El exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, criticó el deterioro de las instituciones públicas durante los gobiernos de Morena y señaló al organismo electoral como uno de los ejemplos de lo que considera un proceso de debilitamiento institucional.

Durante su participación este jueves en la conferencia del partido político “Somos” en esta capital, Jacobo Molina sostuvo que el país atraviesa un momento importante para su vida democrática y afirmó que las decisiones del bloque gobernante han afectado instituciones que durante décadas se construyeron para garantizar el equilibrio democrático.

El exfuncionario electoral cuestionó que el movimiento que llegó al poder en 2018, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, haya impulsado cambios que, desde su perspectiva, redujeron las condiciones de competencia política y permitieron concentrar el poder en distintas instituciones.

Señaló particularmente la integración de las autoridades electorales, la sobrerrepresentación legislativa y las reformas constitucionales, además de acusar que el Poder Judicial fue politizado.

Jacobo Molina también cuestionó que se haya utilizado el prestigio de las instituciones para realizar nombramientos sin tomar en cuenta el consenso de sus integrantes, particularmente en el caso del INE, donde consideró que se ha desplazado la toma de decisiones colegiadas.

Recordó que trabajó durante casi 15 años en el organismo electoral y que, cuando llegó en 2008, recibió una institución con una sólida trayectoria y reconocimiento público. Sobre las acusaciones de corrupción sobre su desempeño en el INE, que empezaron a publicarse desde ayer en las redes sociales desde perfiles de izquierda, respondió que espera que presenten pruebas y recordó que ya les hicieron numerosas auditorías sin encontrar ninguna evidencia de malos manejos.

Sobre el caso de Guadalupe Taddei, quien salió del INE ante señalamientos de corrupción, opinó que es algo que no se puede ocultar más y que es “el colmo”. Reprobó la imposición de funcionarios sin el consenso de sus pares y por eso las consecuencias están a la vista.

El exfuncionario forma parte de la dirigencia de Somos México, organización política que participa en la construcción de una nueva alternativa partidista y que busca posicionarse en el escenario político nacional.

El dirigente estatal, Raúl Vera Rodríguez, y el líder municipal de la capital, Gerardo Rodríguez Ruiz, expusieron que este nuevo instituto político busca ser la voz ciudadana que dejaron de lado los demás partidos, y lograr motivar a los votantes a que salgan a ejercer su obligación democrática del voto y dejar de ser la entidad federativa con mayor abstencionismo del país.

Francisco Javier Aguilar Valdez fue el primer trabajador del estado citado por la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), acusado de dividir a la organización.

El empleado, originario de Tijuana, es señalado junto con otros cuatro sindicalizados por haber recabado firmas que piden una asamblea extraordinaria de rendición de cuentas, así como la dimisión del líder nacional Rafael Olivos Hernández.

También una trabajadora de Mexicali estaba citada hoy para responder a las acusaciones del sindicato.

El líder estatal del SNTSS, César Eduardo González Rocha, está acosando a los trabajores que manifiestan su inconformidad y causándoles actos de molestia, acusan los señalados.

Rubén Hernández González, enfermero especialista de la Clínica 18 de Tijuana, acudió hoy a recoger el expediente de su acusación, para poder mañana -día de du cita- defenderse de las acusaciones.

«Yo tengo cita el día de mañana a las 10 de la mañana… no sé específicamente qué es lo que tienen contra mí, qué pruebas tienen contra mí, ya que cuando me dieron el documento no viene donde especifica qué día, qué hora o qué acto hice indebido», indicó.

Hernández Gonzalez dijo que una compañería de Mexicali acudió al sindicato ayer a recoger du expediente, pero no se lo entregaron porque supuestamente no estaba el documento.

«Entonces mis compañeros vienen ahorita sin forma de defenderse porque el documento no estuvo con anterioridad… ahorita vienen a ciegas, no saben qué pruebas tienen en contra de ellos», subrayó.

Mañana se realizarán marchas en todo el país donde entregarán las firmas recabadas para pedir la destitución del líder nacional, solicitar rendición de cuentas ante las sospechas de irregularidades y protestar por la «ley mordaza», que impide a los trabajadores hacer pública cualquier inconformidad o situación dentro de las instaciones que dañe la reputación de la institución.

