Está “perdida” información sobre delitos en San Luis Río Colorado

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3 años ago

enero 28, 2024

Por Manuel Angulo

Una solicitud de información pública realizada al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado sobre estadísticas de incidencia delictiva de los años 2015, 2016 y 2017 destapó el “extravío” de información sensible en la Dirección de Seguridad Pública y la imposibilidad del gobierno municipal que encabeza Santos González Yescas de acceder a un sistema informático que es controlado desde Mexicali, Baja California.

Además, la solicitud exhibió que el gobierno municipal tiene malas prácticas en asuntos de transparencia, ya que se elaboró un acta de inexistencia de información pública, pero con datos erróneos en la fecha, o al menos eso parece.

Inicialmente, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública, negó tener en su poder las estadísticas de robos cometidos en los años 2015, 2016 y 2017, y para sustentar esa negativa, elaboró un acta de inexistencia de la información pública, la cual adolece de varias deficiencias.

Dicha acta, según el registro del documento, fue elaborada el viernes 13 de febrero de 2023, es decir, mucho antes de que la solicitud de información fuera hecha por este reportero.

Además, la fecha “viernes 13 de febrero de 2023” no existe, puesto que el 13 de febrero de ese año fue lunes.

El acta de inexistencia de información fue firmada por los siguientes funcionarios: el director de la Unidad de Transparencia, Roberto Ortiz López; el secretario del Ayuntamiento, Héctor Manuel Sandoval Gámez; y el director de Servicios Administrativos, Refugio Zavala Bueno.

Además, contiene las firmas de la directora del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Alejandra Covarrubias Talamante; y el director de Planeación Municipal, Guadalupe Acosta Rivera.

La información “perdida”

Luego de que este periodista interpusiera un recurso de revisión el 31 de octubre de 2023, tras la negativa del gobierno municipal para proporcionar las cifras estadísticas del 2016 con el argumento de que no existía esa información, el 7 de diciembre del mismo año el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI), a través de la Comisionada Ponente Ana Patricia Briseño Torres, resolvió a favor de este reportero y ordenó al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado entregar la información que se había solicitado, ya que la estadística delictiva es información pública y debe ser resguardada por ese orden de gobierno.

La resolución ISTAI-RR-930/2023 fue notificada a este reportero el 15 de diciembre de 2023, y en ella se da un plazo de 15 días hábiles al gobierno municipal para que entregue las estadísticas de 2016, relacionadas con robo a casa, robo a comercio y robo de vehículo.

Cabe señalar que están pendientes de resolver otros dos recursos de revisión interpuestos por este reportero a la negativa de entregar la estadística delictiva de robos correspondiente a 2015 y 2017.

Resolución del recurso ante el ISTA

https://drive.google.com/file/d/1MsEkxJDMdVmyW5HcciW870zrDsA1tqrT/view?usp=sharing

Declaran “inexistente” la información siete meses antes

En lo que evidencia una serie de malas prácticas en el ámbito de transparencia, el gobierno municipal declaró inexistente la información sobre estadística de robos en el año 2016, pero, presuntamente, lo hizo siete meses antes de que se le pidieran esos datos.

La fecha de la solicitud de información con folio 260500723000224 realizada por este reportero fue el 29 de septiembre de 2023. Específicamente se le pidió al gobierno municipal que proporcionara información estadística de los robos a casa, robos a comercios y robos de vehículos cometidos en 2016, detallando la información de manera mensual. En la solicitud también se le solicitó al Ayuntamiento que especificara cuantos delitos habían sido judicializados, pero se aclaró que este dato se estaba pidiendo a la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya que la misma solicitud fue también dirigida a esa instancia estatal.

El 6 de octubre de ese mismo año el director de seguridad pública, Gerardo Camacho Ramírez, respondió la solicitud de información mediante oficio, en el que da conocer que la corporación no tiene en sus archivos la información solicitada.

Respuesta inicial del Ayuntamiento / octubre de 2023 https://drive.google.com/file/d/1Kral5ymXtbPGR0_n0an_yMGl85MjtnB1/view?usp=sharing

En el mismo documento, identificado con el folio 852/2023, el jefe policiaco Camacho Ramírez pide al Comité de Transparencia que realice las diligencias necesarias para declarar la información estadística del año 2016 como inexistente.

Junto con la respuesta del director Camacho Ramírez se envió el “Acta de Sesión de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, donde se declara inexistente la información solicitada”.

El documento refiere que la fecha de reunión del Comité de Transparencia fue el viernes 13 de febrero de 2023 (fecha inexistente) y que se realizó en las oficinas de Seguridad Pública, lugar donde se reunieron el presidente del comité, Roberto Ortiz López; y los vocales, Héctor Manuel Sandoval Gámez; Refugio Zavala Bueno, Alejandra Covarrubias Talamante, y Guadalupe Acosta Rivera. Además, estuvo presente el director de Seguridad Pública Municipal, Gerardo Camacho Ramírez, en su calidad de sujeto obligado.

En el acta se indica que los integrantes del Comité de Transparencia buscaron la información estadística solicitada con el personal de Policía y Tránsito Municipal y luego con la Tesorería Municipal, para finalmente realizar una entrevista con el director Camacho Ramírez.

