COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Llegó agosto antes de tiempo. No en el calendario, sino en la política mexicana. Comenzó oficialmente la temporada del acarreo, esa vieja tradición nacional que durante décadas fue exhibida como símbolo del autoritarismo, del clientelismo y de la simulación democrática.

Curiosamente, quienes más la condenaban hace apenas ocho años son hoy quienes la practican con mayor entusiasmo, mayores recursos y menor pudor.

Bastó que se acercaran los llamados informes, concentraciones políticas y actos de exaltación gubernamental para que cientos de autobuses, camiones, vans y toda clase de vehículos comunitarios reaparecieran y se multiplicaran en las carreteras de Baja California.

El sábado por la tarde, las calles de Mexicali ofrecieron una postal conocida: caravanas completas con destino al Auditorio del Estado para el informe de la senadora Julieta Ramírez Padilla.

Al mismo tiempo, desde distintos municipios se organizaban contingentes para viajar hacia Tijuana para llenar la Avenida Revolución y celebrar los supuestos logros de la presidenta Claudia Sheinbaum y la llamada Cuarta Transformación.

Nada nuevo bajo el sol. La diferencia es que ahora quienes organizan estos espectáculos juraban ser distintos.

Resulta difícil no recordar aquellos tiempos en que Morena denunciaba con indignación cada autobús contratado por los gobiernos priistas y panistas. Entonces el acarreo era corrupción. Era manipulación. Era una ofensa a la democracia. Era una prueba irrefutable de que el pueblo no acudía por convicción sino por obligación.

Hoy, sin embargo, parece que el acarreo cambió milagrosamente de naturaleza. Ya no es acarreo; ahora le llaman «movilización». Ya no son operadores políticos; son «promotores de la transformación». Ya no son beneficiarios presionados; son «ciudadanos comprometidos». Y ya no son recursos públicos; son, según la narrativa oficial, simples gastos logísticos para acercar al pueblo con sus gobernantes.

No importa que sigan faltando médicos y medicinas, que la inflación siga su curso y que la inseguridad avance por más que se maquillen las cifras oficiales.

La realidad es menos poética.

Miles de beneficiarios de programas sociales son convocados una y otra vez para servir de escenografía humana en eventos diseñados para alimentar proyectos personales. A ellos se suman los burócratas que entienden perfectamente que la invitación de sus superiores tiene mucho de obligatoria y poco de voluntaria.

El mensaje es sencillo: hay que llenar plazas, auditorios y avenidas para que las fotografías luzcan espectaculares y los videos transmitan una fuerza política que muchas veces no existe de manera espontánea.

Porque de eso se trata. No de rendir cuentas. No de informar. No de escuchar a la ciudadanía.
Se trata de producir imágenes.

Imágenes para redes sociales. Imágenes para los noticieros. Imágenes para las futuras campañas.
En teoría, los informes de actividades deberían ser ejercicios de transparencia. En la práctica, se han convertido en actos anticipados de promoción política disfrazados de rendición de cuentas.

Algunos ni siquiera esperan los tiempos establecidos y adelantan sus informes porque las aspiraciones electorales tienen prisa.

Lo verdaderamente indignante es el costo. Cada autobús contratado, cada litro de combustible consumido, cada estructura de movilización desplegada representa dinero que sale directa o indirectamente del bolsillo de los contribuyentes. Recursos públicos utilizados para satisfacer el ego de funcionarios que necesitan auditorios llenos para convencerse de su propia relevancia.

La ironía es brutal.

Los mismos que prometieron acabar con las viejas prácticas del régimen terminaron perfeccionándolas. Los mismos que denunciaban el corporativismo ahora dependen de él. Los mismos que aseguraban que el pueblo acudía libremente a respaldarlos son incapaces de arriesgarse a convocar sin garantizar previamente el transporte, la logística y la presión política necesaria para asegurar el lleno.

El acarreo sigue siendo acarreo, aunque le cambien el nombre. Sigue siendo una deformación de la vida democrática, aunque se envuelva en discursos de transformación. Y sigue siendo una falta de respeto para los ciudadanos, aunque los organizadores se empeñen en presentar cada autobús repleto como una muestra genuina de entusiasmo popular.

