Protegen autoridades despojo familiar del Hotel El Cortés en San Felipe
Un problema entre la familia heredera del popular hotel El Cortez en San Felipe, inició un caso legal que advierten los afectados, es beneficiado por el Ministerio Público, la Secretaría e Trabajo y Previsión Social y la Fiscalía General del Estado.
Juan Pablo Leyva Rodríguez, presidente del Consejo de Administración de la empresa Impulsora Turística Rodríguez, administradora del hotel, dijo que los delitos involucrados en el caso son despojo, fraude procesal, administración fraudulenta y robo con violencia, y a uno de los acusados, Javier Alejandro Rodríguez Romero, por el delito de falsedad de declaraciones.
Recordó que el día 23 de septiembre del año 2005, tres de los hijos de la señora María Estela Romero Rodríguez tomaron violentamente el hotel, fundado por Juan Nepomuceno Rodríguez Mérida, quien al fallecer estipuló que los cinco hijos y su viuda cobraran 5 mil dólares cada mes.
En enero del año 2005 dejaron de gozar del recurso estipulado la señora Romero Rodríguez y dos de sus hijos, por lo que presentaron una denuncia en 2008.
Tres de los hijos tomaron por asalto el hotel, pusieron guardias y no dejaron entrar a su mamá ni a sus otros dos hermanos. De la denuncia del 2008, se determinó en 2014 como como responsable de los delitos a Alejandro, Jorge y Juan Jesús Rodríguez Romero, por despojo, fraude procesal, administración fraudulenta y robo con violencia, y a Javier Alejandro por el delito de falsedad en las declaraciones, informó.
Incluso el Ministerio Público turnó al Poder Judicial la solicitud de órdenes de aprehensión contra los tres hijos, las cuales no se pudieron librar porque a partir de que perdieron el juicio mercantil, realizaron otra asamblea donde le revocan el nombramiento como presidente del Consejo de Administración, situación que se resolvió años después por el segundo tribunal colegiado de circuito.
Impulsora turística Rodríguez, en el año en que la última declaración anual que se hizo, que fue del 2004, facturaba más de un millón de dólares al año por ocupación hotelera, apuntó el presidente del Consejo de Administración.
El 2015 los hijos obligaron a su madre a llegar a un acuerdo, dividieron el hotel y le dejaron exclusivamente el restaurante, resaltó. “Cabe señalar que todos estos artificios legales han sido diseñados básicamente por tres abogados muy connotados de aquí de Mexicali, Heberto Garrido Limón, Luis Antonio Garrido Limón y José Luis Díaz Rodríguez. Son los artífices de todas estas maquinaciones para estar sustrayendo el dinero que produce el hotel El Cortez en San Felipe, opinó.

Por eso, Leyva Rodríguez presentó una denuncia contra los tres abogados y contra tres de los hijos, que se radicó aquí en la Fiscalía del Estado, pero los agentes del Ministerio Público David Ricardo García Hernández y la licenciada Jessica Yesenia Mesa Ochoa se han obstinado, consideró, en no valorar bien las pruebas que se han aportado y han determinado concentrarse exclusivamente en el delito de administración fraudulenta.
“Pasan por alto una serie de pruebas que están en la carpeta de investigación, entre ellas para poder sustraer todavía más los recursos del hotel declararon una huelga insubsistente donde contaron con la complicidad de las autoridades, en este caso de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de tal suerte que eso lo ofrecí yo como prueba dentro de esta nueva denuncia. Esta es la información que manda la licenciada Zulma Nidia Martínez Beltrán, presidente de la local conciliación y arbitraje de Mexicali”, declaró.
Los hijos que se quedaron con el hotel declararon una huelga que no existe, donde se prestó el Sindicato de la CROC para simular esa huelga y el presidente de la Junta de Conciliación (8:57) y Arbitraje, con documentos que obran en la carpeta de investigación, hizo oficios para el SAT federal, el Seguro Social, Recaudación de Rentas del Estado e Infonavit diciéndole que la empresa está en huelga,
Por todos estos hechos hay un delito contra la Administración Tributaria, simulación y hay fraude procesal, sin embargo, los agentes del Ministerio Público pasan por alto el análisis de todas las pruebas para proteger aquí a los denunciados, expresó el denunciante.
El caso se definirá en la próxima audiencia, este 11 de junio a las 10 de la mañana en la Sala 5, donde se va a determinar si el litigio sigue o van a proteger a los denunciados, tanto a los jóvenes Rodríguez como los abogados, subrayó.
“Aunque es un asunto privado de una empresa, de una familia y aparentemente no tiene repercusiones de interés para la sociedad, yo creo que sí, porque si vemos la injusticia, la criminalidad y todo lo que hay, sobre todo en la incompetencia de los órganos de procuración y administración de justicia, pues es un tema que compete a toda la sociedad”, dijo
Leyva Rodríguez comentó que pidió una audiencia con la gobernadora, la cual le fue negada, siendo dirigido con el Secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, quien no quiso intervenir, lo que protege los intereses de los denunciados.
Estatal
Capturan a presunto integrante de “Los Rusos” en plaza comercial de Mexicali
La noche del domingo se llevó a cabo un operativo que culminó con la detención de Israel “N”, alias “El Isra”, presunto integrante del grupo delictivo de “Los Rusos”, que opera en el Valle de Mexicali.
