El jueves 8 de enero se descubrió la primera fosa en el área de reforestación de Pro Natura, en el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali. Hasta el viernes 23 se habían descubierto 9 fosas con 19 cuerpos, todos carbonizados y con cortes visibles con objeto contundente en cabeza y extremidades.

La Fiscalía General del Estado, que encabeza María Elena Andrade Ramírez, solo emitió un reporte con los restos y objetos encontrados en las dos primeras fosas, abiertas ese 8 de enero, a través del área de Comunicación, cuyo titular es José Manuel Yépiz. Desde entonces, silencio.

Tras ocho jornadas en el Miguel Alemán -y en todas he estado presente-, nunca hemos visto un Ministerio Público. Solo después de una reunión donde el equipo multidependencias que integra la Unidad de Búsqueda comentó que hacía falta que llegara el equipo de Servicios Periciales desde el inicio, así lo instruyeron. Solo un día acudieron dos unidades, el resto de las jornadas se trabaja con uno o dos elementos.

El primer día fue caótico. Ese jueves abrieron dos fosas. La llegada tarde de periciales, el frio intenso y mantener alejados a los coyotes hizo que pudieran descansar casi 22 horas después de haber salido de Mexicali. Desde entonces van una por una. No porque no haya ya una considerable cantidad de fosas sin abrir ya marcadas como positivas por los perros entrenados; sino por la enorme cantidad de trabajo que representa, y porque así se procesan muy detalladamente.

Inexplicablemente, el tema de este cementerio clandestino no ha escalado a nivel nacional. Aquí ni la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, ni la fiscal María Elena Andrade Ramírez, ni el secretario de Seguridad Ciudadana -y responsable estatal de la estrategia de seguridad- Laureano Carrillo, han hablado de las fosas.

Hemos ido varios reporteros al sitio porque es una noticia importante; porque este lugar superará con creces a la zona sur que arrojó 24 víctimas en 2023. Y los hay quienes sin ir cuando excavan, critican los procedimientos.

El equipo lo integran elementos de la Unidad de Búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana; la unidad K9 de fiscalía, de la Comisión Local de Búsqueda, de la Agencia Estatal de Investigación y de Servicios Periciales.

En esas ocho jornadas he sido testigo de muchas cosas. De la dedicación y profesionalismo de quienes integran ese equipo, y de la comunicación y la confianza que han construido. Están ahí porque ese trabajo le da sentido a su vida, aun con todas las necesidades materiales, grillas y la falta de reconocimiento de sus superiores.

Qué fácil es para quienes descalifican su trabajo decir que se pudieran abrir más fosas los días de operativo. Si, se puede, pero no hay equipo humano suficiente para procesarlas. Abriendo una por día superan ya las horas de su turno de trabajo. Y hay que decirlo, es un trabajo extenuante.

Desgraciadamente los colectivos están divididos y a muchos les gusta el reflector y la descalificación. Cuando dejaron que un colectivo participara activamente en la excavación, éstos difundieron fotografías diciendo que ellos hacían el trabajo mientras las autoridades miraban. Nada más lejos de la realidad. Y cuidado si los medios no mencionamos los nombres de quienes acuden, porque acusan al equipo de invisibilizar a su colectivo.

Algunos colectivos critican que solo abran una fosa sin saber las condiciones en las que trabajan, el procedimiento que se sigue y las horas que esto requiere; y sin haber acudido nunca, fomentan una serie de acusaciones que apuntan a encubrimiento, a ilegalidad, a ineficiencia.

Este equipo tiene una experiencia de décadas que nadie puede igualar, por más apoyos y buenas intenciones que tengan quienes critican. Tan es así que elementos de diversas fuerzas de seguridad de Latinoamérica están interesados en sus cursos y capacitaciones. Hoy que están en la mira los malos elementos de las diferentes autoridades, aquí están los ejemplos de los buenos agentes; de quienes no cambiarían estas jornadas en el calor, en el frio, con la arena del desierto entre los dientes, esquivando coyotes, alacranes y espinas en las suelas de sus zapatos, por un trabajo de escritorio.

En otro tema, nos cuentan que Virginia Noriega ya está en precampaña y que se anda preparando para pedir una candidatura, por eso de repente se acordó que no tienen insumos ni medicamentos en los centros de salud.

Según trabajadores de salud, Vicky traicionó a Marina del Pilar y está haciendo leña del árbol caído, jalando reflectores para que la oposición le ofrezca algo para el 2027. «¿A poco creen que le interesa la salud? Si fue ella y el finado Joel Ayala fueron quienes vendieron la SSA al IMSS bienestar, el cual es un total fracaso», nos dicen.

Expresan que hace unos días convocaron a todos los directores y subdirectores para convencerlos que de no faltaba nada. Y que los médicos empezaron a preguntar: ¿ya hay esto?, ¿ya hay lo otro? Y el IMSS Bienestar solo dijo que ya estaban en eso. Osea puro atole con el dedo.

A propósito del IMSS Bienestar y que nunca sale el doctor Miguel Bernardo Romero Flores, titular de ese organismo, me acabo de enterar que tienen titular de comunicación social (como si comunicaran mucho); es el exreportero de televisión Raymundo García. A ver si es cierto que comunicarán algo. Por ejemplo podrían empezar por explicar la situación laboral del ginecólogo acusado de negligencia médica, Juan Carlos Martínez Noriega, hijo de Virginia Noriega, y por qué enviaron un útero que no es de Vanesa Zavala, al Servicio Médico Forense.

Finalmente, en el caso de la nota que publicamos hace poco, sobre el comportamiento de Carlos Mario López Sauceda, responsable de los centros de internación de menores, quien tiene una forma de comportamiento inapropiada con los menores de edad, al hablarles con insinuaciones sexuales muy ofensivas, nos llegó el siguiente mensaje:

«Yo lo demandé en el 2018 y nunca hicieron nada. Me amedrentaron en asuntos internos. Sufrí de su acoso y sus tocamientos». Hacemos un llamado a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Alvaro Ochoa Orduño, para atender este caso.