COLUMNA INVITADA/ Por Fernando Ruiz del Castillo

Así parece responder la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, cuando se le pregunta por la crisis desatada tras los recientes accidentes automovilísticos que en los últimos días han dejado muertos, heridos y una ciudad entera preguntándose qué demonios está pasando en sus calles.

La explicación oficial, sin embargo, tiene algo de consuelo infantil: si el problema son los autos —especialmente los Infiniti y los vehículos “alterados”— pues entonces quitémoslos de circulación y asunto resuelto. Como si la tragedia vial fuera un problema de marca y no de conducta. Como si el problema estuviera en el fierro y no en quien lo conduce… ni en quien debe vigilar que se conduzca conforme a la ley.

Siguiendo esa lógica, habría que retirar también de las calles a las patrullas municipales, a las unidades de la Guardia Nacional y hasta a los vehículos del Ejército Mexicano, que un día sí y otro también protagonizan accidentes de tránsito. Total, si chocan, el problema debe ser el vehículo, ¿no?

Pero no. El problema —el verdadero problema— es mucho menos espectacular y bastante más incómodo: la aplicación del reglamento de tránsito. Ese pequeño documento que existe, pero que en la práctica suele aplicarse con la flexibilidad de una liga vieja.

Porque en Mexicali no faltan reglamentos. Lo que falta es que se cumplan.

En medio de esta discusión apareció, además, otra de esas soluciones que en el papel suenan contundentes y en la realidad suelen producir efectos más bien pintorescos: endurecer las sanciones contra quienes conduzcan en estado de ebriedad.

La propuesta ha sido impulsada, entre otros, por el diputado morenista Jaime Cantón, quien parece haber descubierto una nueva técnica legislativa: primero facilitar la fiesta… y después castigar a los invitados.

Porque conviene recordar que hace apenas unas semanas el entusiasmo del legislador apuntaba en dirección exactamente contraria. Cantón defendía con entusiasmo la idea de vender alcohol en salas de cine VIP. Al parecer, consideraba que la experiencia cinematográfica necesitaba un pequeño refuerzo etílico: palomitas, pantalla gigante… y una copa más para acompañar la función.

Ahora, con el mismo fervor institucional, propone endurecer las penas contra quienes conduzcan ebrios.

Una coreografía legislativa bastante peculiar: primero acerque la botella… y después levante el Código Penal.

La lógica es fascinante. Bajo ese principio, lo siguiente sería promover la venta de cigarros en hospitales para luego encabezar una cruzada contra el cáncer de pulmón. O instalar casinos en las escuelas para, acto seguido, lanzar un programa urgente contra la ludopatía juvenil.

Todo, por supuesto, en nombre de la salud pública.

Pero más allá del chascarrillo, lo preocupante es la ligereza con la que algunas autoridades parecen brincar de una ocurrencia a otra sin detenerse demasiado en las contradicciones.
Porque el problema nunca ha sido la falta de castigos escritos, sino la ausencia de consecuencias reales.

En una ciudad donde los retenes aparecen y desaparecen según el calendario político, donde los operativos suelen ser espectáculos de temporada y donde demasiados conductores saben que siempre existe la posibilidad de “arreglarse”, las tragedias no deberían sorprender a nadie.

Lo sorprendente sería lo contrario.

Y lo más irónico de todo es que, en realidad, aquí nadie está descubriendo nada nuevo.
Porque en Mexicali todos saben dónde ocurre el problema.
Todos.

No es un secreto para nadie dónde se realizan las carreras clandestinas, los derrapes y las competencias improvisadas de autos de todas las marcas, tamaños, colores y cilindrada. Durante las noches —y sobre todo en las madrugadas— cualquiera puede escuchar los escapes abiertos de carros y motocicletas recorriendo la ciudad como si fuera una pista.

Ahí están las avenidas de siempre: Justo Sierra, Colón, Aviación, Madero.
Ahí están los bulevares López Mateos y Lázaro Cárdenas.
Ahí está la carretera a Progreso rumbo al aeropuerto.
Son rutas conocidas, repetidas cada fin de semana.

No lo dicen sólo los vecinos. También lo reconocen las propias autoridades: en la ciudad existen al menos 17 zonas identificadas donde se realizan carreras clandestinas, actividades por las que se han levantado más de mil infracciones en los últimos operativos policiales.
Y aun así siguen ocurriendo.

Porque esas carreras, por cierto, de clandestinas tienen cada vez menos. Se realizan en avenidas principales, se graban en video, se suben a redes sociales y se comentan públicamente mientras decenas de personas observan.

Incluso cuando se implementan operativos, el fenómeno apenas se mueve unos metros más adelante. En algunos casos la policía ha tenido que remolcar vehículos y detener conductores involucrados en estos eventos ilegales en zonas como la carretera Progreso o vialidades del poniente de la ciudad.

Pero el problema no desaparece.
Simplemente se reacomoda.

También se sabe —y lo sabe todo mundo— cómo se utilizan los estacionamientos de algunos centros comerciales durante la noche para reuniones de autos modificados. Se sabe cuáles son los lugares donde se juntan. Se sabe a qué horas empiezan. Se sabe cuándo terminan.

Como dice aquella canción:
“y los policías lo saben, lo saben, lo saben…”
El problema es que no siempre quieren actuar.

Y también hay que decirlo con claridad: mandar una patrulla o dos a esos puntos no va a resolver nada. Al contrario, muchas veces solo expone a los propios agentes a agresiones o enfrentamientos con grupos numerosos de conductores y espectadores.

Esto no se resuelve con apariciones esporádicas.
Se requiere inteligencia.
Se requiere estrategia.
Y, sobre todo, se requiere decisión.
Y aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Para qué sirven entonces las cámaras de vigilancia que supuestamente se han instalado por toda la ciudad y que costaron millones de pesos? ¿De qué sirven los drones adquiridos unos y regalados otros, que presume la Dirección de Seguridad Pública Municipal?

Porque si las carreras se realizan en avenidas principales, si los vehículos circulan a toda velocidad por rutas perfectamente identificables, si los encuentros se anuncian incluso en redes sociales… entonces cabría preguntarse si esas cámaras realmente funcionan, si están monitoreándose o si —como suele ocurrir en México— existen principalmente en el papel.

Porque combatir este problema no requiere descubrir el hilo negro.
Requiere voluntad.
Pero es más fácil culpar a una marca de automóviles como alguien le sugirió a la alcaldesa Noma Bustamante Martínez.
Hoy son los Infiniti.
Mañana quizá serán los Mustang.
Pasado mañana, quién sabe, tal vez los autos rojos.

Una política pública basada en marcas de vehículos suena más a ocurrencia que a estrategia. Y una política legislativa que primero facilita el consumo y después endurece los castigos tampoco parece exactamente un ejercicio de coherencia.

La realidad es mucho más simple y bastante menos glamorosa:
hacer cumplir el reglamento.
Sin excepciones.
Sin descuentos.
Y, sobre todo, sin arreglos.

Porque las ciudades no se vuelven más seguras prohibiendo marcas de carros.
Se vuelven más seguras cuando la ley deja de ser negociable.

Y ese, alcaldesa… diputado… sí es un problema que no se resuelve confiscando Infiniti ni anunciando nuevas penas en conferencias de prensa.Se resuelve gobernando.
Y, de paso, recordando quién puso la botella sobre la mesa.