COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo
En medio de la preocupación creciente por los accidentes automovilísticos que han cobrado vidas y dejado heridos en las calles de Mexicali, el gobierno municipal plantea lo que denominó un “Plan Integral de Seguridad Vial”.

En teoría, se trata de una estrategia preventiva para reducir siniestros, mejorar la movilidad y fortalecer la cultura vial. En los hechos, sin embargo, el documento presentado dista mucho de ser un verdadero plan estratégico. Más bien parece un listado de buenas intenciones, redactado con conceptos generales, pero carente de los elementos técnicos indispensables para enfrentar un problema que ya tiene dimensiones de crisis urbana.

Un plan estratégico, por definición, debe partir de un diagnóstico sólido y sustentado en datos. Debe identificar con precisión dónde ocurren los accidentes, a qué horas, por qué causas, qué perfiles de conductores están involucrados y cuáles son las intersecciones más peligrosas.

Nada de eso aparece con claridad en el documento presentado y que ha circulado entre periodistas. Se mencionan algunas vialidades donde se concentran siniestros, pero no se ofrecen estadísticas, tendencias ni análisis técnico que permita entender la magnitud real del problema. Sin diagnóstico no hay estrategia; lo que queda es una declaración de intenciones.

El documento también plantea objetivos que, aunque loables, son demasiado genéricos. “Reducir muertes y lesiones graves”, “disminuir accidentes mediante prevención” o “incrementar la seguridad en la vía pública” son aspiraciones compartidas por cualquier ciudad del mundo. El problema es que no se establecen metas concretas ni indicadores verificables.
¿Cuánto se pretende reducir los accidentes? ¿En qué plazo? ¿Cómo se medirá el avance? Un plan serio establece metas cuantificables y mecanismos de evaluación periódica. Aquí no existen.

Otro vacío importante es la ausencia del “cómo”. El texto enumera acciones como la operación por cuadrantes, la profesionalización del personal o la reforma al reglamento de tránsito. Pero no explica de qué manera se implementarán estas medidas, cuántos recursos humanos se requerirán, qué áreas serán responsables ni cuáles serán los tiempos de ejecución. En términos prácticos, no hay una hoja de ruta que permita pasar de las palabras a los hechos.

El documento tampoco incluye un presupuesto. Este punto es fundamental. Cualquier política pública que pretenda transformar la seguridad vial necesita recursos para infraestructura, tecnología, capacitación y vigilancia. Sin una estimación financiera, el plan queda en el terreno de lo declarativo. Es imposible saber si las propuestas son viables o si se trata simplemente de una lista de ideas sin respaldo económico.

También llama la atención la limitada presencia de tecnología en la estrategia planteada. En la actualidad, las ciudades que han logrado reducir de manera significativa los accidentes viales han incorporado herramientas como semaforización inteligente, radares de velocidad, sistemas de monitoreo con cámaras, análisis de datos de tránsito y centros de control de movilidad.
El documento municipal apenas menciona de manera tangencial algunos elementos de gestión, pero no plantea un sistema integral que utilice tecnología para prevenir y controlar conductas de riesgo en las vialidades.

Otro aspecto que queda fuera del enfoque del plan es la ingeniería vial. La seguridad en las calles no depende únicamente de operativos policiales o campañas de cultura vial. También depende del diseño de la infraestructura urbana. Intersecciones mal diseñadas, señalización deficiente, iluminación insuficiente o semáforos mal sincronizados pueden convertirse en factores determinantes de los accidentes. Un verdadero plan integral debería incluir intervenciones concretas para rediseñar los puntos críticos de la ciudad. En el documento presentado, este tema aparece de forma marginal.

La parte dedicada a la cultura vial tampoco escapa a la generalidad. Se mencionan campañas de sensibilización y jornadas educativas, lo cual siempre es positivo. Pero nuevamente surge la misma pregunta: ¿cómo se desarrollarán?, ¿con qué alcance?, ¿qué instituciones participarán?, ¿cómo se evaluará su impacto? Sin un programa estructurado, las campañas suelen quedarse en esfuerzos aislados que se diluyen con el tiempo.

Quizá el problema de fondo es que el documento parece haber sido concebido más como un mensaje político que como un instrumento técnico de planeación. Se presenta bajo el nombre de “plan integral”, pero en realidad funciona como un marco conceptual preliminar. Para una ciudad que enfrenta un incremento visible de accidentes, esta diferencia no es menor. La seguridad vial exige diagnósticos rigurosos, decisiones basadas en evidencia y estrategias operativas claras.

Mexicali necesita, sin duda, una política pública sólida para enfrentar la problemática vial. La ciudad ha crecido, el parque vehicular se ha multiplicado y las vialidades principales operan muchas veces al límite de su capacidad. A esto se suman conductas de riesgo como el exceso de velocidad, el uso del teléfono celular al conducir o la conducción bajo efectos del alcohol. En ese contexto, un plan de seguridad vial no puede quedarse en la superficie.

Las autoridades municipales tienen todavía la oportunidad de fortalecer esta propuesta. Convertir un documento general en un verdadero plan estratégico implica incorporar datos, establecer metas medibles, definir responsabilidades institucionales, asignar recursos y diseñar un cronograma de ejecución. También requiere abrir el proceso a especialistas en movilidad, urbanismo y seguridad vial, así como a la participación de la sociedad.

La seguridad en las calles no admite improvisaciones. Cada accidente grave que ocurre en una avenida de la ciudad es un recordatorio de que la movilidad urbana no es solamente un asunto de tránsito, sino de salud pública, de planeación urbana y, sobre todo, de responsabilidad gubernamental.

Si se quiere enfrentar el problema con seriedad, el primer paso es reconocer que un plan sin diagnóstico, sin presupuesto y sin mecanismos claros de implementación difícilmente podrá cambiar la realidad que hoy viven miles de automovilistas, peatones y ciclistas en Mexicali.