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Matices: cuentas públicas

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La cuenta pública del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) de Baja California de 2023 trae algunos señalamientos graves, como la cuenta 5.1.2.7.1.1. por «Vestuarios y uniformes» por la cifra de 59 millones 998 mil 992 pesos, para uniformes y calzado escolar para alumnos de educación básica mediante procedimiento de licitación pública, pero no hay un documento que sirva como evidencia de que esos bienes efectivamente entraron al almacén.

ISEP depende de la Secretaría de Educación, encabezada ese año por Gerardo Solís Benavides.

Otras observaciones de la Auditoría Superior del Estado, apuntan que la cuenta 5.1.3.5.1.7. relativa a instalación, reparación y mantenimiento de aires acondicionados registró gastos por más de 1 millón 360 mil pesos sin que exista contrato por los sevicios prestados, «así mismo estos carecen de documentación y evidencia de que se haya prestado el servicio, de igual manera, el instituto no dispone de las pólizas de pago con la debida documentación que soporte los pagos realizados».

Por otro lado, las cuentas del 2023 de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, también tienen lo suyo. La auditoría reveló seis contratos por 436 millones de pesos por preparación de alimentos y suministro de víveres e insumos para los centros penitenciarios y los centros de internamiento para adolescentes, y por arrendamiento de vehículos por adjudicación directa, cuando debió ser por licitación pública. Ese organismo era dirigido entonces por la actual fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, y en octubre entró José Gabriel Gálvez Beltrán, quien ocupa el cargo hasta hoy.

Ese año, el 2023 fue cuando se le dieron varios contratos a Magdalena Mercado Jabalera, una empleada del Sistema Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California con cargo de recepcionista y sueldo mensual neto de 15 mil pesos más 5 mil pesos de compensación.

Con ella se firmó el contrato con Iván López Báez, en 2020 apoderado legal de ISEP, bajo las órdenes del entonces secretario de Educación, Catalino Zavala, para comprar uniformes por casi 32 millones de pesos en plena pandemia, de los que no hay constancia de haber sido entregados.

Por cierto, y siguiendo con el sistema penitenciario, nos cuentan que los custodios rentan teléfonos celulares por semana, y que el fentanilo fluye alegremente. Aunque según una respuesta de transparencia no ha habido muertos por sobredosis en los últimos años, los familiares de algunos presos aseguran lo contrario.

El 31 de enero de este año, familiares de reos detenidos en El Hongo han fallecido por sobredosis ese mismo mes.

Por otro lado y cambiando de tema, hay quejas contra la empresa Gayosso (qué novedad) por el lamentable estado en que está el panteón Jardín de la Esperanza. Antes de que pasara a manos de la empresa funeraria más grande del país, era un lugar bien cuidado, donde se seguían reglas estrictas en cuanto al formato de las lápidas, con «lugares» asegurados para quienes previeron y cubrieron sus gastos funerarios. Ahora es «donde vaya el corte» y hazle como quieras.

Ojalá el CEO de la empresa, Juan Rodríguez, supiera la decadencia y la falta de mantenimiento que tiene este cementerio. Hace poco se cayó una rama de un mezquite, quebrando una lápida. Los familiares fueron a quejarse sobre la limpieza y retiro de las ramas y el pago de la lápida. Con absoluta indeferencia dijeron que iban a ver cuándo tenían tiempo de retirar la rama y se hicieron sordos con el tema del pago. La familia terminó pagando a los propios jardineros del lugar para que lo hicieran a la brevedad posible.

Pero además el sitio está infestado de cucarachas, hay pasto tan crecido en unas zonas que oculta el nombre de las lápidas, y en otras zonas que debieran estar cubiertas por pasto, hace mucho que solo hay tierra y cero intenciones de arreglarlo. Sobre lo que se puede y no se puede hacer respecto a las lápidas, ya no hay un lineamiento claro, lo que ha demeritado la imagen del lugar.

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Estatal

Estigmatiza Julieta Ramírez a la prensa en su podcast

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La estigmatización de la prensa y los cuestionamientos al trabajo periodístico forman parte de la confrontación pública que rodea a la política bajacaliforniana, en un contexto en el que la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, ha denunciado presuntas campañas de desprestigio en su contra y ha cuestionado -y evadido- la cobertura de distintos medios de comunicación.