La detención se realizó en un restaurante ubicado en una plaza comercial sobre el bulevar López Mateos, en un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
La mañana de este lunes, la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que Israel “N” era uno de los principales objetivos de las autoridades tanto en Baja California como en Sonora, entidad donde cuenta con una orden de aprehensión, motivo por el cual fue trasladado a dicho estado.
Andrade Ramírez señaló que el presunto delincuente operaba libremente entre ambas entidades, en cuanto a los delitos que se le atribuyen en Baja California, indicó que se encuentran la desaparición de personas, homicidios y otros que pudieran resultar de las investigaciones.
La fiscal precisó que actualmente Israel “N” permanece detenido en Sonora; sin embargo, esto no significa que quede exento de enfrentar la justicia por los crímenes presuntamente cometidos en Baja California, explicó que los procesos legales en ambas entidades pueden avanzar a la par, aunque reconoció que las autoridades aún analizan la estrategia jurídica más conveniente para proceder en su contra.
Estatal
Defiende Medina su trabajo en salud y da a conocer aspiraciones a diputación federal
El exsecretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, habló en atención a medios, sobre su salida del cargo, y su adhesión al movimiento de la Cuarta Transformación para ir a la búsqueda de la candidatura al primer distrito federal.
Defendió el trabajo realizado durante cinco años en salud y atribuyó gran parte de los problemas actuales de abasto y atención a deficiencias del esquema IMSS-Bienestar. Reconoció haber sido el asesor principal en salud de la gobernadora y haber impulsado ese modelo de atención.
Medina Amarillas declaró que el 5 de marzo formalizó su decisión de sumarse al movimiento, tras un acuerdo con su familia, la gobernadora y personas cercanas. Destacó el orgullo de haber colaborado en un gobierno emanado de la Cuarta Transformación y explicó que esa experiencia lo convenció de que un «gobierno cercano a la gente, especialmente a los sectores más vulnerables, deja huella y genera impacto real».
El 17 de agosto se separó del cargo de secretario y reconoció que la decisión no fue sencilla. Afirmó que no fue un “secretario de escritorio”, sino de territorio, y que desde el inicio enfrentó pronósticos negativos de que no duraría mucho en el cargo.
Sobre la crítica de que en el pasado había mejor abasto de medicinas e insumos y que los estados que no se sumaron al sistema federalizado están en mejores condiciones, Medina Amarillas aseguró que su administración se ocupó de compensar el desabasto para mantener los servicios esenciales en hospitales generales y centros de salud.
Señaló que el IMSS-Bienestar es una entidad 100 por ciento federal que no permite participación estatal y que los problemas de Baja California en salud se deben, en su opinión, a que el IMSS “no ha podido brindarles a los derechohabientes la atención que se merecen”.
Destacó inversiones como la conclusión del Hospital General de Tijuana (zona este), la ampliación del Hospital Maternal Infantil de Tijuana y la construcción del Hospital Comunitario de San Felipe. Sin embargo, admitió que “ha faltado consistencia en la cobertura integral de todo” y que esa es la raíz del problema.
Insistió en que no niega responsabilidades y que se ha invertido de manera importante para contener la situación, aunque advirtió que sin pasos anticipados y rápidos el escenario podría complicarse.
Como ejemplo de resultados en salud pública, citó la epidemia de sarampión del año pasado: mientras Chihuahua y Jalisco concentraron más casos y muertes, Baja California no registró ningún deceso y logró un cerco epidemiológico temprano que evitó la expansión comunitaria, gracias —dijo— al trabajo intensivo en programas de salud pública.
Medina Amarillas invitó a quienes lo responsabilizan de las carencias actuales a reflexionar, recordando que 24 estados gobernados por el partido en el poder apostaron por el modelo federal y que no es del todo cierto que a los estados que no se sumaron les haya ido mejor en todos los rubros.
Estatal
Trabajadores del IMSS marchan en rechazo al aumento salarial del 8%
La tarde del miércoles, trabajadores de la salud pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon desde el bulevar Justo Sierra hasta las instalaciones de la delegación del instituto, ubicadas sobre la calzada Aviación, para manifestar su rechazo a la propuesta de incremento salarial del 8%, exigir mejores condiciones laborales y visibilizar el desabasto de medicamentos e insumos.
Bajo la consigna “No hay torundas, no hay alcohol, solo pura corrupción”, médicos y enfermeras exigieron ser escuchados por las autoridades del instituto.
Al llegar a las instalaciones de la delegación del IMSS, los trabajadores solicitaron entablar un diálogo con la delegada, Desirée Sagarnaga; sin embargo, se les impidió el acceso a las oficinas luego de que un guardia de seguridad cerrara las puertas.
Pese a que los manifestantes utilizaron un altavoz para exigir la presencia de la delegada, esta no salió a recibirlos y ante la falta de respuesta, los trabajadores decidieron dar por concluida la manifestación.
Por la mañana del miércoles durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que se ofreció a los trabajadores un incremento del 8%, del cual el 4% se destinaría al salario y el 4% restante a vivienda, esto representa dos puntos porcentuales menos de lo que solicitan los manifestantes, quienes buscan un aumento del 10%.
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