Un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y un hombre armado dejó como saldo un agente lesionado y el presunto agresor sin vida, durante un operativo realizado en la colonia Fundadores la tarde de este jueves.

De acuerdo con información de las autoridades, los hechos se registraron luego de que elementos estatales fueran agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que se desplegó un operativo de las Fuerzas de Coordinación Institucional en el sector.

Durante la intervención, uno de los agentes resultó herido; sin embargo, se informó que se encuentra fuera de peligro.

El presunto responsable se refugió en un domicilio de la colonia, desde donde continuó realizando detonaciones, hasta que fue abatido por las fuerzas de seguridad.

La zona permanece bajo resguardo mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias de la agresión.

Este jueves, agricultores encabezados por el presidente del Sistema Producto Trigo acudieron al Congreso para presentar ante los diputados de la Comisión de Agricultura un documento en el que exponen las principales dificultades que enfrenta el sector agrícola, particularmente por la falta de apoyos gubernamentales.

Horacio Gómez señaló que existe preocupación entre los productores, debido a que se aproxima el inicio de la siembra del siguiente ciclo agrícola y todavía no se han dispersado los recursos federales pendientes del ciclo anterior, tanto para quienes cultivan trigo cristalino como para los dedicados al trigo panificable.

Reconoció que los diputados locales no cuentan con atribuciones directas para resolver este tipo de demandas; sin embargo, consideró que pueden intervenir como enlace para hacer llegar la situación a los legisladores federales y solicitar su atención.

Explicó que uno de los principales problemas es el bajo precio del grano, que continúa sujeto a referencias de la Bolsa de Chicago, un esquema que, consideró, no corresponde a las condiciones reales de los productores de la región.

Gómez, además, cuestionó la falta de presencia de los diputados federales en Baja California, al señalar la importancia de que conozcan de primera mano las necesidades de los productores y den seguimiento a los pendientes que afectan la actividad agrícola en la entidad.

Advirtió que los productores no se retirarán del recinto legislativo hasta contar con una fecha y hora definidas para entablar una mesa de diálogo con la comisión, pues aseguró que la situación ya no puede seguir postergándose.

Para finalizar, Horacio Gómez insistió en que los productores necesitan condiciones que les permitan continuar sembrando y cosechando sin que los bajos precios, los adeudos y la insuficiencia de apoyos pongan en riesgo la viabilidad de sus unidades de producción.

El diputado local del PRI, Adrián Humberto Valle Ballesteros, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California y tipificar como delito la creación, manipulación o difusión de contenido sexual mediante herramientas de inteligencia artificial (IA), cuando se atribuya a una persona sin su consentimiento.

El legislador explicó que la propuesta busca establecer consecuencias jurídicas para quienes utilicen estas tecnologías de manera dolosa para vulnerar derechos de terceros, particularmente la intimidad y la dignidad de las personas.

Valle Ballesteros aclaró que la iniciativa no pretende limitar la libertad de expresión ni el desarrollo o uso legítimo de la inteligencia artificial, sino sancionar aquellas conductas en las que estas herramientas sean utilizadas para generar o divulgar material sexual sin autorización de la persona involucrada.

Señaló que el desarrollo tecnológico ha generado nuevas formas de agresión que requieren una respuesta del Estado, por lo que consideró necesario actualizar el marco jurídico para prevenir, investigar y sancionar este tipo de prácticas.

La propuesta contempla incorporar estas conductas al Código Penal estatal, dentro de las facultades que corresponden a Baja California, con el propósito de evitar vacíos legales y garantizar que la protección de la intimidad y la dignidad no dependa de la tecnología utilizada para cometer la agresión.