La temporada apenas comienza. Y todo indica que veremos muchos más camiones, muchas más plazas llenas y muchas más fotografías cuidadosamente encuadradas. Lo que sigue ausente es precisamente aquello que prometieron traer: una nueva forma de hacer política.

El barril sin fondo del ISSSTECALI

Hay una máxima en las finanzas públicas que la clase política de Baja California insiste en ignorar: no se puede sanar un cuerpo enfermo inyectándole sangre si la hemorragia interna sigue abierta.

El ISSSTECALI se desangra. Con un déficit actuarial que supera la escalofriante cifra de 312 mil millones de pesos, la institución de seguridad social del estado camina directo al abismo, arrastrando consigo la viabilidad financiera de municipios enteros y del propio presupuesto educativo. Pero mientras el barco se hunde, la tripulación en el puente de mando sigue acomodando los sillones.

El reciente e implacable informe del Observatorio Ciudadano de Baja California (OBSERBC) no es un frío legajo de números; es la radiografía de una indolencia burocrática institucionalizada. Es inadmisible que, durante once años consecutivos, bajo el mando de cuatro directores distintos, la introducción de las Cuentas Públicas haya sido copiada y pegada textualmente, cambiando solo la fecha.

Esa inercia del copy-paste no es un simple descuido administrativo; es el reflejo de una apatía profunda, una simulación donde lo importante es cumplir con el trámite burocrático en el Congreso mientras el fondo de pensiones colapsa.

Es aquí donde la mirada se posa, inevitablemente, sobre su actual director, Luis Gilberto Gallego. Al asumir el timón de una institución en quiebra técnica, las prioridades tendrían que ser de una disciplina quirúrgica. Sin embargo, en plena tempestad, el instituto se dio el lujo de diseñar cuatro nuevos departamentos administrativos —Coordinación de Cuenta Pública, Emisiones, Revisiones Administrativas y Sub-recaudación— a un costo de 700 mil pesos anuales cada uno.

Lo grave no es solo el gasto; lo verdaderamente ácido es que estas «jefaturas» se crearon violando la propia norma orgánica, pues no cuentan con personal operativo a su cargo. Son estructuras vacías, jefes sin batallón, creados aparentemente para engordar el aparato estatal o saldar compromisos de escritorio.

Si Luis Gilberto Gallego quiere demostrar un interés genuino y una preocupación real por salvar al ISSSTECALI, tiene que pasar de los lamentos públicos a las cirugías mayores. El verdadero saneamiento financiero no comenzará pidiendo más ampliaciones presupuestales al Gobierno del Estado para tapar el bache del mes; comenzará limpiando la casa por dentro. Urge una reingeniería burocrática que extirpe la grasa administrativa y la opacidad.

¿Dónde está la preocupación del director cuando vemos que los servicios financieros y bancarios se dispararon de un presupuesto de 9.9 millones a 781 millones de pesos ejercidos en un año? ¿Cómo se justifica que más del 70% de las compras de medicamentos ocurran fuera de licitaciones públicas transparentes?

Si hay voluntad política, el director debe ordenar hoy mismo una auditoría de puestos, congelar de manera absoluta las plazas administrativas vacantes y revisar con lupa las Condiciones Generales de Trabajo.

No es justo que los ciudadanos y los trabajadores que sí cotizan subsidien rifas millonarias y bonos discrecionales para una cúpula burocrática atrincherada.

Entrarle en serio al ISSSTECALI exige humanizar el problema. Detrás de las frías gráficas del déficit hay maestros jubilados con nombres y apellidos esperando medicamentos que no llegan y hospitales saturados. Cada peso que se gasta en una jefatura fantasma o en comisiones bancarias opacas es un peso que se le roba a la salud de los derechohabientes.

La moneda está en el aire para Luis Gilberto Gallego. O pasa a la historia como el director que se atrevió a desmantelar los feudos burocráticos y negociar las duras verdades con el sindicato, o se convertirá en un nombre más de la lista de aquellos que prefirieron la comodidad de aplicar el copy-paste mientras el instituto terminaba de quebrar.

Para salvar al ISSSTECALI ya no quedan parches contables; solo queda la valentía de la reingeniería estructural. La burocracia ya no puede seguir devorándose el futuro de Baja California.