Exhorta Congreso a Gobernadora a sustituir titulares de Salud
La XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó un acuerdo mediante el cual exhorta a distintas autoridades federales y estatales a tomar medidas urgentes ante la crisis que enfrenta el sistema de salud en Baja California, incluyendo la separación de funcionarios y la posible intervención federal de hospitales de IMSS-Bienestar.
En un documento que trascendió hoy, remitido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, los legisladores solicitaron pedir a la federación que valoren la separación del cargo del coordinador del IMSS-Bienestar en Baja California, Miguel Bernardo Romero, al considerar que los resultados obtenidos en la atención de la crisis hospitalaria han sido insuficientes.
El acuerdo, propuesta de la diputada de MC; Daylín García, señala que existen reiteradas denuncias ciudadanas relacionadas con la falta de medicamentos e insumos médicos, además de una pérdida de confianza derivada de declaraciones públicas que, según el documento, no corresponden con la realidad denunciada por pacientes y personal de salud.
Asimismo, el Congreso exhortó a la titular del Poder Ejecutivo estatal a reconocer los problemas que enfrenta el sector salud y a destituir al secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, argumentando una insuficiente capacidad de gestión para atender la crisis del sistema estatal, persistentes problemas de abasto, rezagos en la atención médica y una respuesta deficiente a las denuncias de usuarios y trabajadores.

En un tercer punto, los diputados solicitaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruir una intervención inmediata del Gobierno Federal mediante la designación de un equipo técnico especializado o un delegado extraordinario con experiencia en administración de sistemas de salud.
La propuesta plantea realizar una evaluación integral de los hospitales de IMSS-Bienestar en Baja California, verificar el estado real del abasto de medicamentos e insumos, identificar necesidades de personal, equipamiento y cirugías pendientes, así como establecer un plan emergente para restablecer los servicios médicos de manera urgente.
El acuerdo fue firmado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Liliana Michel Sánchez Allende, y fue recibido el 5 de junio por diversas instancias del Gobierno del Estado, según los sellos oficiales que aparecen en el documento.
La resolución refleja el creciente nivel de preocupación de los legisladores por las condiciones del sistema de salud en Baja California y la demanda de acciones inmediatas para garantizar la atención médica de la población.
El diputado panista Diego Echevarría propuso también en la sesión del 4 de junio, un exhorto a Avila Olmeda para que considere, en el ejercicio de sus facultades y a través de las secretarías de Salud y Hacienda, que se realicen los estudios técnicos, financieros y jurídicos para determinar los mecanismos y la viabilidad para que Baja California se separe del sistema federal de IMSS Bienestar y regrese la operación del sistema sanitario al estado. Dicha propuesta fue aprobada y enviada a comisión para su análisis.
Estatal
El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto
El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.
Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.
“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.
Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.
“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.
Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.
El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.
Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.
Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.
Mexicali
Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes
Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.
De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.
Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.
Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.
El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.
Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.
Estatal
Transportistas mantienen paro nacional y realizan cierre parcial de vialidades
En el segundo día del paro nacional de transportistas, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) de Mexicali realizaron un cierre parcial de vialidades frente al edificio del Gobierno del Estado, en el Centro Cívico de Mexicali, para mantener sus manifestaciones y exigir respuestas concretas a sus demandas.
Ismael Reyes de la Rosa, delegado de la Canacar en Mexicali, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta que permita avanzar en la solución de sus planteamientos, por lo que continuarán con las acciones de protesta en espera de nuevas indicaciones de la dirigencia nacional.
Reconoció que Canacar no suele recurrir a este tipo de movilizaciones; sin embargo, sostuvo que las mesas de trabajo que durante años se han mantenido con las autoridades no han dado los resultados esperados.
El delegado explicó que, aunque existe información sobre la posibilidad de establecer un diálogo con las autoridades federales en las próximas horas, hasta el momento no cuentan con una confirmación concreta sobre los alcances o resultados de ese posible acercamiento.
Mencionó que la movilización realizada este día ya estaba contemplada dentro de las acciones del paro nacional, por lo que los transportistas procedieron a ejecutarla mientras esperan instrucciones de la dirigencia nacional de Canacar.
El representante transportista reiteró que el objetivo es lograr avances reales mediante acuerdos con las autoridades, ante la falta de resultados de los mecanismos de diálogo implementados anteriormente.
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