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Pacto de Rocha Moya con el narco, base de las acusaciones de Estados Unidos

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La acusación formal que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal, detalla su presunta participación en la asociación delictuosa con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa para facilitar la importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Según el documento judicial, los acusados -que ocupaban cargos clave en seguridad, procuración de justicia y administración estatal-, recibieron millones de dólares en sobornos procedentes del narcotráfico a cambio de brindar protección al cártel. Entre las acciones que se les imputan se encuentran: avisar con anticipación sobre operativos policiales y militares, liberar a miembros del cártel detenidos, permitir el libre tránsito de cargamentos de drogas y, en algunos casos, participar directamente en actos de violencia contra enemigos de “Los Chapitos”.

Rubén Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde noviembre de 2021, es señalado como uno de los principales acusados. La fiscalía afirma que, antes de su elección en junio de 2021, Rocha Moya se reunió con líderes de Los Chapitos, entre ellos Iván y Ovidio Guzmán, y pactó su apoyo a cambio de colocar en puestos estratégicos a funcionarios afines al cártel. Se le acusa también de haber permitido que la facción operara con total impunidad en el estado una vez que asumió el cargo.

Entre los otros acusados destacan Enrique Inzunza Cázares, actual senador por Sinaloa y exsecretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del estado; los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.

La acusación detalla que varios de estos funcionarios recibían sobornos mensuales fijos. La fiscalía incluso presentó como evidencia listas manuscritas de pagos entregadas al “jefe de plaza” de Culiacán, en las que aparecen los nombres o alias de algunos acusados junto con las cantidades que recibían mensualmente.

Además de la protección a las actividades de narcotráfico, se imputa a algunos de los acusados haber participado en actos de violencia grave. Un caso específico mencionado es el secuestro y asesinato, en octubre de 2023, de una fuente confidencial de la DEA y varios de sus familiares —incluido un menor de 13 años—, en represalia por su colaboración con las autoridades estadounidenses.

El documento describe al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más violentas y prolíficas del mundo, responsable principal del flujo de fentanilo que ha causado miles de muertes en Estados Unidos. Tras las detenciones de Ovidio Guzmán y “El Mayo” Zambada, el cártel se encuentra dividido en facciones, con Los Chapitos como una de las más poderosas y violentas.

La acusación incluye dos cargos principales: asociación delictuosa para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en el marco de esa conspiración. De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua.

Esta es una de las acusaciones más graves jamás presentadas contra un gobernador mexicano en funciones por presuntos vínculos directos con el narcotráfico. Hasta el momento, los acusados se presumen inocentes y ninguno ha sido detenido por las autoridades estadounidenses.

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Estatal

Estigmatiza Julieta Ramírez a la prensa en su podcast

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La estigmatización de la prensa y los cuestionamientos al trabajo periodístico forman parte de la confrontación pública que rodea a la política bajacaliforniana, en un contexto en el que la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, ha denunciado presuntas campañas de desprestigio en su contra y ha cuestionado -y evadido- la cobertura de distintos medios de comunicación.

En la edición de este lunes, de su podcast “Enlace informativo”, la legisladora sostuvo que algunas publicaciones responden a una estrategia para dañar su imagen y la de su movimiento político. En agosto pasado, aseguró haber identificado cerca de un millón de pesos en publicidad negativa en redes sociales, mientras que en septiembre rechazó información periodística relacionada con un supuesto acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses, que calificó como falsa.

La controversia plantea una discusión sobre los límites entre la crítica legítima a los medios, el derecho de réplica de los actores políticos y la descalificación del ejercicio periodístico, sobre a la luz de las no-invitaciones a diversos medios críticos a sus ruedas de prensa en Mexicali.

Centrada en el tema publicado por el medio digital nativo “Los Angeles Press” sobre las facilidades que habría obtenido la morenista para lograr concretar su grado de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Ramírez comentó en la sección “Modus operandi” dedicada a demostrar estrategias “falsas y mentirosas” de los medios, que era una “página web; no un medio impreso ni un noticiero”, demeritando a los medios digitales e infiriendo que estos son menos confiables que los medios tradicionales.

Ramírez puso en pantalla a los medios que han retomado la nota tras las declaraciones de la UABC sobre la integración de una investigación al respecto de los estudios de maestría. También hizo menos la información de Los Angeles Press por tratarse de Guadalupe Lizárraga, una periodista que fue candidata del PRD en la pasada elección de 2024 en busca de la alcaldía de Mexicali.

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Estatal

Eva María Vásquez pide investigar a fondo presuntas irregularidades en el INE

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La diputada federal del PAN por Baja California, Eva María Vásquez, consideró necesario esclarecer las presuntas irregularidades que involucran a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tras los señalamientos de corrupción y su renuncia al cargo.

La legisladora advirtió que este tipo de situaciones pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones públicas y subrayó la importancia de investigar a fondo cualquier denuncia relacionada con el manejo de responsabilidades dentro de los organismos del Estado.

Vásquez sostuvo que las autoridades competentes deben actuar conforme a derecho y determinar si existen elementos para imponer sanciones administrativas o proceder por la vía judicial contra quienes resulten responsables.

Señaló que el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para impulsar medidas que fortalezcan la vigilancia institucional y eviten que hechos similares se repitan; sin embargo, afirmó que estos mecanismos requieren voluntad política para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Para concluir, Eva María cuestionó la disposición del bloque oficialista para promover controles efectivos contra la corrupción y reiteró que el esclarecer los señalamientos de la presidente del INE debe ser una prioridad, a fin de preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

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Educación

Brindarán educación financiera a niños de sexto grado

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Para fortalecer la educación financiera de estudiantes de sexto año de primaria, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) participará en la ampliación del programa El Dinero en México, impulsado por el Banco de México y la Secretaría de Educación de Baja California.

Durante el arranque de la capacitación, realizado este lunes 26 de octubre, el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, destacó la importancia de brindar a la niñez conocimientos que le permitan comprender el valor del dinero y tomar decisiones económicas informadas y responsables.

Señaló que la formación financiera contribuye al desarrollo de hábitos como el ahorro, la planeación y el consumo responsable, habilidades que pueden influir en el bienestar de las personas y sus familias.

Palafox Maestre recordó que la colaboración entre las instituciones comenzó en 2023, cuando las facultades de Ciencias Sociales y Políticas y de Ciencias Administrativas participaron en un programa piloto en Mexicali, mediante el cual se capacitó a más de 720 docentes y se benefició a más de 11 mil estudiantes de sexto de primaria.

En esta nueva etapa, el programa se extenderá a Mexicali, Tijuana y Ensenada, con la participación de cinco unidades académicas de la UABC y 84 integrantes del personal docente universitario, quienes brindarán acompañamiento académico y asesoría a profesores de educación básica.

Las facultades involucradas son Ciencias Sociales y Políticas, Ciencias Administrativas del Campus Mexicali, Economía y Relaciones Internacionales, Contaduría y Administración del Campus Tijuana, así como Ciencias Administrativas y Sociales del Campus Ensenada.

Por su parte, la representante del Banco de México, Martha Eugenia Mancera Tovar, explicó que El Dinero en México forma parte de los recursos educativos desarrollados por la institución para acercar los conocimientos financieros a diferentes sectores de la población.

Indicó que el propósito es que los menores desarrollen habilidades para administrar sus recursos y tomar decisiones informadas a lo largo de su vida. También reconoció el papel del personal docente para facilitar aprendizajes significativos y duraderos.

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