Matices: las propuestas de AMLO
El anuncio sobre las propuestas de modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos anunciado desde esta mañana, tiene sus claroscuros.
Algunos puntos son de elemental justicia, pero otros encierran un peligro que va más allá del disfraz inocente que quiere darle Andrés Manuel López Obrador. De ellos vamos a hablar.
El primer punto: reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos. Aquí en cinco años de gobiernos morenistas, los Cucapá han visto su situación ir a peor; una comunidad pesquera a la que se le ponen restricciones y condiciones que los ponen en desventaja. O será que hay que esperar a que lo diga la constitución para “reconocerlos”.
El punto 8 sobre el respeto a las zonas con escasez de agua y el sólo otorgar concesiones para uso doméstico. Ya vimos aquí en Mexicali lo que en realidad significa. A raíz de la fotografía de los directivos de la embotelladora de agua Niágara junto a la alcaldesa, se desató una guerra de declaraciones entre Norma Bustamante y Marina del Pilar, para finalmente decir que Niágara va, y que es porque “es para uso doméstico”.
Embotellar agua es una actividad industrial, pero Morena que todo lo purifica, indicó a través de la gobernadora que como el agua es para consumo humano, pues califica como uso doméstico. ¿Y la Constellation? Preguntarán ustedes. Pues no es lo mismo, dicen los guindas, ya que esa cerveza era de exportación y no la consumiríamos aquí. De ese tamaño la maroma.
El punto 14, sobre apoyos a campesinos, se sigue pensando en la agricultura de hace 100 años, donde se apoya y beneficia al autoconsumo, mientras a los grandes productores se les deja cada vez más solos, como ya vimos con los trigueros aquí en Mexicali.
El punto 15, sobre devolver a la CFE su carácter de empresa pública, “estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional”, pues bueno ojalá la gobernadora le explique al presidente que en Baja California tenemos un déficit energético y que Baja California ni está conectado al resto del país. Si ni siquiera es autosuficiente para abastecer energía al país, no puede aventarse el paquete sola.
El punto 16 es una mala broma. Habla de la reducción de gastos para campañas y partidos políticos, mientras vemos un estado tapizado de espectaculares, bardas y lonas con aspirantes de Morena. El buen juez, por su casa empieza.

Aquí vienen los puntos más delicados. La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Es como la estrategia que usamos las madres con los hijos pequeños cuando ellos quieren empezar a decidir la ropa que usan, y les damos a elegir dos o tres opciones; en realidad escojan lo que escojan, al final lo hemos decidido nosotras.
El punto 17, integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional “para evitar corrupción”, como si el ejército fuera garantía de honestidad, como ya vemos en las aduanas, donde la corrupción no ha terminado.
Finalmente, el punto 20, eliminar los organismos autónomos, la propuesta va así, de acuerdo al documento de propuesta enviado por el presidente al Congreso de la Unión. Las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, pasarían a la Secretaría de Economía. El Instituto Federal de Telecomunicaciones pasa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, pasan a la Secretaría de Energía. La del Sistema Nacional de Mejora Continua a la Educación, van a la Secretaría de Educación Pública.
La situación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es más compleja. Por lo que respecta a la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, así como la política de transparencia, se trasladaran a la Secretaría de la Función Pública en lo que respecta a la Administración Pública Federal; al órgano de control y disciplina del Poder Judicial; a los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos; y a las contralorías del Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia. Se replica esta estructura en el ámbito estatal con sus contralorías o áreas homólogas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por lo que hace a los partidos políticos, se trasladaría la tutela al Instituto Nacional Electoral y por lo que toca a los Sindicatos, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de conciliación y Arbitraje, en atención a sus apartados. Y en lo referente a la tutela y protección de los datos personales en posesión de particulares, las atribuciones y obligaciones quedarían a cargo del Ejecutivo Federal, conforme se determine en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La situación de Baja California no es única; las entidades donde gobierna Morena no son las más transparentes, y aquí varios ejemplos.
Por decisión de Gobierno del Estado, se dejaron de hacer públicas las bitácoras de la aeronave donde se transporta Marina del Pilar, sus funcionarios y amigos.

A pesar de haber solicitado innumerables veces los contratos de publicidad de Gobierno del Estado, no se ha otorgado esa información. La pequeña parte de los contratos que sí ofrecieron, dejan ver que el verdadero monto dedicado a la promoción de las acciones de la mandataria y su gabinete es muchísimo mayor de lo que indica el presupuesto de egresos.
La información en el portal de transparencia referente al Poder Ejecutivo es muy escasa. Al gobierno de Marina de Pilar no le interesa y por supuesto no quiere hacer pública la información que debería ser pública, ya que la pagamos todos. La transparencia, uno de sus ejes rectores en la campaña a la gubernatura, fue puro cuento.
Ni como alcaldesa de Mexicali ni como gobernadora, firmó con el Instituto de Transparencia el acuerdo que normalmente se signa al entrar una nueva autoridad. Un gesto que es más protocolario que ejecutivo, pero que dice mucho.
“No es necesario firmar nada” dijo enojado el ahora secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez, “si quieren la información, se las damos”, y pues nada, mentiras y dar largas, dos de las armas favoritas de los morenistas.
Ojalá que nos demos cuenta del alcance de estos puntos delicados propuestos por el presidente. Nadie que pretenda apegarse a la ley, desaparece los contrapesos; a quien actúa con opacidad, no le gusta la transparencia.
Estatal
Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios
Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.
La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.
También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.
La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.
Estatal
El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto
El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.
Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.
“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.
Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.
“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.
Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.
El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.
Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.
Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.
Mexicali
Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes
Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.
De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.
Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.
Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.
El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.
Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.
Por su parte, la Secretaría de Educación, a través de ficha informativa, dijo que ya se está atendiendo el tema, y se enviaron las claves vacantes que había para asignación de DISICAMM.
«Así también, se validó para cubrir de manera interina, al docente que se encuentra en protocolo en la secundaria (el profesor que está a disposición)», precisaron.
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