llevan de calle.

En esa reunión no había casi nadie del PAN, solo Rafael Morgan, quien se presentó como “político desempleado”, y Cuauhtémoc Cardona, el artífice de la carta de apoyo de los panistas a la candidatura de Gustavo Macalpin.

Las primeras palabras de Arjona como anfitrión y organizador del evento fueron para darle la bienvenida a Verónica y para pedirle que fuera candidata a la gubernatura (¿en nombre del PAN?, ¿en nombre de los ciudadanos?, ¿en nombre de los empresarios?). Luego hubo una ronda de presentaciones y resultó que casi todos eran empresarios, invitados de Arjona, y uno que otro desbalagado.

Ahí quedó en evidencia que detrás del impulso a la candidatura de la Ruffo, solo está Arjona, porque ahí no había ningún panista de peso ni grandes empresarios, que son los que le aportan dinero a las campañas.

Por lo visto la dirigencia nacional del PAN no está viendo la película completa, o ya pactó la derrota.