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Denuncia regidora a Dagnino por violencia política

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La regidora Rosa Amelia Cortez Gómez, del I Ayuntamiento de San Felipe, presentó una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) por presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) cometidos por el presidente municipal José Luis Dagnino López, la secretaria de Gobierno Municipal Bianca Yolanda Romero López y el regidor Jaime Armando Márquez Pérez.

La denuncia, radicada con el expediente IEEBC/UTCE/PES/17/2026, se basa en tres bloques de hechos ocurridos durante sesiones extraordinarias de Cabildo (34ª, 35ª y 46ª) entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

Cortez Gómez acusa al alcalde de corregirla públicamente de forma burlesca (“no es despensa, es dispensa”), someterla a interrogatorios descalificatorios sobre sus conocimientos, utilizar trato diminutivo (“regidora Rosita”), prejuzgar su solicitud de licencia y, en un caso, impedirle ejercer su derecho al voto.

Según la denunciante, estos actos se dirigieron exclusivamente a ella —la única regidora mujer en el contexto destacado— y responden a estereotipos de género, reproduciendo patrones como el “mansplaining” y la infantilización.

La Comisión de Quejas y Denuncias del IEEBC sesionará este 28 de mayo de 2026 para resolver la solicitud de medidas cautelares.

El proyecto de acuerdo, al que tuvo acceso este medio, propone conceder oficiosamente la medida respecto a ordenar a la Presidencia Municipal y a la Secretaría Fedataria abstenerse de limitar o negar el ejercicio del voto de la regidora mientras se sustancia el procedimiento y negar las peticiones respecto a las quejas sobre correcciones en público y trato en diminutivo.

La Comisión basa su posición principalmente en que, desde una perspectiva preliminar, no se advierte violencia política de género ni afectación grave a los derechos político-electorales de la denunciante, calificando las expresiones como parte del debate político natural.

Un análisis técnico detallado del proyecto —circulado en círculos políticos y jurídicos— señala graves vicios en el documento, como la omisión del análisis individual de dos denunciados (Bianca Yolanda Romero López y Jaime Armando Márquez Pérez).

También en errores en la aplicación del test de la jurisprudencia J. 21/2018 de la Sala Superior del TEPJF, sobre confusión entre elementos de tipo de violencia y elementos de género.

Otro punto es la contradicción interna al conceder oficiosamente la protección al voto, la propia Comisión reconoce riesgo de reiteración de la conducta e inconsistencias con el Acuerdo de Análisis de Riesgo emitido por el mismo Instituto apenas tres días antes, entre otros.

El análisis considera que estos defectos hacen al proyecto “técnicamente deficiente y materialmente combatible” tanto en la sesión como, eventualmente, vía juicio para la protección de los derechos político-electorales.

Este no es el primer caso de este tipo en San Felipe. Existe un expediente conexo (PES/19/2025) contra el mismo presidente municipal por hechos similares, y el IEEBC ya había emitido un análisis de riesgo el 25 de mayo de 2026.

La resolución que adopte mañana la Comisión de Quejas y Denuncias será clave, pues podría marcar precedente sobre cómo las autoridades electorales locales manejan las denuncias por violencia política de género en Baja California.

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Estatal

El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto

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El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

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Mexicali

Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes

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Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.

De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.

Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.

Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.

El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.

Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.

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Estatal

Transportistas mantienen paro nacional y realizan cierre parcial de vialidades

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En el segundo día del paro nacional de transportistas, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) de Mexicali realizaron un cierre parcial de vialidades frente al edificio del Gobierno del Estado, en el Centro Cívico de Mexicali, para mantener sus manifestaciones y exigir respuestas concretas a sus demandas.

Ismael Reyes de la Rosa, delegado de la Canacar en Mexicali, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta que permita avanzar en la solución de sus planteamientos, por lo que continuarán con las acciones de protesta en espera de nuevas indicaciones de la dirigencia nacional.

Reconoció que Canacar no suele recurrir a este tipo de movilizaciones; sin embargo, sostuvo que las mesas de trabajo que durante años se han mantenido con las autoridades no han dado los resultados esperados.

El delegado explicó que, aunque existe información sobre la posibilidad de establecer un diálogo con las autoridades federales en las próximas horas, hasta el momento no cuentan con una confirmación concreta sobre los alcances o resultados de ese posible acercamiento.

Mencionó que la movilización realizada este día ya estaba contemplada dentro de las acciones del paro nacional, por lo que los transportistas procedieron a ejecutarla mientras esperan instrucciones de la dirigencia nacional de Canacar.

El representante transportista reiteró que el objetivo es lograr avances reales mediante acuerdos con las autoridades, ante la falta de resultados de los mecanismos de diálogo implementados anteriormente.

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