Con una marcha pacífica que recorrió las principales vialidades de la capital bajacaliforniana, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) alzaron la voz este lunes para exigir al Gobierno Federal una atención real y urgente ante la grave crisis de inseguridad, extorsiones y trámites excesivos que azotan al transporte de carga en todo el país por parte tanto del crimen organizado como de las propias autoridades.

La movilización dio inicio en la intersección de la Calle Novena y la zona del Aeropuerto, avanzando por la calzada Abelardo L. Rodríguez, el frente de la Aduana, Periférico, Lázaro Cárdenas, Río Nuevo, Anáhuac e Independencia —pasando frente a Palacio de Gobierno— para concluir en el asta bandera del Bosque de la Ciudad.

El presidente del organismo empresarial en Mexicali, Ismael Reyes de la Rosa, enfatizó que esta protesta no buscó paralizar la ciudad, sino lanzar un primer aviso de alerta a las autoridades nacionales antes de que la situación derive en medidas de mayor presión.

Al ser cuestionado sobre las causas de la manifestación, el líder del autotransporte enfatizó que el sector atraviesa por momentos críticos en las carreteras de México, padeciendo homicidios de choferes, desapariciones, robo de mercancías y extorsiones constantes.

«Las extorsiones vienen de todos lados: del crimen organizado y de dependencias gubernamentales en los retenes de todo el país. Cada vez son más los requisitos que nos inventan y cualquier situación se presta para la extorsión», denunció.

Asimismo, criticó la severa tramitología y los abusos en los servicios de grúas y corralones federales. Ejemplificó que, ante un percance menor en entidades distantes como Chiapas, se exige la presencia física del representante legal o dueño de la empresa para liberar las unidades, lo que genera costos catastróficos y pérdidas operativas.

Respecto a la situación local en Baja California, la representación de Canacar reconoció que los índices delictivos contra el sector en la entidad —y particularmente en Mexicali— son significativamente menores en comparación con el resto del país, destacando una buena comunicación con las autoridades municipales y estatales.

No obstante, Reyes de la Rosa precisó que se registran de dos a cuatro robos o incidentes al año en tramos críticos y con nula presencia policial, tales como en el libramiento que conecta San Luis Río Colorado con Tijuana; en  los accesos de entrada a San Luis Río Colorado y en el tramo carretero entre El Hongo y Tecate.

Ante los señalamientos de autoridades estatales sobre si la protesta responde a un trasfondo político o tarifario, la dirigencia descartó rotundamente cualquier interés partidista, recordando que la Canacar históricamente ha apostado por la vía institucional, a diferencia de otras agrupaciones del ramo.

La Canacar advirtió que la movilización en Mexicali se replicó simultáneamente en la mayoría de las ciudades y estados de la República, representando un primer paso escalonado dentro de un plan de acción nacional.

«Ya no queremos más mesas de diálogo o de trabajo que se extienden por meses y años sin dar resultados. Vemos cómo otras leyes las aprueban de la noche a la mañana, pero lo que urge al transporte no lo atienden. Queremos un diálogo de nuestra presidencia nacional con alguien capacitado para resolver. El plazo es indefinido; la respuesta la tiene el Gobierno», concluyó el presidente de Canacar.

La noche del domingo se llevó a cabo un operativo que culminó con la detención de Israel “N”, alias “El Isra”, presunto integrante del grupo delictivo de “Los Rusos”, que opera en el Valle de Mexicali.

La detención se realizó en un restaurante ubicado en una plaza comercial sobre el bulevar López Mateos, en un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

La mañana de este lunes, la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que Israel “N” era uno de los principales objetivos de las autoridades tanto en Baja California como en Sonora, entidad donde cuenta con una orden de aprehensión, motivo por el cual fue trasladado a dicho estado.

Andrade Ramírez señaló que el presunto delincuente operaba libremente entre ambas entidades, en cuanto a los delitos que se le atribuyen en Baja California, indicó que se encuentran la desaparición de personas, homicidios y otros que pudieran resultar de las investigaciones.

La fiscal precisó que actualmente Israel “N” permanece detenido en Sonora; sin embargo, esto no significa que quede exento de enfrentar la justicia por los crímenes presuntamente cometidos en Baja California, explicó que los procesos legales en ambas entidades pueden avanzar a la par, aunque reconoció que las autoridades aún analizan la estrategia jurídica más conveniente para proceder en su contra.

El exsecretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, habló en atención a medios, sobre su salida del cargo, y su adhesión al movimiento de la Cuarta Transformación para ir a la búsqueda de la candidatura al primer distrito federal.

Defendió el trabajo realizado durante cinco años en salud y atribuyó gran parte de los problemas actuales de abasto y atención a deficiencias del esquema IMSS-Bienestar. Reconoció haber sido el asesor principal en salud de la gobernadora y haber impulsado ese modelo de atención.

Medina Amarillas declaró que el 5 de marzo formalizó su decisión de sumarse al movimiento, tras un acuerdo con su familia, la gobernadora y personas cercanas. Destacó el orgullo de haber colaborado en un gobierno emanado de la Cuarta Transformación y explicó que esa experiencia lo convenció de que un «gobierno cercano a la gente, especialmente a los sectores más vulnerables, deja huella y genera impacto real».

El 17 de agosto se separó del cargo de secretario y reconoció que la decisión no fue sencilla. Afirmó que no fue un “secretario de escritorio”, sino de territorio, y que desde el inicio enfrentó pronósticos negativos de que no duraría mucho en el cargo.

Sobre la crítica de que en el pasado había mejor abasto de medicinas e insumos y que los estados que no se sumaron al sistema federalizado están en mejores condiciones, Medina Amarillas aseguró que su administración se ocupó de compensar el desabasto para mantener los servicios esenciales en hospitales generales y centros de salud.

Señaló que el IMSS-Bienestar es una entidad 100  por ciento federal que no permite participación estatal y que los problemas de Baja California en salud se deben, en su opinión, a que el IMSS “no ha podido brindarles a los derechohabientes la atención que se merecen”.

Destacó inversiones como la conclusión del Hospital General de Tijuana (zona este), la ampliación del Hospital Maternal Infantil de Tijuana y la construcción del Hospital Comunitario de San Felipe. Sin embargo, admitió que “ha faltado consistencia en la cobertura integral de todo” y que esa es la raíz del problema.

Insistió en que no niega responsabilidades y que se ha invertido de manera importante para contener la situación, aunque advirtió que sin pasos anticipados y rápidos el escenario podría complicarse.

Como ejemplo de resultados en salud pública, citó la epidemia de sarampión del año pasado: mientras Chihuahua y Jalisco concentraron más casos y muertes, Baja California no registró ningún deceso y logró un cerco epidemiológico temprano que evitó la expansión comunitaria, gracias —dijo— al trabajo intensivo en programas de salud pública.

Medina Amarillas invitó a quienes lo responsabilizan de las carencias actuales a reflexionar, recordando que 24 estados gobernados por el partido en el poder apostaron por el modelo federal y que no es del todo cierto que a los estados que no se sumaron les haya ido mejor en todos los rubros.