Margarita de Sánchez publicó una carta de apoyo de parte de militantes del PAN, entre los que están finísimos miembros de ese instituto político como Francisco «Kiko» Vega, Loreto Quintero, Rubén Alanís y otros.

La carta va dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Romero Herrera y a la líder estatal del partido, Lizbeth Mata Lozano,

En el documento, los firmantes señalan que Margarita Flores de Sánchez se encuentra registrada desde el 19 de junio de 2026 para la Coordinación Estatal de Patria, Familia y Libertad, por lo que al momento de la entrega del escrito han transcurrido 131 días desde su registro.

Esto parece ser, mas que una carta de apoyo, una petición de inclusión, como si le hubieran dicho que ya «la bajaron», pero a la vez es una sutil pedrada a Verónica Ruffo, al mencionar que el respaldo surge de manera libre, responsable y anticipada, y no de una “circunstancia momentánea” (¿Cómo la de la Ruffo?).

El documento subraya que este respaldo no busca sustituir los mecanismos institucionales del PAN, sino hacer del conocimiento de la dirigencia nacional que existe una expresión organizada de militantes y ciudadanos que ha decidido acompañar el proyecto de Margarita Flores de Sánchez.

Lo curioso es que en algunos chats de Whatsapp de los panistas hubo caras de sorpresa al ver sus nombres en esa lista, sin que les hubieran pedido su autorización.

Y la presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón, no se anduvo por las ramas y le pidió a Manuel Guerrero, el compadre de la gober, que vaya a ese puerto a atender las previsiones necesarias antes de otras lluvias para no repetir las tragedias de hace unas semanas por el paso de Rachel.

Manuel Guerrero puede seguir haciéndose pato, pero el colectivo Diamantina Rosa acaba de interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República ante quien resulte responsable incluyendo a personas servidoras públicas de Conagua, que en el ámbito de sus atribuciones pudieran haber incurrido en acciones y omisiones relacionadas con la prevención, vigilancia, mantenimiento, desazolve, limpieza, inspección o atención de los cauces de arroyos y zonas federales que pudieran representar un riesgo para la población de Ensenada.

El funcionario y recién casado, no se da por enterado de los oficios entregados por el Ayuntamiento, no contesta escritos, no contesta llamadas ni atiende las mesas de trabajo, y recordemos que Ensenada tiene 16 arroyos y 1 presa con invasiones, pero como la relación no es tan buena entre estado y ayuntamiento, pues parece que la instrucción es no atenderlo.

Y a propósito de inconscientes, al doctor Miguel Bernardo Romero Flores, no le importaron las advertencias sobre Rachel; él señor se fue a festejar su cumpleaños al otro extremo del país mientras el Hospital General de Ensenada se inundaba.

No tomó las precauciones necesarias, mínimo poner sacos de arena para bloquear las entrada de agua. Le valió un reverendo cacahuate. Y después del desastre tampoco vino corriendo a solucionar, solo se acercó a Ensenada cuando la gobernadora decidió hacer ahí la conferencia mañanera hace unas semanas.

Entre la agenda propuesta para este día estaba visitar el hospital dañado, pero el vicegobernador Ariel seguro lo sacó del programa y prefirió llevar a Marina del Pilar a las colonias fraccionadas y vendidas irresponsablemente por el INDIVI, cuestión que le reclamaron los colonos.

Y finalmente, sobre el asunto de la maestría de Julieta Ramírez, pues resulta que su abogado, José Estrella Castro, es esposo de Reyna Terán Félix. ¿Y quién es esta Reyna? pues fue la directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC y su tutora de proyecto de estudio de caso de su maestría, el cual no parece por cierto, en el sistema del catálogo Cimarrón, del sistema de Bibliotecas de la UABC, como sí aparecen los de sus compañeros.

Tanta chanza le dieron, que le permitieron recursar con clases a distancia la materia que reprobó por inasistencias: Seminario de estudio de caso, donde Reyna se autoasigna de tutora a su amiga Julieta, a quien ya conocía desde que trabajaban juntas en los comedores comunitarios.