En el acta se señala que se hizo una “búsqueda minuciosa” en todos los archivos físicos y electrónicos del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y que los integrantes del Comité de Transparencia verificaron que no existía registro de la información solicitada.

Como se puede ver, de manera extraña el director de Seguridad Pública pidió el 6 de octubre de 2023 que se declarara como inexistente la información y la declaración se hizo el 13 de febrero del mismo año, es decir, siete meses antes.

Acta de inexistencia de la información

https://drive.google.com/file/d/1xu6LAe7mja5jHzna0SvJ0yYKGJWZEbAH/view?usp=sharing

Finalmente, la respuesta

El pasado 24 de enero, la directora de la Unidad de Transparencia, Alma Lorena Calleros Contreras, respondió la resolución emitida por la Comisionada Ponente Ana Patricia Briseño Torres.

Alma Calleros, quien desde el último trimestre de 2023 fue nombrada responsable de transparencia en sustitución de Roberto Ortiz López, incluye en su respuesta un oficio enviado por el director de seguridad pública, Gerardo Camacho Ramírez, en el que el jefe policiaco informa que el 22 de enero pasado fueron notificados de la resolución del recurso de revisión y procedieron a buscar la información en los archivos.

“…se procedió de inmediato a ordenar una búsqueda minuciosa en todos y cada uno de los archivos de esta corporación de policía, así como de todas las delegaciones, tanto físicos, como en los equipos de cómputo que no está en uso, en la Delegación Centro la información que solicita (…) le informo que la presente información que se envía como bien se adelantó se localizó en un equipo de cómputo que no estaba en uso…”, expresa textualmente una parte del oficio.

El documento es acompañado por las estadísticas de robos a casa, robos a comercio y robos de automóvil, detallada mes por mes del año 2016. Es decir, la información que se buscó de forma minuciosa en octubre de 2023, fue localizada finalmente en enero de 2024.

Camacho Ramírez explica también en el documento que la información estadística de 2016 estaba contenida en un sistema de cómputo que era administrado por seguridad pública de la ciudad de Mexicali, Baja California, y que esto se debía a que no se contaba con un sistema propio.

El documento firmado por el Comisario Gerardo Camacho refiere que el 23 de febrero de 2023 se instaló un sistema propio de la Policía Municipal en San Luis Río Colorado para capturar la estadística delictiva, pero que en el proceso de ingresar la información de años anteriores, se les cancelaron las claves de acceso al sistema que está en Baja California.

“… hasta la fecha no se ha logrado tener acceso al anterior sistema, siendo esta la razón por la cual la información que solicitaba, no se contaba con ella en nuestros sistemas de cómputo”.

Camacho Ramírez asegura que ha solicitado en varias ocasiones a las autoridades de seguridad pública, en Mexicali, Baja California, que se les proporcionen las claves y contraseñas para tener acceso al anterior sistema, pero no han tenido una respuesta favorable.

Como evidencia, el gobierno municipal proporcionó copias de oficios enviados por Gerardo Camacho Ramírez al General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Leopoldo Tizoc Aguilar Durؘán, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, para solicitar acceso al Sistema Integral de Vínculos y Análisis (SIVA).

Se trata de tres oficios fechados el 9, 16 y 23 de mayo de 2023, en donde el director de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado pide al Secretario de Seguridad de la vecina entidad apoyo para que empleados de la dependencia local, y el propio director, puedan consultar distintas estadísticas relacionadas con personas detenidas por la Policía.

La respuesta definitiva del Ayuntamiento

https://drive.google.com/file/d/19CDUtQpzX4lGCGogdY_jirocxn48oNra/view?usp=sharing

Oficios del Comandante a Seguridad BC

https://drive.google.com/file/d/1D_0RD6iTAR1Z5gu7–TlUpCvItP9U4-v/view?usp=sharing

Las dudas

Tras casi cuatro meses desde que se presentó la solicitud inicial de información en septiembre de 2023, el gobierno municipal acepta, obligado por una resolución del Instituto de Transparencia, que hay información derivada de sus funciones de seguridad pública que no tiene bajo su resguardo.

Aquí cabe la duda sobre el actuar de la Policía Municipal, ya que si desde mayo de 2023 han estado pidiendo acceso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California a un sistema informático en donde presuntamente están los datos del índice delictivo del año 2017 y anteriores, por qué se declara inexistente la información.

Por otro lado, se evidencia la falta de coordinación del gobierno municipal de San Luis Río Colorado con su contraparte en Mexicali, Baja California, y la ausencia de apoyo del gobierno de Sonora a San Luis Río Colorado para gestionar ante Baja California el acceso de los datos estadísticos que tiene bajo su control esa entidad.

Estatal

Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios

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11 horas ago

octubre 28, 2026

Dianeth Pérez Arreola

Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.

La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.

También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.

La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.

Estatal

El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto

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13 horas ago

octubre 27, 2026

Dianeth Pérez Arreola

El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

Mexicali

Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes

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13 horas ago

octubre 27, 2026

Fernanda Meza

Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.

De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.

Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.

Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.

El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.

Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.

Por su parte, la Secretaría de Educación, a través de ficha informativa, dijo que ya se está atendiendo el tema, y se enviaron las claves vacantes que había para asignación de DISICAMM.

«Así también, se validó para cubrir de manera interina, al docente que se encuentra en protocolo en la secundaria (el profesor que está a disposición)», precisaron.