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Un sistema de justicia lento e ineficiente, permitió una pesadilla que duró 5 años

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Una serie de ineptitudes y trámites burocráticos ocasionó que una madre tardara cinco años en recuperar la custodia de su hija, tiempo en el que el padre la maltrataba física y psicológicamente.

Elisa, la madre de Natalia -nombres ficticios para proteger su identidad- narró la pesadilla que empezó en 2020 y aun no termina del todo.

Elisa narró que con el padre de la menor, Roberto Reyes Gutiérrez, sufrió violencia económica y psicológica.

Las cosas empeoraron a tal punto que se separan y ella le pide el divorcio en febrero de 2020. La niña, entonces de 3 años se queda con ella y el padre la visita regularmente.

El 1 de septiembre el padre se la lleva a comer y le avisa a Elisa que no se la regresará hasta que firmen la custodia compartida.

Roberto le permite a la madre dos llamadas por teléfono con la niña y se rompe todo contacto.

El 22 de septiembre Elisa logra que le den la custodia provisional de Natalia, pero él no se deja notificar.

En noviembre de ese año consigue medidas de apremio contra el padre de la niña. Van al domicilio de Roberto y el actuario Jorge Villa le dice que no hay nadie en el domicilio, a pesar de que van acompañados por un cerrajero y las autoridades.

Ella en su desesperación se brinca la barda y los deja pasar. El actuario, con el pretexto de que la niña estaba llorando, dice que no puede proceder a llevársela, lo cual es validado por la juez Carmen Alicia López Galindo.

Tras conseguir convivencias en los Centros de Convivencia Familias (Cecofam), que evolucionan a convivencias de transición, donde le permitían a Elisa llevarse a Natalia, aunque muchas de las veces él no cumplía con llevarle a la niña porque argumentaba que estaba enferma.

Desde que el caso quedó en manos del juez Víctor Manuel Ruiz de Chávez, avanzó mucho, cuenta Elisa. El 8 de mayo del 2023 por fin dictan sentencia a favor de Elisa, en la custodia de su hija. Roberto de alguna manera sabía la decisión de la justicia, y promueve un amparo y una queja. Elisa no fue notificada de la sentencia que la favorecía.

El 30 de mayo de 2024 fue la última vez que Elisa vería a Natalia en mucho tiempo. Como Roberto ya sabía que le quitarían a la niña, ya no le permite a la madre verla ni hablar ni hablar con ella.

En noviembre de ese año esperan una nueva sentencia, pero la burocracia en los juzgados hace que se retrase hasta febrero de 2025, cuando por fin le conceden a Elisa la custodia con medidas de apremio; con el argumento de que la niña tiene un ataque de ansiedad, no la lleva al juzgado, donde debía entregarla.

El 21 de marzo es la fecha fijada para que Roberto entregue a su hija, y como hay medidas de apercibimiento, es decir, si no entrega a Natalia va a la cárcel, se presenta con la niña y una pequeña maleta.

Después de casi un año, por fin Elisa pudo ver a su hija. La pequeña, de 8 años mostraba una alienación parental grave. Durante los cinco años que duró la batalla legal, Elisa se enteró que Roberto casi no llevaba a la niña a la escuela; que la pequeña estaba descuidada en su apariencia, sucia, con sobrepeso y que era víctima de acoso escolar.

Elisa entrega un dispositivo de memoria con las imágenes y videos que le envió Roberto donde aparece la niña, semidesnuda en la cama. Natalia dijo a su madre que su padre la tocaba y que permitía que sus amigos también lo hicieran. La niña expuso a su madre y más tarde a las autoridades, que su padre la golpeaba y le tomaba fotos de los moretes para decir que quien la agredía era su madre y su abuela. Que la dejaba sin comer, que la insultaba. Natalia tenía hígado graso, ovarios poliquísticos, resistencia a la insulina.

En el aspecto psicológico las cosas no fueron mejor. Tenía fuertes tendencias suicidas, sentimientos de culpa, baja autoestima y problemas de apego emocional. Elisa decide interponer una denuncia penal por abuso sexual, corrupción de menores, pornografía infantil, y delitos contra la imagen y la intimidad, que se sumaban a las que tenía ya por violencia vicaria, violencia familiar, falsedad de declaraciones, pensión alimenticia y la custodia de la niña.

Ese día que por fin le entregan a su hija, Elisa y la niña se tienen que ir por la parte de atrás del edificio, pues Roberto está haciendo escándalo en la entrada. Al llegar a casa, lo único que tenía la maleta con la que le entregó a Natalia, era un suero y un trapo, cuenta Elisa.

Hubo una audiencia donde la fiscalía, habiendo tanta información para hundir a Roberto, no llegó bien preparada y tenían que diferir, extendiendo el proceso legal y la angustia de Elisa. Roberto lloró y expuso su conversión al cristianismo como mejor defensa.

El 3 de octubre entrevistan a la niña en una audiencia secreta donde contó todo lo que vivió en esos cinco años de infierno.

Natalia toma medicamentos diarios para la diabetes y la alta presión, lleva tratamiento psicológico y psiquiátrico, y en estos meses ha mejorado mucho, expresa su madre. Solo ese día de la entrega, la niña quiso hablar con su padre por teléfono para ver si estaba bien. Ya no preguntó por él.

Elisa destaca que se supone que estaba archivada la carpeta donde Roberto la acusaba a ella y a su madre de golpear a la niña, pero les pusieron una audiencia por ese delito el próximo 20 de noviembre, pero aun no han sido notificadas oficialmente.

Se nota la negligencia y la parcialidad de la justicia, apunta Elisa, pues el objetivo puede ser que no se entere y declararla sustraída de la justicia. Mientras tanto, Roberto, quien se benefició de una justicia lenta y burocrática está libre, sin fecha de audiencia por los delitos sexuales, a pesar de que hay declaraciones de la menor en este sentido.

El hombre manipuló el sistema y ese retraso permitió abusos cada vez más graves para con su hija. Elisa reprocha el pésimo trabajo de fiscalía, pero la custodia total de su hija le da fuerzas para seguir las batallas legales y que el padre de su hija pague por su negligencia y sus abusos.

La madre de la pequeña relata finalmente que ha dejado instrucciones sobre la custodia de su hija, previendo una fatalidad. Si fue capaz de hacerle lo que le hizo a su propia hija, será capaz de todo con ella, declara Elisa, quien no confía en la protección que la justicia pueda darle.

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Estatal

Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios

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Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.

La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.

También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.

La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.

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Estatal

El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto

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El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

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Mexicali

Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes

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Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.

De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.

Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.

Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.

El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.

Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.

Por su parte, la Secretaría de Educación, a través de ficha informativa, dijo que ya se está atendiendo el tema, y se enviaron las claves vacantes que había para asignación de DISICAMM.

«Así también, se validó para cubrir de manera interina, al docente que se encuentra en protocolo en la secundaria (el profesor que está a disposición)», precisaron.

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