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Matices: Un golpe mediático

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Los bonos de la gobernadora están tan bajos que el gobierno necesita urgentemente dar la impresión de que da resultados. Las cosas no han ido bien últimamente: si, apagaron el incendio en Tecate, pero tomó dos semanas y se hizo uso de los helicópteros hasta el último momento; si, se hizo una detención de alto impacto, pero fue por las fuerzas federales; si, se reunió con los líderes magisteriales para actualizar los protocolos, pero solo después de una movilización en al menos dos ciudades por el caso del maestro Esteban y la muerte del niño Damián, donde por cierto no han tocado a la clínica de la familia del Oficial Mayor.

Por eso, qué mejor que echar mano de un objetivo que estaba a mano, solo había que hacerlo de manera espectacular para presentar el logro de la menor manera.

Nabor «N», ejecutivo de Banca Afirme, escribió una carta a la opinión pública donde narra que fue él quien pidió en reiteradas ocasiones que se llevara a cabo una audiencia sobre el caso Next Energy y la retención de una suma millonaria, relacionada con la administración de Jaime Bonilla.

Para hacer frente a la investigación fijó su domicilio en Mexicali y estaba localizable en todo momento. Por fin el 3 de julio se llevó a cabo la audiencia, después de insistirle al juez desde el 13 de junio.

Asiste a la cita y cuando decretan un receso, sale a buscar algo para desayunar. Es ahí cuando lo detienen, de acuerdo a su carta, sin una orden de aprehensión y con uso excesivo de violencia, con uso de armas largas, a plena luz del día y en la vía pública.

En otras palabras, ya sabían dónde estaba y lo estaban esperando. Nada de «gracias a las tareas de investigación de los agentes», como dice la frase que usa la Fiscalía General del Estado en sus boletines.

No defendemos la inocencia del acusado, eso lo determinará el juez de acuerdo a las pruebas que presenten abogados y fiscalía, así como el nivel de independencia, ética y responsabilidad que tenga para dictar sus sentencias. Lo que remarcamos es el show mediático que se montó, innecesario y excesivo.

Cambiando de tema, los amigos bomberos de Mexicali nos cuentan que el director Rubén Osuna se enojó porque le comentaron en un chat que se necesitaba personal con urgencia en una estación. ¿A quién se le ocurre mencionar en un chat de bomberos donde está el director que se necesita personal? Vaya atrevimiento.

Aunque la persona borró el mensaje, un bombero intervino para comentar que se necesitaban voluntarios en muchas estaciones, porque hay poco personal de base, y que mencionar las carencias no debería ofender a nadie, pues hay estaciones con una sola persona.

En una información que nos hacen llegar, mencionan que también faltan máquinas en las estaciones 14 de Santa Isabel, 3 de Gonzalez Ortega, 2 de Pueblo Nuevo y en la central Lázaro Cárdenas, solo tienen una máquina en servicio. ¿Dónde están las máquinas nuevas? se preguntan los bomberos.

Además hacen falta mangueras, herramientas y uniformes, esto último equipo indispensable para proteger la vida de los tragahumo durante el combate a los incendios, pero como no les darán nada, el Ayuntamiento de Mexicali les quiere dar un bono de 2 mil pesos para que se queden callados.

De las máquinas que se han quemado por falta de mantenimiento, solo hay silencio oficial. Por ejemplo, la de la estación 24 se quemó por no tener 1 mil 500 pesos por no poder repararla, pero si hubo 25 millones de pesos disponibles para cinco empresas de asesorías el 2024; tres de ellas ligadas al exjefe de la hija de la alcaldesa.

Y hablando de contratos inflados del Ayuntamiento, nos hacen llegar este presupuesto de una barredora carísima importada, de igual modelo que las adquiridas por el gobierno de Mexicali, que corresponde a otra ciudad, por supuesto, con la aclaración de que compradas directamente en Estados Unidos el precio ronda los 350 mil dólares.

