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Expediente médico expone inconsistencias en tratamiento de Vanesa

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El expediente médico que hizo el Hospital General de Mexicali en el caso de Vanesa Lizbeth Zavala Meza muestra detalles sobre su tratamiento que no corresponden a los protocolos a seguir y que refuerzan la teoría de que se cometió una negligencia médica con ella, al descubrir demasiado tarde que se desangraba internamente.

En las más de 80 páginas del expediente se da cuenta de cuestiones como maniobras de reanimación de más de 40 minutos, de procedimientos quirúrgicos y transfusiones, cuando era evidente que no había nada que hacer que pudiera salvar su vida, además de contener un informe muy escueto de Patología sobre el estado del útero.

Un miembro del personal sanitario del Hospital General que pidió el anonimato, señaló que un sangrado interno altera los signos vitales, y que tanto el ginecólogo Juan Carlos Martínez Noriega como el personal de enfermería de la Clínica Quiroz, donde se le practicó una césarea, debieron estar atentos a la evolución de la paciente.

Narró que a la mujer de 31 años a pesar de su gravedad, ya que llegó directamente a la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), la tuvieron esperando por varios minutos en un pasillo del nosocomio antes de atenderla, cuando llegó en una ambulancia vacía, es decir, sin equipo ni medicamentos, procedente del Hospital Materno Infantil.

El expediente del Hospital General tiene más de 80 páginas y refiere cada detalle de lo que sucedió entre el 24 y el 28 de mayo pasado con Vanesa.

Hasta aquel lugar llegó con código oro -un sistema de respuesta rápida para atender emergencias obstétricas, como preeclampsia, eclampsia, hemorragias graves u otras complicaciones que puedan poner en peligro la vida de la madre y el bebé- desde la Clínica Quiroz, sin que se le informara al esposo de Vanesa, Yair González Fernández de la gravedad del estado de su mujer.

Vanesa llegó al Hospital General con choque hipovolémico grado IV, el más grave de todos (cuando se ha perdido más del 40 por ciento de sangre), y por lo mismo, llegó con coloración azul en manos y pies ante la disminución del flujo sanguíneo.

El día de su ingreso, el 24 de mayo cerca de las 10:30 de la noche. Se le pone un cateter y recibe transfusión. Ante el daño neurológico que presenta, se le intuba y conecta a un respirador artificial. Cerca de las once entra en paro cardiorespiratorio. A pesar de durar 40 minutos en esa condición, se sigue trabajando en su reanimación. El cerebro puede morir tras pasar entre 5 y 10 minutos sin oxígeno; reanimar a un paciente tras todo ese tiempo en paro es sumamente infrecuente, indicó el informante.

A partir de ese paro cardiorespiratorio Vanesa tenía muerte cerebral, lo que se le informó a su esposo como «probable» durante tres días y solo confirmaron poco antes de su muerte.

El informe de ese día en el expediente dice: Paciente que ingresó en estado de choque grave, hemorragia obstétrica, con presencia de AESP (actividad eléctrica sin pulso), reanimación cardiopulmonar, transfusión, ingresa a revisión de cavidad y control de sangrado. Paciente muy grave con alto riesgo de mortalidad.

Detalla que casi a las 2 de la mañana del 25 de mayo, y pese a su estado sumamente grave, la meten a quirófano para hacerle una laparotomía exploradora. Encuentran 2 litros y medio de sangre en la cavidad uterina, más medio litro en la cavidad abdominal. Proceden a drenarla.

El reporte de la intervención señala que ligan la arteria iliaca interna de manera bilateral, y que «se identifica laceración de vena iliaca izquierda y se realiza venorrafia (es un procedimiento quirúrgico que consiste en la sutura de una vena lesionada para reparar su pared y restaurar su función)».

Luego proceden a «empaquetarla»; un procedimiento que consiste en poner apósitos en el hueco pélvico para frenar la hemorragia, y que requiere de una segunda intervención entre 48 y 72 horas después.

El informe de las 6:53 de la mañana del 25 de mayo declara que se han transfundido 8 paquetes globulares, 2 plasmas frescos y 6 crioprecipitados. Anotan que tiene daño renal y desequilibrio hidroelectrolítico «sin embargo se decide continuar transfusión masiva… paciente con alto índice de mortalidad… continuamos como interconsultantes (un médico de una especialidad específica es consultado por otro médico para ayudar en el diagnóstico o tratamiento de un paciente)».

