De acuerdo con un informe sobre la propiedad en San Diego, presuntamente ligada a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, subraya «múltiples indicadores de riesgo en los ámbitos fiscal, financiero y político. La falta de congruencia entre el perfil de la empresa y la magnitud de la operación… sugiere la posibilidad de una operación con fines de ocultamiento patrimonial, blanqueo de capitales o evasión fiscal transnacional».

La empresa INTL Builders Inc., constituida en California y registrada oficialmente como una compañía dedicada a la venta al mayoreo de persianas, adquirió un inmueble de lujo en San Diego por un monto de 3.99 millones de dólares, significativamente superior a su valor fiscal oficial de 2.92 millones, dice el documento. «No se identificaron rastros de financiamiento bancario, hipoteca o líneas de crédito, lo cual, combinado con la inactividad comercial de la empresa adquiriente y la falta de presencia operativa, constituye una operación con múltiples indicadores de alerta para fiscalización y análisis patrimonial», agrega.

A pesar de que la única liga entre el inmueble y la mandataria estatal es una fotografía dentro de esa casa, no existe una vinculación legal o financiera declarada entre ellos y la entidad compradora.

El informe, con fecha de hoy 25 de mayo, especifica que se trata de un análisis hecho sobre la empresa INTL Builders Inc., sobre la posesión de la propiedad ubicada en el número 7910 Nathaniel Court, San Diego, CA 92127, Estados Unidos, adquirida con un un sobreprecio de 1 millón 069 mil 500 dólares. Fue construida en 2006 y tiene 4 mil 755 pies cuadrados de construcción en un terreno de 0.6 acres.

El modo de adquisición fue por cesión de derechos, con pago al contado y sin hipoteca registrada. La fecha de compra fue el 15 de septiembre de 2023; la fecha de registro el 25 de octubre de 2023 y se puso a la venta en marzo de 2025. La lujosa propiedad paga un impuesto anual de casi 38 mil 500 dólares. El estado actual del inmueble es inactivo, sin uso habitacional y sin arrendamiento registrado.

Sobre INTL Builders INC. el informe señala que tiene el número de registro C3838898; que la fecha de constitución es octubre 2015 y la actividad registrada es venta de persianas al mayoreo.

Sobre su presencia comercial, no se encuentra listada entre las empresas del sector en California ni en San Diego, de acuerdo con el sitio manta.com y tampoco tiene presencia en redes sociales. El domicilio fiscal registrado es 805 Bowsprit Rd., Chula Vista, CA 91914 y las personas asociadas a esa empresa son Anakaren Sánchez Rodríguez y Fernando Salgado.

El documento informa que ese domicilio fiscal es compartido con más de 480 empresas adicionales, lo cual sugiere la utilización de una dirección proxy común en corporaciones sin actividad visible.

Los elementos de riesgo identificados, son en primer lugar, un sobreprecio significativo, ya que se pagó más de un millón de dólares por arriba del valor fiscal. En segundo lugar, destacan la ausencia de financiamiento, ya que no existen registros de préstamos hipotecarios o financiamiento bancario. La transacción fue realizada al contado, sin transferencia bancaria identificable en registros públicos.

En tercer lugar, está la inactividad del inmueble, ya que desde su adquisición en septiembre de 2023 hasta la fecha de listado en venta, en marzo de 2025, no hay registros de ocupación, arrendamiento, licencias de uso, o modificaciones que indiquen uso habitacional o comercial.

En cuarto lugar está la conectividad indirecta a una funcionaria pública, ya que existe evidencia fotográfica de la presencia de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y su familia al interior del inmueble. «Si bien no figura como propietaria legal ni como socia de INTL Builders, la evidencia sugiere un uso de facto», precisa el informe.

En quinto lugar está una estructura corporativa opaca: INTL Builders Inc. no posee sede operativa visible, no tiene empleados identificables ni historial fiscal público. Está domiciliada en una dirección con alta concentración de registros societarios, lo cual es consistente con vehículos corporativos de fachada.

Como último punto, el análisis apunta que la propiedad fue puesta en venta dos meses antes de la revocación de visas de Marina del Pilar y su esposo por parte de autoridades estadounidenses, lo que puede indicar movimientos preventivos ante una posible acción jurídica o fiscal.

El documento incluye un análisis comparativo del mercado, y subraya que residencias de características similares presentan valores promedio de entre 1.6 y 2.5 millones de dólares, así que la transacción por casi 4 millones, representa una diferencia anómala de hasta 150 por ciento sobre el rango bajo del mercado. Es la casa más cara de las mostradas en la fotografía de satélite, cuya fuente es la inmobiliaria que la vende.

Las implicaciones fiscales y jurídicas potenciales, según el análisis, es que la compra podría caer bajo los supuestos de “cash transactions with no traceable source,” lo cual activa monitoreo por posibles actividades de lavado de dinero (AML – Anti-Money Laundering).

Para México (Unidad de Inteligencia Financiera, Sistema de Administración Tributaria, Fiscalía Genereal de la República), si se comprobara la participación indirecta de una funcionaria pública en una propiedad adquirida con fondos de origen no acreditado, fuera del país, podría configurar enriquecimiento ilícito o triangulación fiscal internacional.

Entre las recomendaciones que señala el informe, pone en primer lugar la realización de una auditoría fiscal a INTL Builders INC, por parte de autoridades de Estados Unidos, y la verificación de origen de los fondos mediante solicitud internacional a través de mecanismos de cooperación UIF-FinCen. Además de una investigación a las empresas domiciliadas en el 805 Bowsprit Rd. para identificar posibles estructuras de lavado o evasión.

También recomienda una revisión patrimonial al matrimonio Torres-Avila por parte de la Secretaría de la Función Pública y la UIF, para descartar su implicación.

Finalmente, el documento concluye que la adquisición de la propiedad en Nathaniel Court por parte de INTL Builders Inc. presenta múltiples indicadores de riesgo en los ámbitos fiscal, financiero y político. La falta de congruencia entre el perfil de la empresa y la magnitud de la operación, sumado a la presencia de una figura pública en el interior del inmueble, sugiere la posibilidad de una operación con fines de ocultamiento patrimonial, blanqueo de capitales o evasión fiscal transnacional.