Resulta increible pensar que el costo de una de esas barredoras casi equivale a las 14 máquinas de bomberos, 4 ambulancias y un vehículo de rescate adquiridos a inicios de este año. Como que se les está pasando ya la mano, la avaricia y el cinismo.

Esta semana hubo una protesta por parte de personal de la Jurisdicción Sanitaria en Mexicali, debido a los malos tratos que recibe el personal. Ya no aguantan a Flor del Alba Sánchez, y las cosas no parece que vayan a cambiar.

Hay muchas denuncias como esa que llegan a las instancias correspondientes; acudir ante las autoridades no es el problema. El problema es que no pasa nada. Por ejemplo, hay quejas contra gente que ha metido el propio secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, como Enrique Campos junior, acusado de acoso sexual. O gente de Virginia Noriega, como Bruno Ocampo.

Las quejas pasan por varias oficinas, como jurídico, órgano interno de control y recursos humanos, así que en su largo camino al último cajón del archivo, se expone y revictimiza a quienes se atreven a denunciar para que finalmente no pase nada.

Las quejas que han llegado a los órganos estatales en lo que va del año son unas 20, pero son muchas más las que llegan a las instancias federales, porque ahí van hospitales y centros de salud, donde las cosas se ponen tan mal que llegan a los golpes, gritos y descalificaciones.

En otro asunto, vienen más cambios en el gabinete estatal. Muchos esperan que salga Adrián Medina Amarillas, quien dicen está enfermo de poder y hasta su familia lo desconoce; María Elena Andrade, también por marearse en el cargo pero sobre todo por falta de resultados; lo de Marco Moreno Mexía es ya inaplazable, pues ni se digna a aparecerse ya en las mañaneras o cualquier evento público.

El que parece inamovible es el oficial mayor David Cervantes, cuyos ambiciosos tentáculos llegan a muchas dependencias. Por ejemplo, no deja que el nuevo director de Issstecali, Luis Gilberto Gallego, toque a nadie que tenga que ver cuestiones de dinero como el director y subdirector administrativo y el jefe de compras; los proveedores son los que Cervantes ordena y no tienen llene.

Lo mismo pasa en Educación y Fiscalía, donde Cervantes tiene a sus administradores de confianza y abundan los contratos inflados y los pagos por adelantado a los proveedores favoritos incluso antes de dar el servicio o los bienes. Ante la desaparición de Carlos y Luis Torres de los asuntos relacionados con exprimir el erario, dejaron a su mejor soldado al frente.

Siguiendo con el tema de los asesores, los del morenista César Castro Ponce ganan más que los de Suhey. Melany Imperia Iniesta Cázarez dice tener grado de licenciatura pero no se encontró registro de cédula profesional. Lo único que aparece de ella es una tarea en equipo de redes sociales para una materia de derecho. Salvador Martín Liera Gómez sí es abogado con cédula, pero gana menos que su colega recién egresada. Lo que es común con estos sueldazos es que los regidores metan a quien sea, lo importante es que estén de acuerdo con cobrar una lanota en papel pero quedarse con gran parte de sus ingresos.

Y como ejemplo de meter como asesor a quien sea, tenemos a María Esther Nungaray Montaño, asesora de Alfredo Wong y cosmetóloga de profesión. Tal vez el joven edil no entendió que la asesoría es para sus labores como funcionario público, y no para su imagen personal. En fin, que así se gastan nuestro dinero los regidores.

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Estatal

Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios

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Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.

La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.

También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.

La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.

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Estatal

El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto

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El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

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Mexicali

Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes

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Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.

De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.

Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.

Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.

El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.

Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.

Por su parte, la Secretaría de Educación, a través de ficha informativa, dijo que ya se está atendiendo el tema, y se enviaron las claves vacantes que había para asignación de DISICAMM.

«Así también, se validó para cubrir de manera interina, al docente que se encuentra en protocolo en la secundaria (el profesor que está a disposición)», precisaron.

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