El reporte de las 15:12 del 25 de mayo señala que Vanesa tiene daño renal y que necesita una valoración nefrológica para ver la viabilidad de una hemodiálisis y contemplan un TAC cerebral para confirmar la muerte cerebral, pero moverla del respirador y en su condición sería muy peligroso. A las 18:13 de ese mismo día le hacen una hemodiálisis.

El documento de las 7:22 del 26 de mayo reporta lesión renal aguda, y reportan que sufre «un nuevo paro cardiorespiratorio durante la hemodiálisis; candidata a continuar con transfusión masiva; paciente con alto índice de mortalidad… continuamos como interconsultantes».

Ese día confirman mediante tomografía de cráneo, el deterioro neurológico de Vanesa. Aun así a las 11:47 del día le retiran las compresas del empaquetamiento y le practican una histerectomía. Los médicos que la intervienen son el director del Materno Infantil José Rojas Serrato, Óscar López (también de ese hospital), José Mayagoitia, del Hospital General, y el ginecólogo que se dijo «ajeno» al Hospital General Juan Carlos Martínez Noriega, quien es hijo de la líder sindical de los trabajadores de salud Virginia Noriega, y quien está adscrito a ese nosocomio pero comisionado al sindicato para que pueda ejercer la medicina privada.

Retiran un litro de sangre de la cavidad abdominal, identifican el útero expandido de aproximadamente 30 por 35 centímetros, lo extraen y anotan pronóstico grave.

El reporte de la una de la mañana del 27 de mayo apunta que la paciente presenta entre otras cosas, síndrome post-paro cardiorespiratorio prolongado, falla renal, histerectomía obstétrica con sangrado de 2.6 litros, falla orgánica múltiple, y evento vascular isquémico agudo en ambos hemisferios cerebrales (infarto cerebral).

Poco después de las 7 de la mañana se elabora otro reporte al que se le añaden más condiciones negativas de su estado de salud. En un documento anexado al expediente correspondiente a las 10 de la mañana, señalan que continuan las transfusiones (tuvo más de 60 entre plasma, plaquetas y otros) y que tiene un 95 por ciento de mortalidad en su condición actual.

El día 28 el expediente expone que los diagnósticos son insuficiencia renal aguda postparto, hemorragia postparto, otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, parto y puerperio, infarto cerebral, infarto del hígado y neumotórax (condición médica donde hay aire en el espacio pleural, la zona entre el pulmón y la pared torácica, causando que el pulmón se colapse parcial o totalmente). Anotan un 98 por ciento de probabilidad de muerte.

Finalmente Vanesa fallece a las 4 de la tarde del 28 de mayo.

El informe de patología.

Un ginecólogo consultado sobre lo asentado por el informe de patología, opinó que la descripción es sumamente escueta y pudo haber dado más detalles sobre las condiciones del útero de Vanesa.

Fuentes del Hospital General informaron que el patólogo fue cambiado hace pocos días. Un nuevo especialista entró en el lugar de Tupac Pérez Medina, lo que resulta extraño, pues éste es personal basificado y es el único de ese nosocomio.

También comentaron que la atención extraordinaria del director del Materno Infantil y su equipo, quienes fueron a operar al Hospital General, solo se debe a la amistad entre Virginia Noriega y el doctor Rojas Serrato. Igual de extraordinaria resulta la reunión que tuvieron tanto el director y subdirectora del Hospital General, el jefe de cirugía, el jefe de terapia intensiva y la nefróloga que atendió a Vanesa, con su esposo Yair, a quien convencieron con sus explicaciones que la condición de su mujer era una complicación que no pudo haber sido prevista.

Yair comentó que ha recibido comentarios de personal que atendió a su esposa sobre los motivos de la histerectomía, en el sentido de que si ya no había realmente nada que se pudiera hacer por salvar su vida, esa intervención en las graves condiciones en las que ya estaba, habría sido para desaparecer las evidencias de una negligencia médica.

La semana pasada, la familia de Vanesa ya fue a denunciar el caso ante la Fiscalía General del Estado, quien aseguró ayer que continua las investigaciones, que ha dispuesto ya varias diligencias para integrar el caso, y que no descarta realizar un examen toxicológico al ginecólogo que hizo la cesárea.

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Estatal

Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios

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Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.

La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.

También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.

La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.

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Estatal

El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto

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El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

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Mexicali

Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes

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Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.

De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.

Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.

Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.

El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.

Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.

Por su parte, la Secretaría de Educación, a través de ficha informativa, dijo que ya se está atendiendo el tema, y se enviaron las claves vacantes que había para asignación de DISICAMM.

«Así también, se validó para cubrir de manera interina, al docente que se encuentra en protocolo en la secundaria (el profesor que está a disposición)», precisaron.

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