En la edición de este lunes, de su podcast “Enlace informativo”, la legisladora sostuvo que algunas publicaciones responden a una estrategia para dañar su imagen y la de su movimiento político. En agosto pasado, aseguró haber identificado cerca de un millón de pesos en publicidad negativa en redes sociales, mientras que en septiembre rechazó información periodística relacionada con un supuesto acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses, que calificó como falsa.

La controversia plantea una discusión sobre los límites entre la crítica legítima a los medios, el derecho de réplica de los actores políticos y la descalificación del ejercicio periodístico, sobre a la luz de las no-invitaciones a diversos medios críticos a sus ruedas de prensa en Mexicali.

Centrada en el tema publicado por el medio digital nativo “Los Angeles Press” sobre las facilidades que habría obtenido la morenista para lograr concretar su grado de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Ramírez comentó en la sección “Modus operandi” dedicada a demostrar estrategias “falsas y mentirosas” de los medios, que era una “página web; no un medio impreso ni un noticiero”, demeritando a los medios digitales e infiriendo que estos son menos confiables que los medios tradicionales.

Ramírez puso en pantalla a los medios que han retomado la nota tras las declaraciones de la UABC sobre la integración de una investigación al respecto de los estudios de maestría. También hizo menos la información de Los Angeles Press por tratarse de Guadalupe Lizárraga, una periodista que fue candidata del PRD en la pasada elección de 2024 en busca de la alcaldía de Mexicali.

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Estatal

Eva María Vásquez pide investigar a fondo presuntas irregularidades en el INE

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La diputada federal del PAN por Baja California, Eva María Vásquez, consideró necesario esclarecer las presuntas irregularidades que involucran a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tras los señalamientos de corrupción y su renuncia al cargo.

La legisladora advirtió que este tipo de situaciones pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones públicas y subrayó la importancia de investigar a fondo cualquier denuncia relacionada con el manejo de responsabilidades dentro de los organismos del Estado.

Vásquez sostuvo que las autoridades competentes deben actuar conforme a derecho y determinar si existen elementos para imponer sanciones administrativas o proceder por la vía judicial contra quienes resulten responsables.

Señaló que el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para impulsar medidas que fortalezcan la vigilancia institucional y eviten que hechos similares se repitan; sin embargo, afirmó que estos mecanismos requieren voluntad política para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Para concluir, Eva María cuestionó la disposición del bloque oficialista para promover controles efectivos contra la corrupción y reiteró que el esclarecer los señalamientos de la presidente del INE debe ser una prioridad, a fin de preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

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Educación

Brindarán educación financiera a niños de sexto grado

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Para fortalecer la educación financiera de estudiantes de sexto año de primaria, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) participará en la ampliación del programa El Dinero en México, impulsado por el Banco de México y la Secretaría de Educación de Baja California.

Durante el arranque de la capacitación, realizado este lunes 26 de octubre, el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, destacó la importancia de brindar a la niñez conocimientos que le permitan comprender el valor del dinero y tomar decisiones económicas informadas y responsables.

Señaló que la formación financiera contribuye al desarrollo de hábitos como el ahorro, la planeación y el consumo responsable, habilidades que pueden influir en el bienestar de las personas y sus familias.

Palafox Maestre recordó que la colaboración entre las instituciones comenzó en 2023, cuando las facultades de Ciencias Sociales y Políticas y de Ciencias Administrativas participaron en un programa piloto en Mexicali, mediante el cual se capacitó a más de 720 docentes y se benefició a más de 11 mil estudiantes de sexto de primaria.

En esta nueva etapa, el programa se extenderá a Mexicali, Tijuana y Ensenada, con la participación de cinco unidades académicas de la UABC y 84 integrantes del personal docente universitario, quienes brindarán acompañamiento académico y asesoría a profesores de educación básica.

Las facultades involucradas son Ciencias Sociales y Políticas, Ciencias Administrativas del Campus Mexicali, Economía y Relaciones Internacionales, Contaduría y Administración del Campus Tijuana, así como Ciencias Administrativas y Sociales del Campus Ensenada.

Por su parte, la representante del Banco de México, Martha Eugenia Mancera Tovar, explicó que El Dinero en México forma parte de los recursos educativos desarrollados por la institución para acercar los conocimientos financieros a diferentes sectores de la población.

Indicó que el propósito es que los menores desarrollen habilidades para administrar sus recursos y tomar decisiones informadas a lo largo de su vida. También reconoció el papel del personal docente para facilitar aprendizajes significativos y duraderos.

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